Peña Nieto: reforma sanitaria sin agenda clínica

Gustavo Leal F.* | Opinión-La Jornada

Después de más de 30 años de reformas sectoriales centradas en ejes financieros, un ajuste a profundidad sobre las políticas de salud y seguridad social reclama el diseño de un modelo asistencial con una agenda médico-clínica moderna, hoy notablemente ausente. Ella se articula con estrategias de promoción-prevención anticipatorias; pacientes activos involucrados en el control de sus padecimientos; integración de cuidados extrahospitalarios con fortalecimiento de la atención primaria y uso del arsenal tecnológico para apoyar las intervenciones clínicas.

En el contexto de la universalidad, Peña (que eleva impuestos, reduce prestaciones y apuesta por la protección social mínima renunciando a la seguridad social integral), lo que muestra en su reforma sanitaria, adelantada por la secretaria Mercedes Juan, Funsalud, Julio Frenk, Grupo Financiero Banorte junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Cámara de Comercio Británica, consultora PricewaterhouseCoopers y Centro de Estudios Espinoza Yglesias, entre otros, se resume en la conformación de un fondo único, capaz de detonar la competencia entre prestadores plurales y así mejorar la calidad del servicio.

Mercedes Juan ha declarado, más que reiteradamente, que para consolidar la universalidad de los servicios tomaría como referencia el estudio que realizó al frente de Funsalud, planteando un fondo único de impuestos generales. Para ella “lo que queremos es que una persona pueda elegir a dónde se quiere atender y, si llegáramos a esto, permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y, de esta manera, mejoraría la calidad. ( Reforma, 16.1.13).

Para Funsalud, en una primera etapa, los beneficios universales en salud no podrán cubrir todas las intervenciones médicas, por lo que, temporalmente, habría una diferencia con relación a los esquemas de seguridad social actual (Universalidad de los servicios de salud en México, Salud Pública de México, Vol.55/2013, Editora invitada Mercedes Juan).

Eduardo González Pier, su actual presidente, estima que la propuesta es una evolución natural gestada en el sistema de salud desde que, en 1995, se reformó la Ley del IMSS y, en 2004, se sentaron las bases del Seguro Popular. Ahora ya hay plataforma pareja para la unificación de los fondos para reglas financieras únicas. Una vez que tienen esa misma estructura de financiamiento, es convertir esos recursos en servicios de calidad efectiva para la población beneficiaria. En seis años se podría lograr una muy buena parte de la reforma ( Reforma, 1.8.13).

En mayo de 2013, Fernando Solís Soberón (ex presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro; ahora director general de Banca de Ahorro y Previsión de Banorte y, simultáneamente, presidente de la AMIS), al clausurar la 23 Convención Nacional de Aseguradores, entregó a Peña un listado de 15 propuestas de lucro para detonar la participación del sector en el área de pensiones y salud. Solís observa que el sector asegurador es una poderosa herramienta para brindar servicios a menores costos y con mayor cobertura.

Por su parte, Verónica Malo, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, considera que el nuevo sistema de salud universal que cocinan hace dos años el gobierno federal y al menos 75 especialistas en la materia propone, ante la falta de recursos, una protección sólo para atención primaria. Sin embargo, aclara, hoy no es costeable para el Estado un seguro amplísimo que cubra todos los padecimientos: eso es imposible. Lo que se propone es un sistema para tener atención a la salud básica, atención primaria, que cubra un paquete específico de enfermedades, vacunas y de atención de emergencias. Hay que conjuntar la gran capacidad del Seguro Popular de generar una cobertura cada vez más extensa, pero con la calidad básica que ofrece el sistema de salud del IMSS.

Según Malo, no se busca eliminar a las instituciones, sino conjuntar los sistemas para generar una coordinación de un sistema único que garantice un piso mínimo y que todos los proveedores públicos o privados comiencen a competir por la atención básica. Aunque aún falta que los expertos definan qué cubrirá el paquete mínimo de atención ( Reforma, 2.8.13).

Desde el punto de vista de Julio Frenk, ex secretario foxista de salud, lo que urge es una reforma financiera en salud para sustituir los actuales sistemas de financiamiento de atención, provenientes de fondos y cuotas obrero-patronales, por una contribución social generalizada. Se crearía, así, un fondo único de aseguramiento contra gastos catastróficos, un paquete de intervenciones de alta especialidad y uno común de beneficios al que todo mexicano tendría derecho bajo cualquier esquema de aseguramiento público con independencia de quién sea el prestador de servicios.

Como la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, Frenk cree en una transición que elimine cuotas obrero-patronales a cambio de una contribución social que fuera mezcla de impuestos al consumo, ingreso y riesgos a la salud y que podría ejecutarse en la vida de la actual administración. Y por su experiencia en el foxismo, no le cabe duda que “la parte financiera puede ir más rápido –con un etiquetamiento suave–, porque la parte de prestar servicios es más compleja” ( La Jornada, 10.3.13).

Es claro que, por el relieve de los ejes financieros de la reforma de Peña, el modelo asistencial y su urgente agenda médico-clínica aún no se advierten. Lamentablemente, su presencia es lo que más aguardan los usuarios de la red sanitaria y a los que Peña, presume, beneficiarán las reformas de gran calado que están moviendo a México.

*Universidad Autónoma Metropolitana-X

Fuente: La Jornada