Napoleón Gómez Urrutia | Opinión-La Jornada
Ayer se cumplieron ocho años más de impunidad e indiferencia en el
homicidio industrial que ocurrió con la explosión de la mina de carbón de Pasta
de Conchos, en el estado de Coahuila, donde 65 trabajadores perdieron la vida y
nueve más sobrevivieron, resultando gravemente heridos. Hoy todavía permanecen
abandonados 63 cuerpos a 120 metros de profundidad y aún no hay señales que
muestren la voluntad de aplicar la justicia, rescatar a los mineros, castigar a
los responsables, indemnizar dignamente a las familias y obligar a los que
obtienen concesiones a cumplir con la ley en materia de salud, seguridad e
higiene en el trabajo, para evitar que estas catástrofes puedan repetirse en el
futuro a costa de la vida de los trabajadores.
La historia de Pasta de Conchos es un mosaico complejo de omisiones, errores,
incompetencia, apatía, cinismo, estupidez y negligencia criminal de Grupo
México, de Germán Feliciano Larrea, y su director general, Xavier García de
Quevedo, a la vez que de la complicidad del gobierno de Vicente Fox, sus
secretarios del Trabajo, Carlos María Abascal y Francisco Javier Salazar, el
entonces subsecretario de esa misma dependencia, Emilio Gómez Vives, de los
funcionarios de la Secretaría de Economía que otorgan las concesiones mineras y
de Javier de la Fuente, director de General de Hulla, que fue la empresa
contratista encargada por Larrea para operar la mina, entre muchos otros
responsables.
El mundo entero recuerda cómo los mineros de Chile en octubre de 2010
tuvieron un gran éxito y un triunfo moral, al rescatar con vida a los 33
trabajadores atrapados a 750 metros de profundidad, en San José de Copiapó,
después de 69 días de que sucedió el derrumbe. En México jamás se olvidará la
indignación, el coraje y la frustración de las familias y los trabajadores
cuando la empresa y el gobierno decidieron cerrar la mina a los cinco días de
que sucedió la tragedia, sin conocer si los mineros estaban con vida o sin ella,
condenándolos a su suerte.
En estos momentos surgen las mismas preguntas que las autoridades deben responder. ¿Por qué no se rescatan los cuerpos y se reabre la investigación? ¿Por qué se evita acusar a Grupo México de este homicidio industrial? Será por el chantaje y las amenazas que siempre ejercen en el sentido de que se van a llevar sus inversiones. Creo que es claro que sus capitales y recursos desde hace muchos años los sacaron y los siguen sacando del país y que las minas y los minerales no se los pueden llevar porque son propiedad de la nación. Les resultaría muy costoso, si es que pudieran hacerlo, llevarse cerros y montañas completas a países y lugares que les ofrecieran las mismas condiciones de explotación que tienen en México, salarios muy bajos, productos y servicios propios muy caros, el no pago de impuestos o el no tener que invertir en prevenir la contaminación y la destrucción que realizan con sus operaciones.
Hace un año el gobierno declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) se encargaría de determinar si había las condiciones para rescatar a los 63 mineros y hasta la fecha no hay ningún informe de sus conclusiones.
Cabe preguntarse por qué se responsabilizó a la PGR si no es entidad que tenga inspectores o actúe en la actividad industrial del país para tomar una determinación de este tipo. Los mineros piensan que existen fuertes nexos de complicidad y encubrimiento al más alto nivel entre esta institución, que debería aplicar correctamente la justicia, sin interferencias, presiones o intereses, y la propia empresa Grupo México. En este caso, como en todos los demás, no se debe pervertir la aplicación justa y correcta del estado de derecho, pues un país que no respeta su sistema de justicia está condenado al fracaso.
Los mineros saben que sí es posible y se debe rescatar a los trabajadores abandonados. El 28 de septiembre de 2008 se organizó un grupo de rescate con familiares y jóvenes actuando en solidaridad, así como los miembros del Sindicato Nacional de Mineros. Según el informe que presentaron, los rescatistas llegaron hasta las diagonales 13 y 14 de la mina, avanzando con el equipo con que contaban, con el agua arriba del nivel de las bandas, pues Grupo México inundó la mina después de la tragedia para borrar todos los vestigios que la incriminaran.
Cuando ya estaban a punto de alcanzar la meta y encontrar a los mineros, fueron atacados brutalmente por la policía y expulsados del lugar por la fuerza, en lo que constituyó lo que ellos llamaron un doble homicidio, ya que no sólo evitaron el rescate voluntario e independiente de los cuerpos de sus seres queridos, sino que se evidenció una vez más la complicidad del gobierno y la empresa, terminando con las esperanzas de las viudas, los familiares y la solidaridad de la gente. El gobierno de Felipe Calderón siempre encubrió a Larrea y a Grupo México, lo mismo que Fernando Gómez Mont y su gato, el perverso y nefasto Javier Lozano Alarcón.
Se calcula que a partir de 2006 y del homicidio industrial de Pasta de Conchos, más de 200 mineros han muerto bajo la explotación irracional de Grupo México, empresa considerada por organismos internacionales como una de las 10 menos éticas del mundo.
La pregunta es: ¿cuántos muertos más se requieren para que se haga justicia? Pasta de Conchos demuestra la impunidad que existe en México y una de las mayores vergüenzas históricas aceptadas o toleradas por su sistema adormecido y una sociedad que no parece reaccionar ante todos los actos indignantes e infamias que se cometen en el país.
Fuente: La Jornada
