Paran construcción de una planta de Monsanto en provincia de Argentina
Tribunal de Córdoba exige a la trasnacional de EU un estudio de impacto ambiental
Vecinos y grupos sociales presentaron un amparo contra la empresa de maíz transgénico
Buenos Aires, 12 de enero.- Un tribunal de la provincia de Córdoba prohibió a la trasnacional Monsanto construir una planta en la localidad de Malvinas Argentinas, ante la larga resistencia de la población que presentó un pedido de amparo judicial por los daños ambientales que puede originar esta actividad.
Se ordenó a la empresa estadunidense paralizar la construcción de la planta en la población cordobesa, ubicada a unos 14 kilómetros de la capital provincial.
Monsanto deberá presentar un estudio de impacto ambiental, mientras los vecinos de Malvinas Argentinas, apoyados por diversos sectores sociales y académicos, han presentado sus propias investigaciones sobre esta temática.
El dictamen ordena al gobierno municipal abstenerse de emitir algún tipo de autorización a la empresa, hasta que se concluya un estudio sobre los efectos de la planta sobre el ambiente en la zona.
El recurso fue interpuesto por los vecinos y grupos ambientalistas ante la sala segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, contra una sentencia anterior que permitía a Monsanto iniciar las obras de su nueva planta de maíz (transgénico) en el municipio cordobés.
Ya habían comenzado los trabajos de construcción, no obstante la movilización popular en contra para impedir que se levantara una planta similar a la que existe en Rojas, provincia de Buenos Aires, y que está bajo la mirada de ambientalistas y vecinos, por los daños que se está ocasionando en la región.
Índices alarmantes de contaminación
Los denunciantes en Córdoba recuerdan el proceso legal que comenzaron en septiembre pasado contra la autorización municipal otorgada a esta “proveedora de productos químicos para la agricultura, en su mayoría herbicidas y transgénicos, entre ellos el glifosato bajo la marca Roundup y el maíz modificado genéticamente, conocido por el código Mon810”.
“Monsanto ha sido denunciada en muchos países del mundo debido los graves daños que genera en la salud y los impactos ambientales negativos al alterar la genética de los alimentos”, sostienen los denunciantes.
Un estudio realizado por el gobierno nacional “encontró índices alarmantes de contaminación en la tierra y en las fuentes de agua potable” en los lugares donde trabaja esta empresa, según informes de prensa.
“Un 80 por ciento de los niños que fueron examinados tenían rastros de pesticidas en la sangre. Monsanto, una de las corporaciones más detestadas por la comunidad de agricultores del mundo, se ha convertido a los ojos de muchos en el más fácilmente reconocible símbolo del control corporativo sobre los alimentos y la agricultura”, señala un informe de la Agencia de Noticias Paco Urondo.
Se recuerda también que esta compañía estadunidense estuvo involucrada “en la creación de la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial y operó una planta atómica en la década de los 80 para el gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, se analiza que con la creación del DDT en 1944, “un pesticida que después se prohibió en Hungría en 1968, Noruega y Suecia en 1970, Estados Unidos en 1972”, ya Monsanto había sido juzgada por esas situaciones y los graves años que se derivaban.
Desde diversos lugares del país se extiende una red de solidaridad con los habitantes de la localidad cordobesa Malvinas Argentinas, y surgen nuevas denuncias sobre las actividades de Monsanto.
En otro orden, el fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Ahuat, habló de la vinculación de jueces con la última dictadura militar y se refirió al caso específico del juez Pedro Federico Hooft, quien fue denunciado en su momento por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la Justicia federal de Mar del Plata.
A Hooft se le acusa de haber participado durante la pasada dictadura (1976-1983) en el secuestro de 11 personas, la mayoría abogados, en lo que fue llamada “la noche de las corbatas”. Organismos de derechos humanos señalan que “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que se pudieran cometer delitos de lesa humanidad”.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
