sábado, 1 de octubre de 2016

Ministros y alta burocracia inmunes a la austeridad... Martín Esparza

25 septiembre 2016 | Martín Esparza Flores | Contralínea
El nuevo recorte presupuestal por 239 mil 700 millones de pesos que mantendrá intocables los privilegios de los altos funcionarios en los tres poderes públicos, pone de nuevo al descubierto la cada vez más acentuada e inequitativa distribución de la riqueza en el país. Mientras un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 ganará 6 millones 766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y compensaciones, un trabajador con salario mínimo de 73 pesos diarios tendría que laborar 300 años para juntar tal cantidad. La selecta casta de toga y birrete gana mensualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuando millones de mexicanos apenas y subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes; esto es, los ministros ganan 257 veces más que el grueso de la población, como sucede también con el resto de los miles de funcionarios, gobernadores, senadores y diputados, quienes se resisten a ser solidarios con los que menos tienen y se niegan a bajarse el sueldo a la mitad ahora que el país debe apretarse nuevamente el cinturón, pues como dicen allá en el rancho: “que se haga la voluntad de Dios –y la austeridad— en los bueyes de mi compadre”.

Rechazan en el Istmo nuevo proyecto eólico por beneficiar a empresas privadas

- Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (Apoyo) expresaron su rechazo a un nuevo proyecto de generación de energía eólica que se instalará en esa región, como resultado de la Segunda Subasta de Largo Plazo organizada por la Secretaría de Energía (Sener). Luego de señalar que con el proyecto “Gunaa Sicarú”, de la empresa Eólica de Oaxaca, se incrementa a 25 el número de parques eólicos instalados en aproximadamente 100 hectáreas de terrenos comunales y ejidales, Bettina Cruz Velásquez resaltó que hasta ahora los pueblos indígenas han sido ignorados en la instalación de estas plantas, violando acuerdos internacionales firmados por México –como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– y haciendo a un lado las recientes recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas también de la Organización de las Naciones Unidas.