Legalizaría el acoso a disidentes sociales, advierte Comité Cerezo
Fernando Camacho Servín | Periódico La Jornada | Sábado 11 de enero de 2014, p. 6
Al permitir que las autoridades judiciales puedan localizar en tiempo real los teléfonos celulares supuestamente involucrados en la comisión de delitos graves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría facilitando también la posibilidad de que esta herramienta sea utilizada para espiar e intimidar a los opositores al régimen, advirtieron activistas de organizaciones sociales.
Melanie Salgado, integrante del Comité Cerezo México, consideró que la aprobación de dicha iniciativa forma parte de una serie de medidas legales para aumentar las funciones policiaco-militares del Estado, y no necesariamente para combatir a la delincuencia organizada, sino a los movimientos sociales disidentes.
“Muchas de estas herramientas se usan más bien como control social. La decisión de la Corte únicamente haría legal algo que ya ocurre, para que las autoridades puedan seguirlo haciendo sin ningún costo político”, estimó.
Al destacar que no habría ningún mecanismo para limitar o revertir la geolocalización de celulares, Salgado advirtió que los propios miembros del Comité Cerezo han sido víctimas de este espionaje, pues en varias ocasiones han recibido mensajes en el buzón de voz de sus teléfonos, donde alguien les deja la grabación de sus propias conversaciones, como una forma de decirles que están siendo escuchados.
Alejandro Jiménez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que la ubicación de celulares en tiempo real puede prestarse a que las autoridades hagan mal uso de dicha herramienta.
“La localización arroja muchísimos datos acerca de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el delito, por ejemplo, los lugares que frecuenta una persona en sus relaciones políticas, y eso abre un espacio para actuar con arbitrariedad y exceso de facultades”, alertó.
“Se podría investigar a cualquier persona incómoda o que ellos consideren una amenaza. Además, no tenemos una legislación que limite el uso, destino o duración de este recurso, ni se obliga a que un juez acredite su pertinencia”, dijo el investigador, quien recordó que entre más discrecional sea el uso de estos mecanismos, “más restringidos están nuestros derechos y nuestra libertad”.
Fuente: La Jornada
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