No se les informó en su lengua y les hicieron firmar documentos
incomprensibles, denuncian
Se vulneró su derecho al no haber hecho una consulta a los pueblos y
comunidades, señalan
Más de 8 mil náyeris (coras) y mestizos pertenecientes a las
comunidades de los municipios de Ruiz, Rosamorada, El Nayar y Acaponeta, del
estado de Nayarit, han pedido la suspensión total y definitiva del proyecto
hidroeléctrico Las Cruces, y reclaman la falta de consulta y autorización
conforme a sus usos y costumbres, denunciaron el Consejo Intercomunitario del
Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, SuMar, la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda).
El rechazo de las comunidades al proyecto promovido por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) se debe al riesgo que éste supone, pues inundaría 4 mil
hectáreas de sus tierras, incluidos 14 sitios sagrados y centros ceremoniales:
pilar principal de la cultura Cora, explicaron las organizaciones no
gubernamentales.
Las comunidades reclaman también que la información respecto de la hidroeléctrica no les fue presentada en su lengua indígena, y que les hicieron firmar documentos elaborados en términos que estaban fuera de su comprensión total.
De acuerdo con un comunicado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), esta negativa se da en el contexto de la reunión pública de información promovida y organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se realiza este jueves en San Pedro Ixcatán, Nayarit, una de las comunidades afectadas por el proyecto Las Cruces.
En este acto, la CFE deberá exponer las características de la hidroeléctrica, la cual pretende construir un sistema de represas en la cuenca del río San Pedro Mezquital, última corriente fluvial del océano Pacífico con recorrido libre hasta el mar desde la Sierra Madre Occidental.
Las organizaciones señalaron que la CFE vulneró el derecho de acceso a la información al no haber realizado la consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –tratado internacional que protege a los pueblos indígenas y tribales–, antes de efectuar en su territorio los estudios y análisis técnicos del proyecto, mismos que tuvieron impactos negativos sobre sus recursos naturales, sitios sagrados y ceremoniales.
Es importante señalar que Las Cruces estaría sin operar 66 por ciento de su vida útil. Esto significa que sólo operará regularmente cuatro de los 12 meses al año y cubrirá apenas 0.9 por ciento de la demanda energética del Centro Occidente de México, y únicamente 0.28 por ciento de la demanda total del país. Además de afectar gravemente al bosque de manglar de la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, humedales de importancia internacional reconocidos por la Convención Ramsar.
Fuente: La Jornada
