Editorial-La Jornada
Al anunciar la renovación y sustitución total de los libros de texto gratuitos de prescolar y primaria para el ciclo escolar 2014-2015, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, admitió que esa dependencia encontró un sinnúmero de errores” de todo tipo en los materiales entregados a los alumnos para el ciclo lectivo en curso (2013-2014), admitiendo que tales falencias causaron un “daño irreversible” a millones de estudiantes. Las declaraciones del funcionario constituyen, en primer lugar, un desmentido a los empeños de la propia administración federal por atribuir los rezagos de la educación básica en el país como responsabilidad casi exclusiva de los docentes.
Dicha posición, que estuvo en la base de la reforma educativa aprobada y promulgada por el Congreso de la Unión el año pasado, pasa por alto que el deterioro sostenido de la educación pública en el país está fuertemente vinculado a factores de índole social y económica, pero también a descontrol e inoperancia institucional en la materia que sale ahora a relucir con la publicación de libros de texto plagados de errores de todo género.
Más allá del daño causado a millones de estudiantes, el episodio referido es una expresión más del abandono a que ha sido condenada la educación pública por parte del Estado en las décadas recientes, y particularmente durante los dos sexenios panistas; del desinterés creciente de las instituciones públicas en la enseñanza de la población, y del que se reflejan en la elaboración de libros de texto de ínfima calidad, e incluso en la decisión –adoptada en su momento por el propio titular de la SEP– de difundirlos a sabiendas de que contenían un “sinnúmero de errores” y podrían causar “un daño irreversible”.
Tal circunstancia es sintomática del viejo menosprecio institucional hacia el bienestar general de la población y, por consecuencia, hacia la viabilidad y el desarrollo del país; es de suponer que esa situación no se superará con la simple sustitución de los textos defectuosos anunciada ayer por la SEP. A fin de cuentas, el arribo de esos libros a las manos de los educandos no trastocará en lo fundamental las condiciones ruinosas en que se encuentran muchos de los planteles de enseñanza básica; no apaciguarán el amplio descontento magisterial provocado por una reforma educativa que no ha logrado subsanar las desviaciones y las carencias tradicionales del sistema público de enseñanza; no corregirán las estructuras y métodos mafiosos y corruptos de un sindicato magisterial que se mantiene inamovible en sus prácticas pese a la consignación y procesamiento de su lideresa máxima, y no revertirá, en suma, la sostenida degradación de la calidad de la enseñanza.
La factibilidad de un verdadero rescate de la educación pública en el país depende, a fin de cuentas, de reorientación general de las prioridades por parte del gobierno federal y de las administraciones estatales, del robustecimiento de las finanzas públicas –algo incompatible con la privatización de la industria petrolera consumada por esta administración mediante la reforma energética–, de la implantación de una verdadera austeridad en las altas esferas del poder, y del combate a fondo a la corrupción en el ámbito educativo.
Al anunciar la renovación y sustitución total de los libros de texto gratuitos de prescolar y primaria para el ciclo escolar 2014-2015, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, admitió que esa dependencia encontró un sinnúmero de errores” de todo tipo en los materiales entregados a los alumnos para el ciclo lectivo en curso (2013-2014), admitiendo que tales falencias causaron un “daño irreversible” a millones de estudiantes. Las declaraciones del funcionario constituyen, en primer lugar, un desmentido a los empeños de la propia administración federal por atribuir los rezagos de la educación básica en el país como responsabilidad casi exclusiva de los docentes.
Dicha posición, que estuvo en la base de la reforma educativa aprobada y promulgada por el Congreso de la Unión el año pasado, pasa por alto que el deterioro sostenido de la educación pública en el país está fuertemente vinculado a factores de índole social y económica, pero también a descontrol e inoperancia institucional en la materia que sale ahora a relucir con la publicación de libros de texto plagados de errores de todo género.
Más allá del daño causado a millones de estudiantes, el episodio referido es una expresión más del abandono a que ha sido condenada la educación pública por parte del Estado en las décadas recientes, y particularmente durante los dos sexenios panistas; del desinterés creciente de las instituciones públicas en la enseñanza de la población, y del que se reflejan en la elaboración de libros de texto de ínfima calidad, e incluso en la decisión –adoptada en su momento por el propio titular de la SEP– de difundirlos a sabiendas de que contenían un “sinnúmero de errores” y podrían causar “un daño irreversible”.
Tal circunstancia es sintomática del viejo menosprecio institucional hacia el bienestar general de la población y, por consecuencia, hacia la viabilidad y el desarrollo del país; es de suponer que esa situación no se superará con la simple sustitución de los textos defectuosos anunciada ayer por la SEP. A fin de cuentas, el arribo de esos libros a las manos de los educandos no trastocará en lo fundamental las condiciones ruinosas en que se encuentran muchos de los planteles de enseñanza básica; no apaciguarán el amplio descontento magisterial provocado por una reforma educativa que no ha logrado subsanar las desviaciones y las carencias tradicionales del sistema público de enseñanza; no corregirán las estructuras y métodos mafiosos y corruptos de un sindicato magisterial que se mantiene inamovible en sus prácticas pese a la consignación y procesamiento de su lideresa máxima, y no revertirá, en suma, la sostenida degradación de la calidad de la enseñanza.
La factibilidad de un verdadero rescate de la educación pública en el país depende, a fin de cuentas, de reorientación general de las prioridades por parte del gobierno federal y de las administraciones estatales, del robustecimiento de las finanzas públicas –algo incompatible con la privatización de la industria petrolera consumada por esta administración mediante la reforma energética–, de la implantación de una verdadera austeridad en las altas esferas del poder, y del combate a fondo a la corrupción en el ámbito educativo.
