Salubridad promueve la vacuna... pero a nivel mundial la cuestionan
Hay relaciones perversas entre funcionarios y empresas farmacéuticas
Piden defensores de derechos humanos no masificar una vacuna que puede dejar secuelas
En 2009 el gobierno mexicano compró con deuda una vacuna que no es para la sepa de influenza que afecta al país
En este mes de enero del 2014, resurgió la campaña de la supuesta amenaza de muerte por influenza que ya había impulsado el gobierno mexicano en abril del 2009, con lo cual justificó la solicitud de un préstamo al Banco Mundial por 500 millones de dólares para la compra de vacunas sin que se informara a la sociedad cuál fue el resultado médico de esa inyección sobre la que hay críticas, porque no es segura, advirtió Rodrigo Olvera, abogado y asesor externo del Centro de Reflexión y Acción Laboral
La secretaria de Salud, Mercedes Juan López anunció la muerte de 35 personas en los días pasados, luego cambió la cifra a 34. Y con esas cifras las autoridades sanitarias están llamando a la población a vacunarse.
"Fue una campaña promovida desde la Organización Mundial de la Salud que fue terriblemente cuestionada a nivel mundial por su ineficacia. Pero sirvió para posicionar ciertas marcas de medicamentos y a determinados laboratorios farmacéuticos, que no habían demostrado la efectividad de la vacuna. Incertidumbre que todavía tenemos y, en esa medida, está vigente el reclamo a las autoridades mexicanas de que informen cuál es el resultado de la vacuna en mexicanos"
Y dijo que la mayor preocupación surgió porque no estaba garantizado que la vacuna que se adquirió fuera para combatir la sepa específica que está afectando al país y hubo inconformidad y sospecha -sobre todo en Europa- de que estas vacunas no son efectivas que sí generan efectos secundarios nocivos para la salud.
"Es un debate que sigue abierto y tenemos razones para exigir transparencia en la información sobre esa vacuna. Y tenemos razones para exigir al gobierno mexicano que no vacune masivamente a los ciudadanos con esa vacuna que no ha demostrado ni que sea efectiva ni que evite riesgos a la salud por efectos mexicanos", insistió Rodrigo Olvera, uno de los defensores de derechos humanos que se amparó contra el decreto sanitario de la influenza en 2009.
Agregó que entre las críticas sobresale una contra funcionarios públicos –en todo el mundo- que mantienen relaciones económicas con laboratorios médicos para promover el consumo de medicamentos y la compra de vacunas. O bien, que tratan de distraer a la población de problemas como crisis sociales o políticas, para lo cual realizan campañas de terror perversas.
"Lo que fue parte del debate público fueron los vínculos de las grandes cadenas empresariales del sector farmacéutico, con cabilderos del gobierno. Es decir, se cuestionó que tanto los secretarios de Salud y los mandos intermedios están vinculados al tráfico de influencias en el sector farmacéutico. No solamente del gobierno mexicano, sino de otros países".
Eso sin contar que el 25 de abril del 2009 fue emitido un decreto sanitario, con el pretexto de combatir una emergencia por influenza. Se promovió una campaña de terror a través de los monopolios que concentran el 9 de cada 10 estaciones de radio y televisión, para hacer creer a la ciudadanía que estaba en peligro de muerte. Al final de decreto sanitario sólo 5% de quienes acudieron aterrorizados a los hospitales tenía realmente la infección por influenza. (Leer Información Relacionada: " LA INFLUENZA: CAMPAÑA DE TERROR QUE ENCUBRIÓ OTROS PROPÓSITOS" link: http://www.frecuencialaboral.com/influenzamentiraparaviolarderechos2014.html)
Sin embargo, mientras la sociedad mexicana se entretenía aterrorizada con la emergencia sanitaria por la influenza en abril del año 2009, el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, con el apoyo de los legisladores del PRI, aprobaron 19 leyes, algunas de ellas en 3 minutos y medio. Entre las que se cuenta el espionaje telefónico y de los correos electrónicos, así como la intromisión a los hogares sin orden de cateo, por la entonces Policía Federal Preventiva.
Con el decreto sanitario contra la influenza, se aprobó prohibir la concentración de personas en lugares públicos, lo cual hizo quebrar a decenas de negocios en los centros turísticos y se provocó la pérdida de 250 mil empleos. Pero lo más grave es que sin la aprobación del congreso se cancelaron dos derechos constitucionales, como es el derecho de reunión y el de la privacidad, razón por la cual tres defensores de derechos humanos se ampararon.
