9 abril 2012 | Regina Martínez | Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- El gobierno de Javier Duarte exigió de nueva cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR) la “devolución” de los 25 millones de pesos en efectivo que fueron incautados por la Policía Federal a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México, en enero pasado.
En conferencia de prensa, el subprocurador de Justicia región Xalapa, Antonio Lezama Moo, dijo que la dependencia que encabeza Marisela Morales debe declararse “incompetente”, debido a que hasta ahora no se ha emitido un fallo en torno del asunto.
A nombre de Amadeo Flores Espinosa, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Lezama Moo señaló que desde hace más de dos meses, peritos de la PGR determinaron que los recursos en efectivo que transportaban los empleados del gobierno estatal en una aeronave propiedad del estado de Veracruz “tenían un origen lícito”.
Detalló que enviaron un oficio a la titular de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, Martha Guadalupe Ponce Ibarra, “para que se declaren incompetentes para atender el caso y devuelvan el dinero”.
Añadió:
“Los propios peritos de la PGR confirmaron el origen lícito de los recursos y, desde la fecha que fue emitido el dictamen, no existe fundamentación o justificación legal alguna para retener el numerario de procedencia”.
Es decir, insistió, “no existe fundamentación o justificación legal alguna para la retención de los 25 millones de pesos, porque peritos de la PGR confirmaron en el dictamen pericial con folio 14578, de fecha 29 de febrero, que los recursos pertenecen al gobierno veracruzano”.
El funcionario refirió que el titular de la PGJE, Amadeo Flores, mediante oficial PGJE/2812/2012 presentado ante la PGR, “señala que la administración estatal se opone al abandono de los recursos que tienen acreditado su origen”.
De acuerdo con el funcionario estatal, la administración de Duarte ha acreditado cada una de las indagatorias y requerimientos que la PGR ha solicitado.
“Se comprobó ante las instancias correspondientes que las personas que portaban el dinero del erario son servidores públicos adscritos a la Sefiplan y que, mediante oficio de comisión, estaban autorizados para trasladar los recursos, lo que evitó que fueran detenidos”, puntualizó.
En su oportunidad, el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró que la transportación de los 25 millones de pesos en efectivo vía área, en una aeronave propiedad del estado, “se debió a las prisas”, ya que tenían que pagar a una empresa privada contratada para la elaboración de promocionales de las fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín, en Papantla.
Días después de que se realizaron las fiestas de la Candelaria y el Carnaval de Veracruz, el contralor general del estado, Iván López Fernández, aseguró que la “procedencia lícita” de dichos recursos había sido acreditada por el gobierno estatal ante las autoridades federales.
No obstante, los 25 millones de pesos que fueron trasladados por dos empleados del gobierno estatal, que luego se dijo no estaban registrados en la nomina de la Sefiplan, continúan en manos de la PGR, aunque los presuntos trabajadores de la actual administración fueron liberados bajo fianza.
