sábado, 25 de septiembre de 2010
Liquidados, sin derecho a voto: Esparza
El nuevo proceso electoral en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se podría realizar en los primeros días de octubre, con el propósito de que los dirigentes electos tomen posesión la segunda semana de ese mes y, en las siguientes 72 horas, sean reconocidos por la autoridad laboral.
Lo anterior es el plan del grupo de electricistas encabezado por Martín Esparza, con el cual se intenta avanzar en la solución del conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada por el presidente Felipe Calderón ha-ce casi un año.
Planilla única
La estrategia cuenta con el aval de la Secretaría de Gobernación, según versión del SME.
Sin embargo, para dar este paso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá dar su visto bueno al proceso, es decir, tomarlo como la forma de dar cumplimiento a su laudo –emitido en diciembre pasado– con base en el cual se anuló el proceso y se ordenó reponer la elección.
Es una situación atípica, reconoció ayer Esparza, quien encabezaría una planilla única, toda vez que sus opositores –Alejandro Muñoz y su grupo– aceptaron ser liquidados y en esta posición de ex trabajadores de LFC son miembros en receso del SME, sin derecho a votar o ser votados.
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Plagados de irregularidades contratos entregados por CFE
Pusieron a LFC en manos de los más corruptos, acusa el SME.
Trasnacionales participan en los actos de corrupción, documentan.
Trasnacionales participan en los actos de corrupción, documentan.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciará nuevos litigios para combatir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido el 11 de octubre pasado. Con base en diversos análisis de este sindicato y de legisladores, los dirigentes expondrán al Congreso de la Unión las presuntas irregularidades administrativas y legales del decreto presidencial referido, el cual no fue antecedido por un dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), como lo estipula le ley, para garantizar que las normativas expedidas por el Ejecutivo no sean perjudiciales para la administración pública y los terceros interesados.
El SME agotará esta vía porque considera que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inapelable, pero sólo para lo que se refiere a la constitucionalidad del decreto de extinción, no así para los efectos legales y administrativos.
El SME argumentará, además, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha entregado contratos por adjudicación directa a unas 500 empresas nacionales y extranjeras con documentos
plagados de irregularidades, especialmente porque no se definen las funciones ni la prestación de bienes y servicios con base en los cuales se firman tales documentos, algunos de ellos millonarios.
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