Editorial-La Jornada
En Michoacán, los grupos de autodefensa procedentes de Tepalcatepec y La Ruana tomaron ayer la localidad de Nueva Italia, en su camino hacia Apatzingán, considerado el centro operativo del cártel conocido como los Caballeros templarios, quienes han respondido a tal avance con bloqueos carreteros, quema de vehículos y destrucción de comercios. Tales hechos han puesto a la entidad en una circunstancia de zozobra y ante el peligro real de una escalada de violencia en la entidad y acaso también en las vecinas, como Guerrero y Jalisco.
En Apatzingán los actos vandálicos tuvieron lugar pese a que la ciudad se encuentra “vigilada” por más de mil 500 policías federales y a que el Ejército mantiene un número indeterminado de efectivos en los caminos de la zona. Tal inacción de las fuerzas oficiales es, por lo demás, ilustrativa de la ausencia gubernamental en la que se gestó, primero, el control territorial de grupos delictivos como La familia michoacana, Los Zetas y Caballeros templarios y, posteriormente, las reacciones de exasperación social, entre las que se cuentan los mencionados grupos de autodefensa y la conformación de policías comunitarias, como la de Cherán.
Con certeza, esa ausencia no empezó este año ni el anterior. Ahora resulta inocultable que aunque la administración calderonista ordenó desde su inicio aparatosos despliegues de las corporaciones armadas en Michoacán, en los hechos tales operativos no afectaron, ni mucho ni poco, el creciente control de regiones enteras de la entidad por grupos delictivos. Hoy puede verse, en suma, hasta qué punto la “guerra contra la delincuencia” decretada por Felipe Calderón fue una devastadora simulación.
Sin embargo, tales consideraciones no eximen al actual gobierno de su grave responsabilidad en la situación que padece Michoacán.
Desde noviembre del año pasado, el procurador Jesús Murillo Karam aseguró que los grupos de autodefensa no iban a extenderse más porque los despliegues de la fuerza pública para recuperar la seguridad estaban “dando resultados”, le quitarían “el pretexto a quienes dicen estar buscando la justicia” y aseguró: “lo garantiza el Estado mexicano”. Sin embargo, de entonces a la fecha (casi dos meses) tal garantía no ha resultado efectiva.
El viernes de la semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la toma de Parácuaro por los grupos de autodefensa, dijo: “En los próximos días habremos de darle todo el apoyo a ese gobierno (el estatal, encabezado por el priísta Fausto Vallejo) para que la causa por la que en algunos casos, supuestamente, surgieron esas autodefensas, la falta de protección, deje de ser justificante”.
Pero la ausencia de seguridad pública en los municipios de Tierra Caliente, así como el control mafioso y los atropellos de los Caballeros templarios en la zona, no son “supuestos”, sino una realidad lacerante que ha estado siendo denunciada y documentada desde hace muchos meses; para no ir más lejos, desde febrero del año pasado los grupos de autodefensa se levantaron en Tepalcatepec, Buena Vista y La Ruana. Para entonces varios municipios de la meseta purépecha ya habían conformado policías comunitarias para hacer frente a la indefensión en la que los habían dejado los gobiernos federal y estatal ante el embate de la delincuencia organizada.
Con estos elementos en consideración, resulta injustificable, desde cualquier punto de vista, que a estas alturas el gobierno federal esté considerando actuar “en los próximos días”. Con seguridad, la existencia de grupos armados de autodefensa vulnera la legalidad, pero las primeras en quebrantarla han sido las autoridades, en sus tres niveles, por su incapacidad o su indolencia ante la crisis de inseguridad.
Dicha crisis, finalmente, y a contrapelo de lo que se afirma en el discurso oficial, no se limita a Michoacán ni a unas cuantas regiones. El fin de semana pasado el gobierno de Washington, por conducto del Departamento de Estado, amplió a 15 la lista de las entidades mexicanas a las que recomienda no viajar: según el gobierno del país vecino, en casi la mitad del país “el crimen y la violencia son problemas serios y pueden ocurrir en cualquier lugar y momento”.
Fuente: La Jornada
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