Víctor Flores Olea - Opinión
En el mar de sangre que vive el país, también por sus desaparecidos, hay una
excepción: el inesperado
diálogo públicoque propiciaron las columnas en marcha del Instituto Politécnico Nacional con el secretario de Gobernación, y que se resolvió sustancialmente el viernes frente a esa secretaría, con los resultados siguientes:
Se reconoce como legítimo el movimiento estudiantil del Politécnico. Se reitera que no habrá represalia contra ningún miembro de la comunidad politécnica. El gobierno mantiene el diálogo abierto. Asume, además, el compromiso de incrementar el presupuesto a la educación. Se reconoce la calidad académica del IPN. La SEP instruirá para que se prohíban las pensiones vitalicias a los ex directores del IPN. La policía bancaria dejará de prestar sus servicios a partir de que se diseñen nuevos servicios de vigilancia. La SEP cancela la aplicación del reglamento interno aprobado en septiembre de 2014 y los nuevos planes de estudio propuestos por la ex directora. Se acepta la renuncia de la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante.
Habrá que precisar que la respuesta formal de los estudiantes se dará a conocer después de que las asambleas de las distintas escuelas del IPN las aprueben.
Queda, pues, resuelto en lo fundamental el pliego petitorio presentado por los estudiantes del IPN, quedando por estructurarse sobre todo la cuestión, digamos, del
gobierno democráticode la institución, cuya solución final está por resolverse. Habrá que decir además que los politécnicos agregaron como exigencia suya que el gobierno federal coadyuve en la localización de los 43 estudiantes secuestrados en Iguala.
Habría que decir, por lo demás, que algunos investigadores de alta calidad del mismo Politécnico fijan en no menos de 15 años la degradación educativa de la institución y fijan ese declive precisamente en la degradación neoliberal que ha sufrido, y que sería la causa de su actual crisis. Habría en el Politécnico un choque de tendencias. Por una parte estaría lo que llaman la ”nacionalista fundacional”, y por otra una restructuración neoliberal que ha originado el actual problema. Por lo que se ve, esta batalla se ha decidido por lo pronto, a lo menos parcialmente, pero también de manera sustancial, en favor de la corriente
nacionalista fundacionaly en contra de la
neoliberal. Esta última estaría conformada por la reducción de los costos por alumno, por la restricción de los derechos políticos de la institución y de los mecanismos de expresión del estudiantado, por la precarización de las condiciones laborales de los docentes, por la apertura de la infraestructura del Poli a la iniciativa privada y por la eliminación de los candados que exigían que los directivos de la institución hubieran realizado sus estudios en ella ( La Jornada, 3/10, p. 42).
Precisamente el repudio masivo de los estudiantes del Politécnico se refirió esencialmente a esos problemas, además de que las autoridades anteriores, contra ellos, empujaban a los estudiantes a tomar en el menor tiempo posible
salidas laterales técnicasque los degradaban como profesionistas y atentaban contra la calidad de los estudios en la institución. Además de que los reglamentos del Poli, casi cada año, han limitado gravemente los derechos de los estudiantes a participar en puestos de representación estudiantil en los respectivos consejos. Por lo demás, enfatizan los mismos investigadores, que en su espíritu original el politécnico se orientaba a una clara
integración social, en tanto que ahora se trata de una evidente
integración empresarial, que rechaza indignada la mayoría.
En una palabra, de manera harto inusitada nos encontramos con
un movimiento que estalló no porque se añadieran cargas excesivas a los
estudios, sino precisamente por lo contrario: por su devaluación
profesional simplemente a causa de las supuestas exigencias del mercado,
desatendiéndose brutalmente las legítimas aspiraciones de formación
profesional más rigurosa que desean los estudiantes.
Estos han sido algunos de los elementos centrales del actual
conflicto que no son fáciles de superar, pero que ya han dado lugar a
que aparezca el concepto de autonomía, como una de las salidas
llemémosla revolucionaria y más consistente a la actual situación. Tal
vez… Sin ignorar los problemas que se plantean en un sentido
político-académico, como sin duda existen, por ejemplo en la UNAM. Pero
de todos modos, el concepto de autonomía parece estar en el horizonte…
Eso sí, añadiríamos que este camino conduce necesariamente a lo que
debería ser una genuina autonomía democrática y no una simple autonomía
que origine nuevas élites…
Hemos de decir además que, al lado de esta muestra de civilidad y de
cultura política profunda que ha dado el Politécnico, de allí su fuerza,
en la cual ganaron rotundamente las dos partes, la opinión pública ha
visto, aterrada, dos hechos sangrientos que nos remiten nuevamente a los
más dramáticos y salvajes hechos de nuestra historia política: la
masacre, el asesinato a mansalva de 22 personas en una bodega en
Tlatlaya, estado de México. Cuando menos tres meses después de que tanto
el Ejército como el gobierno del estado de México ocultaron o quisieron
que pasara desapercibido ese crimen, que salió a la luz por periodistas
estadunidenses y nacionales, que naturalmente sigue levantando
preguntas sin respuesta: por ejemplo, ¿tres soldados –los hasta ahora
consignados– fueron los únicos que participaron en la masacre? ¿Quién
dio la orden o el permiso? Ante la magnitud del hecho parece realmente
ridículo el número actual de consignaciones, de modo que el asesinato
sigue suscitanto más preguntas que respuestas. ¿Hasta esa respuesta
mínima y sin sentido son capaces de llegar las autoridades federales?
¿Se corregirá el dislate? Lo veremos pronto.
El otro hecho sangriento y vergonzoso ha sido el asesinato en Iguala
de al menos seis personas del gremio estudiantil, 12 heridos, la muerte
de un futbolista prácticamente niño y del chofer del autobús en que
viajaba un equipo de ese deporte. Además, hecho mayor: la desaparición
de 43 normalistas sobre los cuales, al parecer, se ha iniciado ya la
búsqueda con padres de familia y policías en esfuerzos combinados,
aparentemente sin resultados positivos (el viernes 3 de octubre, cuando
se escriben estas líneas).
Como resultado del diálogo de los politécnicos con la Secretaría de
Gobernación, parece que también se acordó la ayuda del gobierno federal
en esta búsqueda. También veremos sus resultados, aunque ahora es claro
que se trata de violaciones muy graves a la ley, por las autoridades de
Iguala y desde luego por los jefes policiacos y la policía de esa
ciudad. En todo caso, el gobierno de Peña Nieto está absolutamente
obligado a llegar al fondo de todos estos hechos, desde luego en el
asesinato de las 22 personas de Tlatlaya y de los múltiples asesinatos y
desaparecidos de Iguala.
(Habría indicios de que los cadáveres encontrados en varias fosas
clandestinas en la región de Iguala podrían ser de los normalistas
desaparecidos. ¡Eso sólo añadiría horror al horror!)