17 febrero 2014 | Pedro Zamora Briseño | Proceso
COLIMA, Col. (apro).- Una treintena de agrupaciones sociales exigieron a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá abstenerse de defender los intereses de las grandes corporaciones mineras vinculadas al modelo extractivo depredador.
También pidieron que no sigan impulsando tratados como el TLC “haciéndonos creer que son la solución a los problemas que enfrentamos”, pues ese modelo global, subrayaron, “tiene claros signos de agotamiento, es recesivo a los derechos humanos y está acabando con los bienes naturales de forma dramática por la rapaz visión de mundo que comparten entre ustedes y todo el aparato que representan”.
A través de un pronunciamiento realizado en el marco del Foro Nacional contra la Minería 2014, en la comunidad indígena de Zacualpan, Colima, los participantes demandaron que las autoridades de los tres países encaminen sus esfuerzos para que los pueblos “tengan total garantía del estado de derecho y se respeten los derechos humanos que los gobiernos han ratificado en instrumentos internacionales”.
Mientras tanto, advirtieron, “seguiremos en resistencia contra sus políticas depredadoras que violentan la vida de los pueblos”.
Suscrito, entre otros, por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el documento –dirigido a los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, así como al primer ministro de Canadá, Stephen Harper– denuncia que en todos los países latinoamericanos, incluido México, hay una clara tendencia a que los gobiernos dejen de ser útiles a la sociedad y se vuelvan utilitarios de los intereses de empresas trasnacionales.
Como ejemplo, las organizaciones mencionaron que las grandes empresas mineras han tenido como soporte la aprobación de leyes “a modo” y la falta de la aplicación de las normas que protegen a pueblos, comunidades y al medio ambiente, así como la impunidad, la corrupción de funcionarios e inspectores y la inseguridad creciente y vinculada al crimen organizado.
“Por el contrario –añadieron–, los pueblos opositores carecen del respeto básico a sus derechos, no se les consulta, se realizan procesos informativos con coacción, se criminaliza la protesta social o se asesina a dirigentes y opositores”.
En este contexto, “cada año somos más las comunidades en resistencia y plena confrontación con las empresas mineras de capital nacional, extranjero o trasnacional, en especial canadienses, pero no únicamente, por la clara, recurrente e intransigente forma en la cual pretenden apropiarse de los bienes naturales que hay en nuestros territorios, quienes en su mentirosa visión de progreso y desarrollo, ocasionan graves e irreversibles daños a la salud y el ambiente, a la vez que destruyen el tejido social con el fomento de divisiones entre las personas”, señala el documento.
Las agrupaciones expresaron su rechazo al Plan de Acción sobre Mercados Globales anunciado en noviembre pasado por el gobierno canadiense, que considera el uso de todos sus bienes diplomáticos en respaldo del sector privado de ese país para lograr sus objetivos en mercados extranjeros clave, entre los que se incluyen a México, Brasil, Chile, Colombia y Perú dentro de la región de América Latina.
Entre otras razones, adujeron que “cada vez es más frecuente ver a naciones enteras en total indefensión por tomar acciones en contra de las empresas, a la vez que las empresas someten a gobiernos locales en tribunales internacionales de arbitraje para resolver disputas en torno a los bienes naturales, como si estos fueran de ellos”.
En el caso de México, las organizaciones pusieron como ejemplo que dos meses después del asesinato del ambientalista Mariano Abarca, en 2009, y después de la clausura de la mina “Revancha” por parte de la autoridad ambiental estatal en Chiapas, la empresa canadiense Blackfire Exploration amenazó a esa entidad federativa con una demanda de 800 millones de dólares.
Los gobiernos de El Salvador y Costa Rica también enfrentan demandas de compañías canadienses, en tanto que Honduras aprobó una nueva ley minera impulsada con asesoría de Cooperación Internacional Canadiense, posibilitando la apertura del sector minero para nuevos proyectos.
Fuente: Proceso
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