Editorial-La Jornada
Mientras el gobierno que encabeza Nicolás Maduro realiza esfuerzos
por estabilizar la situación interna venezolana, arrecia la andanada mediática
externa con el respaldo explícito nada menos que del presidente estadunidense
Barack Obama, quien el miércoles pasado, sin ninguna mesura ni sentido de las
proporciones, equiparó la situación del país sudamericano con la que vive
Ucrania, donde las confrontaciones entre las autoridades y los opositores
dejaron ayer, a decir de los segundos, más de 100 muertos.
Sin afán de minimizar la gravedad de la escalada opositora en Venezuela, ni
los descontentos políticos, económicos y sociales que le sirven de combustible,
la circunstancia de ese país es inifinitamente menos grave que la de la ex
república soviética. Desde el pasado 14 de febrero, en el contexto de las
protestas antigubernamentales han muerto en el país sudamericano cinco personas,
una de ellas atropellada por un automovilista con crisis nerviosa.
Es ilustrativo el caso más reciente, el de la modelo de 22 años Génesis Carmona, fallecida en Valencia, capital del estado de Carabobo, tras recibir un tiro en la cabeza el martes pasado, cuando participaba en una marcha opositora. Los medios afines al liderazgo antigubernamental y los activistas antiMaduro se han apresurado a culpar al gobierno del asesinato y han silenciado las advertencias del gobernador del estado, el oficialista Francisco Ameliach, quien estuvo alertando desde cuatro días antes de que destacados opositores locales gestaban una provocación por medio de grupos armados con el fin de ocasionar una muerte.
Quieren un estudiante muerto, declaró insistentemente el funcionario, en declaraciones a medios y en su cuenta de Twitter.
Otro episodio que refleja fielmente el alineamiento de los medios opositores y la mayor parte de los internacionales es la entrega a las autoridades del dirigente opositor Leopoldo López, antiguamente procesado por desfalco, inhabilitado para ejercer cargos públicos, encarcelado por golpista tras la intentona de 2002 contra el extinto Hugo Chávez y ahora acusado de asociación delictuosa.
El gobierno hizo saber a la familia del ahora preso que se gestaba un complot para asesinarlo a fin de dotar de un mártir al movimiento opositor. El propio López comprendió que estaría más seguro preso que si permanecía en la clandestinidad y pactó su entrega a las autoridades, la cual tuvo lugar en un mitin convocado por él mismo y al que acudió el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para garantizar su integridad física. Así lo reconoció la propia esposa de López, Lillian Tintori, en entrevista con CNN. Sin embargo, el episodio fue reflejado por la mayor parte de los medios como un nuevo acto represivo del gobierno de Maduro.
Se comprueba, en suma, que los descontentos sociales en el país sudamericano son atizados desde el exterior y desde los círculos opositores locales y que la operación cuenta con el visto bueno, cuando menos, de la Casa Blanca. En tales circunstancias, la conducta de Obama obliga a recordar la de uno de sus antecesores, Richard Nixon, cuyo gobierno orquestó y consumó una campaña de desestabilización en contra de otro gobierno latinoamericano democráticamente electo: el de Salvador Allende, en Chile.
Fuente: La Jornada
