Imanol Ordorika/Adolfo Gilly - Opinión
La desaparición y
matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de
Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las
muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya
confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la
desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa.
Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las Escuelas Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas.
Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen.
Las autoridades federales, el Presidente y sus secretarios de
Gobernación y de Educación, frente a una tragedia de esta envergadura,
hasta ahora no han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada
por la ola de crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se
abaten sobre la nación mexicana.
En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa la represión gubernamental
contra una movilización social ha puesto también a su servicio la
violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La
actitud omisa del Poder Ejecutivo federal y el autismo de la clase
política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de
Estado.
Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de
los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables
materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su
responsabilidad encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de
la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se repitan las mentiras y
la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices.
