Para el presidente Enrique Peña Nieto y los legisladores del PRI y el PAN que avalaron la reforma constitucional en materia energética, el petróleo y los hidrocarburos no son concesionables, aun cuando una iniciativa anterior convirtió en “sustancia concesible” el gas asociado al carbón. Hoy, al mantener vigente aquella norma, se puso en bandeja de plata el negocio gasífero para los industriales mineros y acereros.
La historia data de 2006. El 8 de marzo de ese año la Cámara de Diputados aprobó la primera apertura del sector energético a la inversión privada, que incluyó reformas al artículo 27 constitucional y a las leyes reglamentarias para que los concesionarios mineros pudieran extraer y vender a Pemex el gas asociado al carbón mineral. Después el Senado la ratificó.
Sin embargo la reglamentación se entrampó y durante años los interesados no pudieron participar en la extracción del gas de las minas. El tema se reavivó durante los debates de la reforma energética, toda vez que en el Senado las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos emitieron un dictamen en el que se prohibían esas actividades.
Según el tercer párrafo del artículo transitorio octavo del documento, las concesiones mineras vigentes o futuras no conferirían “derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, ni para el gas asociado a los yacimientos de carbón”.
Sin embargo, el dictamen fue modificado sin discusión. Senadores de izquierda, en particular la perredista Dolores Padierna, denunciaron la alteración del texto enviado por las comisiones al pleno, que posteriormente lo remitió a la Cámara de Diputados, donde pasó hasta con los errores de sintaxis enviado por la cámara de origen.
La alteración del transitorio octavo –presuntamente ocurrida durante la transmisión del texto de comisiones al pleno– cambió el orden de la redacción, aunque prácticamente permaneció intacto, excepto porque la prohibición de explorar y extraer el gas asociado al carbón se sustituyó por otra que pone a salvo los derechos mineros sobre ese recurso energético como “sustancia concesible”:
“Sin perjuicio de los derechos previstos en sus concesiones”, estipula el transitorio modificado; también prevé la coexistencia de proyectos mineros con energéticos en los casos en que sea posible técnicamente.
Con esa modificación la apertura del sector energético a particulares esbozada en 2006 quedó a salvo, lo que generó nuevas expectativas entre industriales mineros sobre la posibilidad de que puedan expandir sus actividades extractivas.
Transitorio con dedicatoria
La carbonífera Cuenca de Sabinas, en el norte de Coahuila, se encuentra empatada geográficamente con la gasífera Cuenca de Burgos, que abarca esa entidad, así como Nuevo León y Tamaulipas. Hoy se sabe que la zona es rica en lutitas, la roca de la que se extrae el shale gas.
La importancia energética de la región es un atractivo para industriales mexicanos, en especial los que se beneficiaron con las privatizaciones durante el sexenio de Salinas de Gortari. Muchos de ellos se preparan para incursionar en el sector energético, gracias a la reforma recién aprobada.
Desde el sexenio de Vicente Fox, Pemex contrató a mineras trasnacionales para la exploración y extracción de gas natural en el noreste del país.
Y el 13 de agosto de 2013, durante la presentación de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó la importancia de esa región: primero mencionó el proyecto Los Ramones, un gasoducto de 840 kilómetros que contará con numerosas estaciones de compresión; luego comentó que los trabajos de exploración y evaluación del gas y aceite de lutitas en Coahuila se habían iniciado en marzo de 2013.
Desde 2006, Ahmsa y subsidiarias, del magnate Alonso Ancira Elizondo, acaparan alrededor de 70% de las concesiones mineras para carbón y toda sustancia concesible en las cuencas de Sabinas y Burgos. El resto de las concesiones se las reparten pequeños consorcios vinculados a cacicazgos locales (Proceso 1535 y 1880).
Luego de años de problemas fiscales y conflictos con los gobiernos panistas, Ancira se convirtió en un asiduo invitado del presidente Peña Nieto. En reciprocidad, el mexiquense asistió el 18 de julio último a la acería ubicada en Monclova, donde puso en marcha el proyecto Fénix.
Meses antes, en marzo de 2013, el mandatario y Ancira estuvieron en Asia. El empresario consiguió un contrato con una empresa china y el presidente atestiguó la firma. Y el 28 de noviembre, durante su visita a México, el primer ministro israelí, Shimon Peres, signó una serie de acuerdos con Peña Nieto; asimismo, éste atestiguó la firma de un contrato entre Ancira y una empresa de Israel.
Además de Ancira están los regiomontanos Grupo Alfa y Cemex, así como Carso, Grupo México e ICA, todos ellos de la élite salinista; de hecho ya tienen inversiones en el sector energía en Texas, el estado fronterizo de Estados Unidos con la región mexicana rica en gas (Proceso 1921).
Cuantificación preparatoria
El aprovechamiento del gas de las minas por parte de los empresarios no se logró debido a la falta de reglamentación. Pero eso no le impidió al gobierno de Felipe Calderón sacar provecho de la reforma. Un año después de su aprobación, en 2007, el gobierno lanzó una cuantificación minera que detonó la entrega de más de 12 mil concesiones en el sector, equivalentes a más de 34 millones de hectáreas del territorio nacional.
Para la reforma petrolera de 2008, el gobierno de Calderón lanzó una campaña con el lema “México tiene un tesoro en aguas profundas”, basado en la Prospectiva de Hidrocarburos presentada en agosto de 2007 por Rafael Alexandri Rionda, uno de los técnicos más influyentes en el ramo de energía y minas durante los dos gobiernos del PAN.
Alexandri fue nombrado director del Servicio Geológico Mexicano (SGM) ese mismo mes. Apenas tenía 10 días en el cargo cuando inició el trámite de enormes asignaciones mineras por el concepto de gas asociado al carbón y toda sustancia concesible.
Según el artículo 10 de la Ley Minera, la exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales debe realizarla el SGM por medio de asignaciones mineras que son expedidas únicamente a favor del organismo.
Las asignaciones obtenidas por el SGM fueron para “la exploración de gas asociado al carbón y toda sustancia concesible”. Es decir, para más de 160 sustancias minerales sólidas, líquidas y gaseosas previstas por la Ley Minera, además de aquellas que “por decreto ordene el titular del Ejecutivo cuya utilidad no ha sido descubierta o contemplada en las leyes”, indica el artículo 27 constitucional.
El SGM está facultado, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Minera, para concursar entre particulares las asignaciones mineras o, en su caso, declarar la libertad de terreno.
Copias de expedientes que obtuvo Proceso y publicó en su edición 1673 indican que las cuatro asignaciones mineras que obtuvo el SGM en 2007 se realizaron a gran velocidad y abarcaron dos terceras partes del territorio nacional (320 millones de hectáreas), además de incluir línea de costa, plataforma continental y aguas territoriales, sobre todo en el Golfo de México.
Fuente: Proceso
