Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada
El Poder Judicial federal se ha convertido en un espacio clave para lograr avances en el campo laboral. Mediante sus sentencias, ha tomado la delantera en temas que el Congreso de la Unión ha venido evitando, por los intereses que se ven afectados y que derivan del sistema de control corporativo y corrupción laboral vigente. Los avances, si bien limitados, se reflejan entre otras cuestiones en la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión de hace más de 10 años, asumida más tarde en la reforma laboral del año pasado; las jurisprudencias en materia de libertad sindical que han acotado la intromisión gubernamental en registros sindicales y tomas de nota;
la definición en favor del voto secreto en las disputas por la representación gremial en los contratos colectivos de trabajo; el apoyo a principios sobre pluralidad sindical al calificar de inconstitucional la existencia de sindicatos únicos en las dependencias o la representación exclusiva de una federación en el tribunal laboral burocrático; también en temas relacionados con el outsourcing, al declarar ilegal la subcontratación generalizada que practican bancos, empresas de servicios y un número creciente de negocios.
la definición en favor del voto secreto en las disputas por la representación gremial en los contratos colectivos de trabajo; el apoyo a principios sobre pluralidad sindical al calificar de inconstitucional la existencia de sindicatos únicos en las dependencias o la representación exclusiva de una federación en el tribunal laboral burocrático; también en temas relacionados con el outsourcing, al declarar ilegal la subcontratación generalizada que practican bancos, empresas de servicios y un número creciente de negocios.
Esta relativa apertura contrasta con la inmovilidad de los gobiernos federal y locales en los temas del trabajo, los que se resisten a discutir y promover nuevas políticas laborales y a impedir los abusos que diariamente se cometen en contra de buena parte de la población. Esta actitud omisa se deriva de su interés en preservar el sistema de control vigente como la mejor opción, pues consideran que cualquier espacio de libertad y democracia podría molestar a los empresarios, con quienes se busca congraciarse a toda costa.
Algunos gobiernos, como el de Chihuahua, optan por canalizar sus iniciativas amedrentando el ejercicio legal de la defensa laboral; hasta una fiscalía de delitos laborales se ha creado, pero no para encarcelar a los empresarios que obligan a firmar en blanco a sus trabajadores cuando son contratados, ni a los líderes sindicales que protegen a las maquiladoras firmando contratos colectivos encubiertos redactados por los asesores empresariales, sino para generar temor entre los abogados que defienden a trabajadores, a quienes según su propia queja, se les obliga a conciliaciones forzadas. También en la ciudad de México se ha generado en el foro jurídico gran inquietud por el encarcelamiento de un grupo de abogados, aparentemente por haberse atrevido a demandar a Televisa.
Ante este escenario de cerrazón generalizada, es de destacar el interés del Instituto de la Judicatura Federal y la Coordinación de Magistrados y Magistradas del área laboral en los tribunales colegiados, para reflexionar los temas del mundo laboral en un seminario abierto a todas sus extensiones del país. Más de mil 600 participantes presentes o conectados por videoconferencia enriquecen el encuentro. Sus organizadores han promovido un espacio plural que incluye la academia, la judicatura y el foro de abogados.
En nuestra participación dentro del seminario, compartimos reflexiones sobre las dificultades prácticas que enfrentan los y las trabajadoras hoy día, destacando la ausencia de un sistema de justicia autónomo e imparcial por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, resabio del corporativismo, que por su integración dependiente del Poder Ejecutivo federal o local impide cualquier intento de modernización. Se resaltó por su importancia el secuestro de la contratación colectiva de trabajo impuesto en nuestro país mediante un sistema de violencia y corrupción altamente sofisticado que tiene las características propias de la delincuencia organizada, mediante los llamados contratos de protección patronal, fenómeno vinculado a una maraña de obstáculos insalvables para lograr la libre y democrática organización de los trabajadores. Se plantearon las múltiples formas que precarizan la contratación individual por medio del pago por honorarios o bajo la modalidad de confianza, violaciones en las que los gobiernos federal y locales son los principales impulsores. Se dio cuenta de la degradación salarial, la subcontratación desbocada y la ausencia de instituciones y mecanismos para favorecer el diálogo productivo. Se planteó la crisis del modelo laboral de los servidores públicos y la renuncia del Estado a ejercer sus funciones de fiscalización por medio de la inspección, instrumento fundamental para lograr el respeto a los derechos elementales en el ámbito de las ramas de industria, donde existen mayores violaciones.
A manera de una agenda mínima se sugirió una serie de líneas de acción para ir moviendo ese muro que impide la transformación de este mundo, del que pende la suerte de la mayoría de la población. Entre ellas destacamos seis: 1) Exigir un cambio en el sistema de justicia para contar con árbitros imparciales y autónomos que hagan respetar el estado de derecho y den certidumbre a trabajadores y empresarios. 2) Denunciar el sistema corrupto y delincuencial que se construye alrededor del contratismo de protección patronal, que destruye toda posibilidad de diálogo social y productivo, coloca a los trabajadores en estado de indefensión, afecta a las pequeñas empresas víctimas del gansterismo sindical y desprestigia a nuestro país en el entorno internacional. 3) Difundir que existen otras soluciones y buenas prácticas que han favorecido la mejora en la productividad y calidad de vida. 4) Apoyar campañas orientadas a exigir un cambio, entre ellas, la Queja 2694 presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por organismos altamente representativos a escala mundial y nacional, lo que incluye la suscripción del Convenio 98 de la propia OIT. 5) Mantener un diálogo permanente entre académicos, la judicatura y el foro, para enriquecer el criterio de los juzgadores y fortalecer argumentos que hagan valer la ley y la Carta Magna. 6) Promover grupos de observación ciudadana para documentar el comportamiento de los gobiernos federal y locales, así como a las propias autoridades del trabajo y, obviamente, volcar el máximo apoyo y solidaridad en favor de las luchas cotidianas de los trabajadores en la defensa de sus derechos fundamentales.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
