La liberación de la única presa por la muerte de 49 bebés, además del incumplimiento de las promesas hechas por Enrique Peña a los padres de las víctimas, demuestran que no hay ninguna voluntad de hacer justicia.
México. La liberación de la ex coordinadora de zona de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delia Irene Botello, es un retroceso en la camino para obtener justicia por la muerte de 49 bebés durante el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009. “Es un capítulo más en una historia de injusticia, abuso y ofensa a la memoria de los niños y a sus padres”, considera Daniel Gershenson, acompañante de la organización de familiares Movimiento 5 de Junio.
Botello era la única de las personas involucradas en el crimen –directa o indirectamente- que enfrentaba cargos y estaba en prisión, recuerda Daniel Gershenson, acompañante de los familiares de los niños. La liberación, que ocurre a escasos cinco meses del quinto aniversario de la tragedia infantil más grande en la historia del México contemporáneo, envía una señal de continuidad entre los gobiernos de Felipe Calderón –presidente de la República durante el incendio y pariente de una de las dueñas de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo- y el de Enrique Peña Nieto, considera el activista.
Dos de los propietarios obtuvieron su absolución definitiva en el proceso legal –incluyendo a la prima de la ex primera dama calderonista. “Con esta liberación de Botello, queda claro el verdadero compromiso de Peña Nieto y se exhibe a un Estado continuista, que no está dispuesto a a anteponer los intereses de los niños”, acusa el activista, quien agrega que las guarderías siguen manejadas como un negocio, a pesar de la Ley de Estancias Infantiles lograda por “la dignidad y valentía” de los familiares. “No hay un deseo, por parte del Estado mexicano, de que haya justicia y evitar que se repitan estos sucesos”, sentencia.
Durante la campaña presidencial de Peña Nieto, el candidato se reunió –el 19 de julio de 2012- con un grupo de familiares de las víctimas; firmó un compromiso de que se haría justicia para los infantes y se pondría como máxima prioridad establecer medidas de cuidado a los lesionados. “Muy a su estilo, se llenó la boca de promesas. Un año y medio después, vemos que sus palabras fueron pura demagogia”, acusa Gershenson. “Ni siquiera ha recibido a los padres de familia del Movimiento 5 de Junio”, quienes le exigen que cumpla sus compromisos, agrega el también director de la organización Alconsumidor.
El 5 de junio de 2013, durante el cuarto aniversario de la tragedia –fecha en que las organizaciones de familiares programaron actos de reivindicación-, la Procuraduría General de la República anunció una nueva línea de investigación con la hipótesis de que el incendio no fue un accidente, sino un acto provocado. Medio año después, no hay un solo acusado. “Lo anunciaron con bombo y platillo y hasta nombraron a un subprocurador, Renato Sales Heredia, pero no hay resultados a más de seis meses. El anuncio tuvo un espíritu de desviar la atención de los eventos convocados por las organizaciones”, valora el acompañante del Movimiento 5 de Junio.
La sociedad civil que acompaña a los familiares ve con preocupación la ausencia de protocolos de Protección Civil en las estancias infantiles, lo que puede posibilitar una tragedia similar. “También nos preocupa el empeño de que se olvide las causas y consecuencias del incendio y que no haya justicia”, señala Gershenson, quien es columnista en la web Animal Político.
Premios para los responsables políticos
Además de la liberación de Botello y la exoneración de las dueñas de la guardería ABC, otros responsables del incendio tienen una historia más de recompensa que de castigo, relata Daniel Gershenson. César Gándara Laborín, entonces presidente municipal de Hermosillo, localidad donde ocurrió la tragedia, ahora es senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional –lo cual implica que tiene fuero- y se candidatea para ser el próximo gobernador del estado. Claudia Pavlovich, entonces diputada local de Sonora y quien escribió una carta al juez del caso para “recomendarle” a las dueñas de la guardería, es compañera de fórmula del senador Gándara.
Abel Murrieta fue procurador estatal durante el periodo en el que ocurrió el incendio (del priista Eduardo Bours) y en la administración panista posterior, de la mano de Guillermo Padrés Elías. Gershenson lo señala como responsable de no hacer las investigaciones adecuadas, por lo que los propietarios de la estancia no pisaron la cárcel. Murrieta es ahora diputado local y suena como posible candidato a la presidencia municipal de Cajeme.
Juan Molinar Horcasitas, entonces presidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y quien autorizó la subrogación de la guardería ABC –y de muchas otras, entregadas a gente no capacitada, apunta Gershenson-, es uno de los principales arquitectos del Pacto por México “y ni siquiera fue inhabilitado, como ocurriría en cualquier otro país”, insiste el acompañante de los familiares. El sistema de guarderías fue premiado por la Organización de las Naciones Unidas después de la tragedia, “pero fue por la cantidad de ellas”, precisa Gershenson.
“Esto exhibe los problemas de fondo y forma del sistema judicial de nuestro país, y de una clase política y económica totalmente corrupta y que no está dispuesta a hacer lo correcto”, resume Gershenson. “Es una verdadera pesadilla”.
Aunque Botello no es considerada un “pez gordo” en el caso y no tiene el apoyo institucional con el que contaron los responsables políticos, precisa el activista, su liberación no deja de ser una mal indicio, aunado al rumor de que es parienta de Valdemar Gutiérrez, líder del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social –ente que subroga las guarderías.
“Todo esto nos demuestra que el sistema de justicia en México va por dos bandas, una es para los que tienen influencias y otra para los que no, que se pudrirán en la cárcel”, protesta Gershenson.
Los caminos internacionales
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y se dictó la sentencia –contraria a la propuesta por el ministro Zaldívar, donde se reconocía a los culpables-, “ni siquiera se nombró a los responsables”; recuerda Gershenson. “Ahí vimos que no hay voluntad de aquilatar la dimensión de la tragedia y de castigar a los responsables”, señala, para responder a la pregunta de si los caminos de la justicia ya están cerrado en México.
La falta de castigo a los involucrados es una consecuencia de la resolución de la Corte, considera el activista: “Para el Movimiento 5 de Junio, queda el recurso ante las instancias internacionales. Se presentará el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en este año que empieza. Ojalá ahí, si se acepta el caso, la presión internacional logre lo que no hemos podido hacer desde una sociedad que solamente pide justicia, reparación y memorialización”.
