17 diciembre 2013 | Jesús Cantú | Proceso
MÉXICO, D.F. (Porceso).- La iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto fue modificada radicalmente para adecuarla por completo a las demandas de las compañías petroleras internacionales, idénticas a las establecidas en la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, con lo que –más allá del lenguaje– se abre paso a los contratos de producción compartida y a las concesiones, llamadas “licencias” en la reforma pero que en realidad tienen los mismos alcances que aquéllas.
La mala recepción por parte de la comunidad financiera internacional, las compañías petroleras y el empresariado de la tímida iniciativa presidencial (Proceso 1921) y la aprobación de una reforma hacendaria y social, de la mano del PRD, que generó descontento en el sector empresarial mexicano (Proceso 1932), obligaron al gobierno federal a conceder más de lo que preveían las expectativas más optimistas.
La influyente publicación inglesa The Economist señalaba en su edición del pasado 23 de noviembre, al hacer un balance del primer año de gestión de Peña Nieto y señalar el malestar que había causado la reforma fiscal entre los empresarios: “Únicamente una audaz reforma energética lo podrá apaciguar”.
En general la expectativa era que la reforma se modificaría para permitir los contratos de producción compartida, punto en el que se acaba de ubicar Brasil tras 16 años de otorgar concesiones (Proceso 1920).
El país sudamericano abrió en 1997 la posibilidad de otorgar concesiones, pero en 2010 modificó su legislación para cancelarlas y limitarlas a la posibilidad de los contratos de producción compartida y este año hicieron la primera asignación bajo dicha modalidad. Sin duda la limitación a los contratos de utilidad compartida no despierta ningún entusiasmo en los eventuales participantes en una licitación, pero sí aceptan los de producción compartida; obviamente prefieren las concesiones o licencias, pero los países que recurren a ellas, como Noruega, lo hacen bajo medidas de control muy rigurosas, que difícilmente podrá imponer un Estado tan débil como el mexicano.
Las concesiones del gobierno federal y la debilidad de las protestas de la izquierda de inmediato generaron reacciones muy positivas en los medios internacionales; particularmente los principales diarios estadunidenses (The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times) lo festejaron de inmediato. Seguramente en los siguientes días los mercados financieros también reflejarán las buenas perspectivas que generó y algunos comentaristas financieros mexicanos ya se atrevieron a señalar que se había recuperado el llamado mexican momentum.
Sin embargo, aunque con relativamente poca atención mediática, la semana pasada también se aprobó la Ley Federal de Consulta Federal, que da viabilidad a la demanda de la izquierda de someter, en las elecciones intermedias de 2015, al juicio de la ciudadanía la reforma constitucional. De último minuto y como parte de las negociaciones con los perredistas se introdujeron cambios en el dictamen de dicha ley para permitir que las firmas ya recolectadas por el PRD para solicitar la realización de la consulta sean contabilizadas, con lo cual se incrementa la posibilidad de realizar el ejercicio en las elecciones intermedias.
El gobierno federal muy hábilmente alternó a sus aliados en las dos reformas críticas: fiscal y energética. En la primera apostó al respaldo perredista y en la segunda, al panista. En ambos casos logró reunir los votos necesarios para sacarlas adelante, pero polarizó nuevamente el escenario político nacional y le abrió una inmejorable oportunidad a la izquierda mexicana en su momento de mayor debilidad.
Desde el inicio del sexenio fue evidente que en el Congreso de la Unión la apertura del sector energético, particularmente en lo tocante a la exploración y producción de hidrocarburos, a la inversión privada –nacional e internacional– dependía exclusivamente de los límites fijados por el PRI, pues el PAN estaba dispuesto a abrirla totalmente. Sin embargo en estos meses también fue palpable (porque así lo muestran todas las encuestas de opinión pública y la propia difusión gubernamental de la reforma energética) que la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con la misma.
Como en muchos otros temas la distancia entre los legisladores y la ciudadanía es clara y abismal. Para los sustentantes de las dos posturas eran manifiestas sus fortalezas y debilidades: en el Congreso podían aprobar la apertura total, como lo hicieron esta semana. En una consulta popular la decisión está en el aire y depende de varios factores, entre los cuales destacan la formulación de la pregunta y la capacidad de comunicación y difusión de los grupos que respaldan cada una de las posiciones.
Todo indica que por primera vez en la historia mexicana una reforma constitucional tendrá que ser ratificada o rechazada por el voto ciudadano, pues el asunto cumple los requisitos constitucionales y legales para ser sometido a la consulta popular y es innegable la existencia de un número suficiente de ciudadanos dispuestos a firmar la solicitud de hacerlo; basta una mínima organización de las fuerzas de izquierda para concretarla.
Sin embargo un asunto muy diferente será el resultado que la consulta arroje, pues a favor de la reforma confluirán los esfuerzos del gobierno federal, priistas, panistas y el poder económico –nacional e internacional– y en contra estarán los partidos y grupos que en la última elección federal conformaron el Movimiento Progresista, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y una parte de la intelectualidad.
La oportunidad se presenta en la era de mayor debilidad de la izquierda desde 1997, toda vez que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de conformar su propio partido provocó una primera escisión; posteriormente la adhesión del PRD al Pacto por México ocasionó más divisiones entre las tribus que decidieron permanecer en el partido del sol azteca, lo cual ni siquiera su reciente salida ha podido revertir; y finalmente el infarto de AMLO cuando se iniciaba la discusión de la reforma en el Senado mostró que Morena depende al ciento por ciento de su líder.
Hoy más que nunca son evidentes los dos proyectos de nación: uno representado por el PRI y el PAN, con el apoyo y respaldo del empresariado, para aplicar ampliamente el neoliberalismo en lo económico y la “democracia autoritaria” en lo político; y otro, que, atado a las tradiciones y valores históricos, hasta hoy no es capaz de presentar una propuesta alternativa, suficientemente sólida y articulada para construir un país más justo, incluyente y democrático, agrupada alrededor de los partidos llamados de izquierda, los movimientos sociales y una parte importante de la intelectualidad mexicana.
Hasta el momento la partida la van ganando los primeros, pero el flanco que abrieron al radicalizar su propuesta energética es una oportunidad única e inmejorable para los segundos.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
