Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences y el propio
gobierno federal han interpuesto 72 apelaciones ante el Poder Judicial
para que se autorice la siembra masiva de maíz patentado en el campo
mexicano. Estas acciones legales buscan revertir la medida precautoria
que otorgó hace 11 meses un juez federal y que impide a la Sagarpa
otorgar los permisos a las trasnacionales en tanto no se resuelva el
juicio por la demanda de acción colectiva, que tiene por objeto impedir
la siembra del grano transgénico en México
Contralinea - Elva Mendoza
La demanda de acción colectiva que impide
momentáneamente la siembra de maíz transgénico en el país ha recibido
72 impugnaciones, asegura en entrevista con Contralínea René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, organización que funge como representante legal en el juicio.
Esto a más de 1 año de presentada la
demanda y a 11 meses de que el Juzgado Federal Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitiera la medida
cautelar en la que se ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar
actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de
maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos
para su liberación al ambiente, y suspender el otorgamiento de permisos
de liberación en cualquiera de sus fases, sea esta comercial,
experimental o piloto.
El gobierno federal, a través de la
Sagarpa y la Semarnat, ha impulsado 10 apelaciones contra la resolución
judicial y la medida precautoria, entre las que destacan: dos amparos
iniciados por la Sagarpa y un recurso de disconformidad de la Semarnat.
Además de eso, las dependencias han presentado dos apelaciones, dos
quejas, una revocación y dos impugnaciones contra la demanda.
Monsanto, a través de sus filiales Semillas y Agroproductos Monsanto , SA de CV, y Monsanto Comercial, SA de CV, es autor de más de una veintena de apelaciones que buscan levantar la medida cautelar y desechar de manera definitiva la demanda.
Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences también han recurrido a la vía jurídica para terminar con el juicio.
Explica Sánchez Galindo que son 16 los
amparos promovidos tanto por autoridades gubernamentales como por
empresas: siete provenientes de Monsanto,
tres de Syngenta, dos de PHI México, dos de Dow AgroScience y dos más
de la Sagarpa. De ellos, cuatro ya fueron ganados de manera definitiva
por la colectividad y 12 aún están por resolverse.
Derivados de los 16 amparos, se
encuentran en proceso 15 revisiones, ocho quejas, siete incidentes y
siete incidentes de suspensión.
En
12 tribunales federales se debaten las 72 impugnaciones a la demanda
colectiva presentada el 5 de julio de 2013 por un grupo de 20
organizaciones de la sociedad civil y 53 personas, entre las que se
encuentran Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel
Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner,
Federico Guillermo Berrón Autrique, Adelita San Vicente, Jesusa
Rodríguez y Regina Orozco.
Las organizaciones que forman parte de
esta acción colectiva representan a productores, indígenas, apicultores y
ambientalistas, como la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productos del Campo; la Fundación Semillas de Vida,
AC; Fomento Cultural y Educativo, AC; Fronteras Comunes, AC;
Alternativas y Procesos de Participación Social, AC, de Tehuacán Puebla;
Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla; Grupo Vicente Guerrero, AC,
de Tlaxcala; y la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del
Maíz Nativo.
Adelita San Vicente Tello, directora de
la Fundación Semillas de Vida, AC, señala en entrevista que en la
demanda de acción colectiva se solicitó que tribunales judiciales
declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces nativos en Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.
San Vicente Tello, quien también funge
como representante común de la colectividad demandante, expone que la
ineficiencia de los límites y restricciones establecidos en la LBOGM ha
propiciado que se vulneren los derechos humanos a un medio ambiente
sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la
utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras
de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación
adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a
la salud.
Con la demanda se solicitó aplicar una
medida precautoria que se basa en el riesgo de daño inminente al medio
ambiente, la cual se concedió y notificó a la colectividad el 20 de
septiembre de 2013.
Para René Sánchez Galindo, hasta ahora,
ni el gobierno federal ni las empresas han presentado pruebas de fondo
que contribuyan no sólo al debate sino que permitan a los jueces, como
ellos lo piden, levantar la medida y dar paso a la siembra de maíz
genéticamente modificado en su centro de origen y diversidad genética.
“Todas las inconformidades que han
presentado son por formalidades legales, tratan de tirar la medida
precautoria y la demanda por cuestiones de requisitos. Pedimos que el
Poder Judicial llegue al fondo”, dice a Contralínea el litigante.
Ante la complejidad que ha adquirido el proceso, Adelita San Vicente relata que ha sido un trabajo titánico para la colectividad y el equipo de abogados, desde el punto de vista económico, humano, de estrategia. “Para las organizaciones, de por sí es muy difícil sobrevivir económicamente. Hacemos un trabajo que, pese a que es su deber, el gobierno no lo hace; hay un vacío gubernamental y encima hay que enfrentarse con estas grandes empresas”.
No obstante, está convencida de que el
trabajo que se decidió llevar por la vía judicial es fundamental. “Vamos
a seguir. Está de por medio algo tan importante como la alimentación,
la biodiversidad, la justicia. Al ser México el centro de origen y
diversidad, tenemos una gran responsabilidad”.
Aunque la colectividad se encuentra esperanzada en el Poder Judicial, “no podemos ser ilusos de que tenemos un Poder Judicial impoluto”. Tampoco descartan la posibilidad de que se esté buscando “apostar a otros caminos. Es increíble la prepotencia con la que se mueven las empresas. Buscan la fisura en el Poder Judicial”, alerta San Vicente Tello.
Hasta ahora la demanda de acción
colectiva no ha sido admitida. René Sánchez Galindo aclara que este
instrumento tiene dos momentos para admitir la demanda: el preliminar,
“que ganamos en apelación”; y el definitivo, “donde también ya estamos
en apelación. Es después de la segunda admisión que se ratifica”, pero
podría tardar años.
En ese contexto, para las organizaciones, expertos, científicos y personalidades que integran la colectividad resulta vital que los jueces y magistrados que habrán de resolver cada una de las impugnaciones mantengan la medida precautoria en tanto no se resuelva el juicio.
Con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas distribuidas en el territorio nacional, México es cuna del maíz (el segundo cereal más importante en el mundo), centro de origen, diversificación y reservorio genético global del grano.
Para la realización de este trabajo se
solicitó entrevista con la Semarnat a través de Perla Solís, Diana
Aspiros e Irma Castro; también se le solicitó a Pedro Hernández Téllez,
subdirector de atención a medios, la versión de la Sagarpa, sin que al
cierre de edición se haya tenido respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
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Fuente: Contralinea
