La pelea entre Dish, Televisa y TV Azteca aumentó dos rayas. A menos de un mes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se pronuncie sobre temas tan importantes como la licitación de dos nuevas cadenas de televisión, Los Pinos decidió meterse en la batalla de la televisión satelital. En el horizonte, además, acechan muchos más juicios, porque la reciente reforma constitucional del sector está mal hecha, de acuerdo con expertos.
16 febrero 2014 | Jenaro Villamil | Proceso
Frente a la ausencia de una iniciativa oficial de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, la disputa entre los distintos consorcios y actores del sector –especialmente entre Grupo Televisa y Grupo MVS– arreció en los últimos 15 días. La pugna ya provocó que Presidencia de la República se subiera al ring y anunciara el pasado jueves 13 su primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Exigió analizar un tema central para toda la industria: el must offer y el must carry.
Frente a la ausencia de una iniciativa oficial de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, la disputa entre los distintos consorcios y actores del sector –especialmente entre Grupo Televisa y Grupo MVS– arreció en los últimos 15 días. La pugna ya provocó que Presidencia de la República se subiera al ring y anunciara el pasado jueves 13 su primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Exigió analizar un tema central para toda la industria: el must offer y el must carry.
De manera sorpresiva y en su primera aparición como vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, anunciaron que el presidente Enrique Peña Nieto había decidido promover la controversia a solicitud del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en contra de actos del juez 32 de lo Civil del Distrito Federal.
En su comunicado oficial, Sánchez y Castillejos consideran que ese juez “ha invadido las facultades constitucionales de dicho instituto para decidir sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga, de los contenidos en televisión abierta, conocido también como must offer y must carry”.
Los funcionarios recordaron que le corresponde al IFT y no a un juez local resolver el asunto. Durante los últimos días generó una guerra de comunicados, desplegados y solicitudes del Grupo Dish –perteneciente a MVS de Joaquín Vargas y EchoStar–, que exigió al organismo regulador pronunciarse en torno a la presunta condición de “agente económico predominante” de Televisa. Por su parte, TV Azteca –socio de Televisa en Grupo Iusacell– reviró acusando a Dish de transmitir de manera ilegal los canales de televisión abierta.
El miércoles 12 los siete comisionados del IFT debían resolver lo relativo al must carry y el must offer. En sesión privada, discutieron los alcances de la notificación del juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, quien señaló que el IFT “carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales 2, XHTV-TV; canal 5, con distintivo de llamada XHGC-TV, y canal 9, XEQ-TV, y sus respectivos canales espejo o adicionales de televisión digital terrestre: canal 48, canal 49 y canal 44”.
El juez argumentó que le corresponde a él y no al instituto resolver “los derechos autorales y patrimoniales sometidos por Televisa S.A. de C.V. a litigio, empresa que se encuentra vinculada con los derechos de autor que derivan de la programación de televisión que en dichos canales se transmite”.
El juez Mejía Galván es el mismo que desde 2011 lleva el juicio civil promovido por Televisa contra Dish por presunta violación de derechos autorales. El 11 de diciembre de 2011 ordenó a Dish abstenerse de vender o arrendar los dispositivos que usan sus clientes para recibir el servicio.
Dish representa, hasta ahora, la única competencia de Sky, filial de Grupo Televisa, en el terreno de la televisión satelital restringida. Tanto Televisa como TV Azteca han acusado a MVS de mantener en Dish una sociedad ilegal con Telmex, ya que el título de concesión de la telefónica le prohíbe tener sistema de televisión abierta o de paga.
La tarde del miércoles 12 los comisionados del IFT discutieron dos posibilidades: Resolver el must carry y el must offer haciendo caso omiso de la orden judicial que le restaba atribuciones al nuevo organismo o emprender una controversia constitucional. Optaron por esta última vía. Lo sorpresivo fue que se anunciara a través de la Presidencia de la República.
En su comunicado del jueves 13, Sánchez y Castillejos recuerdan que la reforma constitucional en telecomunicaciones, aprobada el año pasado, le otorga al IFT el poder para solucionar conflictos vinculados a la retransmisión de señales y que la notificación del juez “invade a todas luces las facultades que a la Federación le otorga la Constitución”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varios precedentes que el presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la Federación, aun y cuando éstas estén conferidas a otro poder federal”, se lee en el comunicado de Los Pinos. De esta manera los citados funcionarios explicaron por qué no fue el IFT el que solicitó la intervención del máximo tribunal del país.
Ante este nuevo capítulo de la disputa en el sector –que genera anualmente más de 30 mil millones de dólares–, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, negó que un juez capitalino haya “doblado” al organismo y confió en que la Suprema Corte le dé “atención prioritaria” a la controversia.
Consultado al respecto, Contreras negó que este juicio modifique la fecha límite (9 de marzo) para que el IFT se pronuncie acerca de otros conflictos aún más espinosos, como la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta en tecnología digital, la multiprogramación y la declaratoria de “agentes económicos predominantes”. Ahí Televisa y Telmex serían los afectados.
Problema de la reforma
El anuncio de Los Pinos provocó que especialistas y abogados del sector se quejaran de que, una vez más, se “judicializan” las telecomunicaciones, un sector altamente litigioso y carente aún de regulaciones específicas.
Esa opinión es compartida por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el único organismo que ha presentado hasta ahora una iniciativa de ley secundaria ante el Congreso, y especialistas como Irene Levy, de Observatel.
Salomón Padilla, representante de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM), dice a Proceso que esta disputa es el resultado de una reforma constitucional “que está mal hecha, con inconsistencias jurídicas”.
Padilla señala que desde 2011 la ATIM, organismo que agrupa a pequeños y medianos concesionarios de televisión por cable que no están alineados a Televisa ni a otros grandes grupos, propuso una enmienda a la Ley Federal de Telecomunicaciones y otra a la Ley Federal de Derechos de Autor para que se resolvieran las contradicciones sobre must carry y must offer.
“Como abogado considero que esta disputa no es materia de controversia constitucional. Sí es un tema de derechos de autor y deberá resolverse. Sin embargo, el error fue haber subido a la reforma constitucional el tema de must carry y de must offer con una serie de ambigüedades.
“El problema de fondo es que la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión se hizo con serios problemas de técnica jurídica. Sólo tiene una parte bien hecha y bien clara: pasarle todos los recursos y la política de televisión digital terrestre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dejarle al IFT todos los problemas y la ejecución del llamado apagón analógico.”
–¿No se resuelve con la legislación secundaria? –se le pregunta.
–Las leyes secundarias no pueden ir más allá o menos de la reforma constitucional. Vamos a vivir lo que se llamaría una judicialización reloaded –responde.
Los borradores que han circulado de leyes secundarias sólo han sido entregados a algunos representantes de las grandes empresas, a pocos legisladores y a reguladores del sector.
El proyecto de ley gubernamental contiene 300 artículos y 17 títulos. Según quienes lo han revisado, uno de los aspectos más delicados será la regulación de propiedad cruzada y el procedimiento para la declaratoria de agente económico predominante.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó el jueves 6 que no consideraba “extraño” que iniciativas como la de telecomunicaciones se hagan fuera del Congreso. “Lo que sí me parece importante es el compromiso que se hizo en el Pacto por México –aunque alguno de los actores ya no quieren estar en éste– de terminar las reformas constitucionales”, dijo en conferencia de prensa.
Advirtió que no hay retraso en la presentación de las iniciativas y confió en que “a más tardar a finales de este mes” se presenten las leyes secundarias en materia político-electoral, de telecomunicaciones, de competencia y energética.
Cuestionado por la prensa acerca del enfrentamiento que se generó esta semana entre Grupo Dish y Televisa y TV Azteca, Beltrones subrayó que la ley secundaria “deberá corresponder al espíritu que se premió en las reformas constitucionales, que es el valor de la interconexión y los contenidos”.
–¿No hay una guerra entonces entre estas empresas? –se le preguntó en la rueda de prensa.
–Yo no he visto ni a los soldados.
La disputa de los consorcios
El miércoles 5, Grupo Dish presentó un escrito ante el IFT solicitando que Grupo Televisa y las empresas que lo integran sean declarados “agentes económicos predominantes” tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones, ya que poseen más de 50% de los suscriptores en programación restringida.
El comunicado enviado por esta compañía, socia de EchoStar y de Telmex en materia de facturación, agregó que “diversos datos disponibles que Dish México presentó igualmente al IFT acreditan que los canales de televisión abierta programados por Grupo Televisa concentran más de 60% de la audiencia en el sector de la televisión abierta”.
El competidor de Sky en televisión satelital consideró que el IFT debe imponer a la compañía de Azcárraga Jean “una regulación asimétrica que genere un mayor equilibrio en los mercados y que evite la integración vertical de Grupo Televisa en televisión abierta y restringida.
“La regulación asimétrica, añadió, incluye obligaciones específicas en materia de contenidos, prohibiciones para desplazar a competidores vía acuerdos de exclusivas, medidas relativas al mercado de publicidad en televisión abierta, obligaciones específicas sobre retransmisión de contenidos, estímulos a la producción nacional independiente, prohibiciones sobre directorios cruzados y obligaciones en materia de separación contable.”
El IFT no respondió a este comunicado, pero desde antes reiteró que el plazo para declarar a “agentes económicos preponderantes” no se prolongará más allá del 9 de marzo de este año, como había sugerido el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Mateos.
TV Azteca contraatacó el mismo miércoles 5 con otro comunicado, en el que acusó a Grupo Dish de retransmitir “ilegalmente” los canales 7 y 13, “obteniendo grandes beneficios económicos de los 2.5 millones de suscriptores a los que les cobra una nueva tarifa por subir las señales de televisión abierta”.
La compañía de Ricardo Salinas Pliego afirmó que Dish “opera sin derechos ni permisos para tomar el contenido producido por otros” y que viola los derechos autorales, los derechos de los anunciantes locales y que genera “un daño incuantificable a la industria de telecomunicaciones. (…) Es imprescindible que el Instituto Federal de Telecomunicaciones investigue, antes de resolver el must carry y el must offer, la participación accionaria que Carlos Slim tiene en Dish, a través de Telmex, que claramente es un agente económico preponderante”.
Dish respondió. En un nuevo comunicado asentó que no ha modificado sus tarifas y que no viola los derechos autorales porque “la Constitución es muy clara y establece el derecho de todos los suscriptores de Dish (o de Sky o de cualquier sistema de cable) para recibir gratuitamente las señales abiertas”.
El escrito del jueves 6 de Grupo Dish advirtió que ha acreditado desde el 11 de septiembre de 2013 que la compañía “cumple con la obligación constitucional de retransmitir las señales de televisión abierta con cobertura de 50% o más del territorio nacional” y recordó que la reforma constitucional se realizó “en beneficio de las audiencias, que tienen el derecho humano de acceso a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones”.
El director general de Regulación y Nuevos Negocios de TV Azteca, José Antonio Padilla, respondió a los señalamientos de Grupo Dish indicando que éste “piratea” sus canales al retransmitirlos de manera “furtiva y clandestina”.
En entrevista con la agencia estatal Notimex, Padilla reiteró que Dish debe esperar a que el IFT le autorice o no retransmitir las señales “sin modificación alguna, incluida la publicidad”.
El realineamiento de intereses entre Televisa y TV Azteca se fortaleció desde que en junio de 2012 la Comisión Federal de Competencia les autorizó la fusión a partes iguales en Grupo Iusacell, para que pudieran competir en telefonía móvil y en servicios de cuádruple play con América Móvil, la empresa más importante de Carlos Slim.
Las dos nuevas cadenas
La presión se acrecentó sobre el IFT. En rueda de prensa, el martes 4, el comisionado Fernando Borjón admitió que tanto la política de multiprogramación como la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión serán “temas críticos”, y pronosticó que los efectos de nuevos competidores en teve abierta se verán hasta dentro de cuatro o cinco años. Calcula que podrían alcanzar 14% del mercado, siempre y cuando se garantice la multiprogramación y el must carry.
Según el acuerdo del IFT publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de enero, las empresas que hasta ahora ya oficializaron su interés en participar en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión y en la banda 700 Mhz son Héctor Ricardo Becerra Novoa, interesado en la concesión de cuatro de las frecuencias; TVHD para el canal 32 de Aguascalientes; Radio Juarense, interesado en las frecuencias de Ciudad Juárez y de Chihuahua; y Pegaso, propiedad de Alejandro Burillo Azcárraga, y Telefónica.
“La verdadera competencia será en contenidos. Aquí los que entran tendrán que competir por el gusto de las audiencias” y “la única ventaja es que los nuevos canales van a ir también a televisión de paga gracias al must carry”, asentó Borjón.
Sin dar nombres específicos, el comisionado adelantó que existen cerca de 10 empresas interesadas en la nueva licitación, entre ellas algunas “firmas internacionales” productoras de contenidos y que podrían participar como “socios estratégicos” con empresarios mexicanos.
