Que el fracking provoque sismos ha sido evidenciado por un diluvio de reportes de publicaciones científicas de Estados Unidos (http://goo.gl/TD8tXD). Ahora toca el turno al agua de desperdiciodel fracking de ser colocada en la picota ciudadana. The New York Times (NYT), muy cercano a los Clinton, consagra un extenso reportaje a los sismos de Oklahoma vinculados al fracking y su
agua de desperdiciode la poderosa cuan inimputable industria gasera/petrolera de Estados Unidos (http://goo.gl/PUeKSS).
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De plano, lo prometido por Enrique Peña Nieto no se cumplirá. Las reformas estructurales que supuestamente llevarían a México a un crecimiento económico elevado, con empleos de calidad y salarios dignos, se quedarán en el puro discurso. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda, el PIB subirá este año sólo 3.2%. Y al sexenio no le queda tiempo para repuntar. Especialistas en economía hacen notar las mentiras con las que el gobierno quiere envolver a la ciudadanía, y advierten: pese al estancamiento hay una expansión del gasto público, presumiblemente con fines electorales.
Driscoll’s es la responsable de los bajos salarios que se paga a campesinos: FIOB
Validan informe de Juan Méndez, relator de Naciones Unidas contra este delito
El relator especial de la ONU Juan Méndez, quien ha recibido
numerosas muestras de solidaridad ante las descalificaciones personales
del gobierno de Peña Nieto, dice a Proceso que no se
equivocó al hablar de tortura generalizada en México; refiere que tuvo
presiones para no usar esa palabra y que no fueron 14 sino 107 los casos
documentados. Mientras algunos especialistas advierten que el aparato
oficial es renuente al escrutinio del exterior, otros señalan que si ese
informe se suma al de las desapariciones forzadas, ambos tendrán
repercusiones en el derecho internacional porque testimonian delitos
masivos de lesa humanidad.
El empresario consentido de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, no sólo ha ganado millones de pesos gracias a generosos contratos de obra pública. En lo que va del sexenio también quintuplicó los ingresos (hasta llegar a 67 millones de pesos) de su compañía de aerotaxis Eolo Plus, gracias a adjudicaciones directas firmadas sobre todo con organismos controlados por las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
El PRI teme perder la mayoría absoluta que construyó en la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas que se disputarán el 7 de junio, según revelan documentos internos de este partido. La culpa la tiene la pésima imagen de Enrique Peña Nieto; la alianza con el Partido Verde, cuyo dispendio mediático no reditúa lo proyectado, y las luchas intestinas. Ante ese panorama, el priismo ya no apuesta a sumar votos, sino a dividirlos entre sus oponentes. En Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, por ejemplo, ordenó apoyar al PRD para debilitar a Morena.
Con el respaldo absoluto de la administración de Miguel Ángel Mancera, 75 mil metros cuadrados de áreas públicas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca serán privatizadas para la construcción del nuevo estadio de los Diablos Rojos del México. La usura de la cual se beneficiarán Alfredo Harp Helú y su equipo profesional de beisbol se basa en un proceso ilegal sin contrato por escrito ni estudios de impacto ambiental y urbano, revelan distintas entidades del Gobierno del Distrito Federal y el propio director del Instituto del Deporte local, encargado de administrar el deportivo. A pesar de todo, el proyecto seguirá adelante y arrasará con una zona vital para la Ciudad de México, consideran defensores, especialistas y legisladores.
Tras la ola de asesinatos y secuestros de numerosos universitarios perpetrados por el crimen organizado en el noreste del país –Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, miles de estudiantes están emigrando a planteles de Estados Unidos o de otros estados de México. Mientras varias universidades de la región cierran campus temporal o definitivamente, integrantes del Cártel del Golfo y de Los Zetas ofrecen a las autoridades universitarias “blindaje” a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales.
Patricia Mayorga - Proceso