10 enero 2014 | La Redacción | Proceso
MÉXICO, DF, (apro).- Amnistía Internacional (AI) calificó como “un hecho positivo” y “un importante paso hacia la justicia de las víctimas” la detención y procesamiento de cuatro integrantes del Ejército Mexicano acusados de tortura y violencia sexual contra las indígenas me’phaa de Tlapa, Guerrero, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
En un comunicado, informó que la aprehensión por la justicia civil de los militares es importante para lograr el cumplimiento de las dos sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en el 2010 en contra el Estado Mexicano.
Tales sentencias ordenaron realizar una investigación por la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuentas. Sin embargo, según AI, el proceso conducido en el ámbito de la justicia militar “falló en hacer una investigación eficaz”, por lo que ninguna persona rindió cuentas por estos abusos.
Ayer, el abogado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que lleva el caso, informó que luego de diez años de los hechos, cuatro militares fueron detenidos en el 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano para responder por el caso.
Ante ello, Amnistía Internacional destacó que este hecho “es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los derechos humanos quienes las han acompañado”.
Luego, aAseguró que “es evidencia de que la Procuraduría General de Justicia cuando se empeña a establecer la verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, puede empezar a romper el círculo vicioso de la impunidad que alienta nuevas violaciones”.
Justicia, una década después
El caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández inició en el año 2002, cuando las habitantes de la Montaña de Guerrero acusaron que mientras hacían actividades cotidianas como lavar y cocinar, un grupo de militares las capturó, torturó y violó.
Al denunciar los hechos, el Ministerio Público de Barranca Bejuco Acatepec, Guerrero, se negó a tomar su declaración porque había militares involucrados. Cuando lograron abrir la averiguación previa, Valentina no tuvo acceso a un intérprete y las pruebas médicas de Inés que comprobaban la violación, fueron extraviadas.
Las denuncias fueron llevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que señaló al Gobierno Mexicano como el responsable. Ante la negativa de éste para atender ambos casos, los presentó ante la Corte Interamericana en la materia (CoIDH).
El 1 de octubre de 2010, ésta emitió la sentencia condenatoria contra las autoridades mexicanas al asegurar que eran responsables de “violencia institucional castrense”. Además, pidió la reparación de los daños y la detención de los culpables, quienes fueron plenamente identificados por las víctimas.
En 2011, Valentina e Inés exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia Militar que sus casos fueran encausados judicialmente fuera del ámbito militar, lo que se logró en octubre de 2013.
Ayer, luego de la detención de los militares, el Centro Tlachinollan exigió que el proceso “debe llevarse a cabo con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad”.
Fuente: Proceso
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