Los habitantes del pueblo originario de San Pedro Mártir, en la Ciudad de México, exponen la ilegalidad de la obra y acusan que el gobierno de Mancera no puede ser de izquierda “porque viola derechos y reprime”.
6 enero 2013 | Jaime Quintana Guerrero | Desinformémonos.org
México, Distrito Federal. En plena Navidad y luego de más de dos años de oposición a la instalación de una gasolinera en sus tierras, fueron desalojados de su campamento de resistencia, pero los colonos y ejidatarios de San Pedro Mártir aseguran que ni siquiera el impresionante operativo policiaco –con más de 2 mil agentes del gobierno capitalino que rodearon el pueblo- los retirará de su lucha contra una construcción que, afirman, es ilegal y representa la entrada para un cambio en su modo de vida tradicional.
Ubicados en la delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, los habitantes sostienen que “la gasolinera representa una imposición de empresas a nuestras formas de vivir”, acusa uno de los opositores. “Lo que sigue es la lucha legal y pacífica hasta que clausuren y demuelan la gasolinera”, anuncia un integrante del Movimiento de Colonias y Pueblos del Sur, que es parte de los opositores.
Una joven mujer relata que, además de la protesta pacífica y legal, actualmente difunden la represión de la que fueron objeto. “Nuestra idea es seguir firmes y estamos convencidos de lo que defendemos es algo legal”, afirma.
Los habitantes de San Pedro Mártir afirman que la construcción de la gasolinera, iniciada en 2011, “violenta el uso de suelo y las normatividades ambientales. Los permisos fueron obtenido en contubernio con funcionarios de la delegación Tlalpan, la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA) y Petróleos Mexicanos (PEMEX)”, señala una mujer.
La gasolinera pertenece a Corporativos Mexicano de Gasolinerías (CorpoGas), una empresa que nació en 1982 y es reconocida como el grupo que vende más combustible en el país. En el primer semestre de 2011, vendió 632 millones de litros de combustible. El director comercial de CorpoGas es Juan Carlos Niembro Núñez, también propietario de Operadora de Estacionamientos Bicentenario (OEB), que será dueña de 23 mil 320 cajones de estacionamiento por 10 años en la Ciudad de México.
“La instalación de la gasolinera tiene cosas más de fondo. Por ser pueblo originario se trata de una zona patrimonial por usos y costumbres”, explica un hombre joven de la comisión. “Aquí decidimos qué se puede construir y qué no”, de acuerdo con la decisión de los pueblos, advierte, y agrega que el gobierno permite gran cantidad de construcciones ilegales. San Pedro Mártir pertenece a los pueblos originarios ya que conserva características organizativas, lengua y costumbres propias de un pueblo al iniciarse la colonización.
La comisión de tres personas del Movimiento de Colonias y Pueblos del Sur –que en estos días cumple 40 años- afirma a Desinformémonos que temen que la instalación de la expendedores de gasolina sea la entrada de más construcciones ajenas a su modo de vida. “Esto significa negarnos como pueblo”, afirma el joven.
El uso de suelo en esta zona no permite este tipo de construcciones, agrega la comisión. “Utilizan calles, la vía pública, y eso está prohibido. No existe viabilidad de construir carriles de aceleración y desaceleración, lo que es un peligro ya que está la autopista México- Cuernavaca”, explica la mujer. Además, el peligro del combustible en la zona es que “acá tenemos mucha religiosidad, fiestas y quemas de cohetes, y se teme que pueda ocurrir una desgracia”.
Queremos vivir como queramos
“Hoy empieza la gasolinera y después vienen los centros comerciales. Es un proceso de aniquilamiento contra los pueblos”, explica la joven mujer. “La ilegalidad con la que imponen estos proyectos -como la gasolinera- es un mensaje de que no les importan los pueblos, su modo de vida, su sentido comunitario ni la tierra. Queremos vivir a nuestra manera, y ellos nos quieren imponer que cambiemos por la vía de la fuerza”.
Una mujer adulta de la comunidad –quien también se niega a dar su nombre- recapitula la historia de lucha de San Pedro Mártir. Afirma que el capítulo más importante sucedió hace 40 años, cuando se opusieron a la instalación del Colegio Militar: “La gente salió a las calles. En ese tiempo fueron los hombres los que se empezaron a organizar y a exigir que se les escuchara”. Las escuelas, el agua y los puentes con los que hoy cuenta el pueblo son resultado de sus luchas, agrega la mujer. “El gobierno no vino a poner las cosas así nomas, fueron exigencias del pueblo”.
Otro frente de batalla de San Pedro Mártir es la escasez de agua. “Nosotros vimos cómo la fábrica de papel Peña Pobre se llevaba el agua y dejaba los campos sin árboles, y empezó la denuncia. Han sido luchas fuertes que han marcado al pueblo de San Pedro Mártir, y lo que sigue así será también”, afirma la habitante.
Los vicios de la ley y la represión
El día 25 de diciembre, cuando fue desmantelado el campamento Ixtliyolotl, relata la joven opositora, “cercaron desde La Joya, que se encuentra a varios kilómetros de aquí. El pueblo estaba rodeado”. La activista afirma que fue descomunal el despliegue de fuerza pública. “Lo único que les estábamos pidiendo es que cumplan la ley”.
Son ya dos años y tres meses de lucha legal, civil y pacífica, relata la comisión. Explican que las autoridades violaron las medidas precautorias otorgadas el 14 de mayo de 2013 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a pesar de que sigue el proceso jurídico -con el juicio de amparo 777/2013 dictado a favor del pueblo, contra la última resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF).
Los habitantes denuncian que la misma empresa quitó los sellos de clausura. “No existe una legalidad. Ellos nos enseñaron una serie de documentos que mandaron a dependencias, lo que no significa que les hayan dado permiso para que funcionara la gasolinera. Nunca nos enseñaron el permiso ni aval de las autoridades. No entendemos por qué mandaron a la fuerza pública”, acusa el joven hombre.
A la actual delegada de Tlalpan, Maricela Contreras, los opositores le entregaron documentos de los dos juicios ganados a su favor, pero no hizo nada, denuncia la joven mujer. “Eso es complicidad y están dejando que el pueblo haga el trabajo que le corresponde a las autoridades. Lo que tenemos por parte de la delegada de Tlapan es silencio y represión. El campamento tenía medidas precautorias, unos días antes habíamos ganado un juicio de amparo, y mandaron a la fuerza pública”.
Una resolución administrativa del 27 de junio de 2011 declaró que el certificado de uso de suelo 59177-181-SOKA10, expedido a favor de la gasolinera el 28 de octubre de 2010, es contrario al programa de Uso del Suelo para la delegación Tlalpan. La constancia de zonificación 037661, expedida el 27 de noviembre de 1991, dejó, por lo mismo, de producir efectos respecto de derechos adquiridos, así como la autorización de impacto ambiental y la manifestación de construcción, que se obtuvieron al amparo de la constancia de zonificación, y los dictámenes de impacto ambiental y urbano que se emitieron con base en el certificado de uso del suelo.
La Secretaría del Medio Ambiente determinó que la gasolinera no cumplió con los requisitos que se le indicaron, pues el uso de suelo que solicitó fue de 300 metros cuadrados, pero en realidad ocupa 2 mil 300 metros. Su manifestación de construcción feneció además el 5 de diciembre del 2011; no obstante, siguieron construyendo, informa la comisión del Movimiento.
Los habitantes de San Pedro Mártir interpusieron tres juicios cuyas sentencias les fueron favorables. Se trata de dos juicios de nulidad (I-52703/2011 y I-71002/2011) y uno de acción pública (IV-10810/2012). La primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad del certificado único de zonificación de uso de suelo, expedido por la Seduvi. Fueron revocados el dictamen de impacto urbano DGAU.10/DEIU/030/2010, fechado el 22 de noviembre de 2010; la manifestación de construcción tipo C, RG/TL/3033/2010, del 6 de diciembre de 2010, y la autorización de impacto ambiental SMA/DGRA/DEIA/000425/2010, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.
El puño de “izquierda”
“El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, golpea a los pueblos vía sus delegados”, explica la mujer. “No reconocer que tenemos formas comunitarias en las calles, en la iglesia y con la tierra es atacarnos”.
El hombre joven de la comisión explica que la mayoría de quienes cuidaban el campamento son mujeres, y fueron reprimidas. “La delegada Maricela Contreras aparenta tener un gobierno feminista y a favor de los pueblos, pero permitió la represión y prefirió la voz de los empresarios. Guardó silencio. Esta clase de políticos también sirven a los corporativos, y hacen uso de sus funciones públicas en favor de los privados”.
“Un gobierno que viola los derechos y reprime no se puede decir de izquierda. El gobierno de Mancera no es de izquierda ni es progresista, es represor”, afirma la joven mujer.
Mancera “nos ve como gente ignorante y cree que el pueblo no sabe lo que están haciendo. Y claro que los sabemos”, denuncia, enojada, la mujer adulta originaria del pueblo. “Lo que están haciendo es para afectar a los pobres de México. No somos ignorantes y no queremos pan y circo”.
“Esta lucha es por la dignidad. A pesar que es un corporativo enorme y que tenemos más de dos años en la pelea, no hemos aceptado sobornos. Luchar dignamente es lo que nos ha marcado”, explica el joven en la resistencia. “Nos han venido a preguntar qué queremos, y lo que respondimos es que deseamos que quiten la gasolinera”, concluye.
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