MÉXICO, D.F. (apro).- Los españoles las llaman elegantemente “concertinas”, pero son alambradas de cuchillas que rasgan la piel cuando uno las salta, y más cuando se lleva prisa y a seis metros de altura. A pesar de ello, cientos, cuando no miles de africanos subsaharianos –y también uno que otro magrebí– lo intentan cíclicamente en Ceuta y Melilla, los dos enclaves coloniales que España aún mantiene en África del Norte.
14 febrero 2014 | Lucía Luna | Proceso
14 febrero 2014 | Lucía Luna | Proceso
Cuando la estrategia por tierra falla, se intenta por mar. Entonces se utiliza una balsa inflable de juguete para rebasar el espigón de varios cientos de metros que divide a las aguas españolas de las marroquíes. Cada vez son más los que lo intentan y menos los que lo consiguen, porque las medidas de seguridad, tanto del lado de España como de Marruecos, se refuerzan constantemente. Muchos ya ni siquiera llegan a las vallas; otros son atrapados en el cruce y devueltos de inmediato, y algunos sucumben en el intento.
Eso fue lo que ocurrió el pasado 6 de febrero cuando unos 250 subsaharianos intentaron entrar a Ceuta por la orilla marítima del Tarajal, y 15 murieron al ser repelidos en las aguas con material antidisturbios por la Guardia Civil, en la zona española, y la Gendarmería y las Fuerzas Auxiliares del ejército, en la marroquí.
El hecho causó conmoción en los medios políticos y la opinión pública de España, donde apenas unas semanas antes el balance de migración de 2013 en los enclaves norafricanos mostró una disminución de 31%, sin fallecidos ni heridos ni desparaecidos: un éxito sin costo humano.
Pero ahora muchas voces exigen explicaciones sobre la actuación de los guardias civiles, porque hay testimonios personales y evidencias documentales que sustentan que utilizaron pelotas de goma y gases lacrimógenos para repeler a los inmigrantes cuando todavía estaban en el agua. La mayoría murió ahogada o aplastada en la zona limítrofe.
Organizaciones civiles agrupadas en Migreurop España, entre las que se encuentran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo y Andalucía Acoge, exigieron que una comisión parlamentaria investigue a fondo y de forma inmediata las prácticas habituales en el control de fronteras de Ceuta y Melilla. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también pidió explicaciones y la Defensora del Pueblo abrió una investigación.
El delegado del gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, reconoció, según EFE, que la Guardia Civil empleó “material antidusturbios” para contener a los subsaharianos, pero aseguró que “nunca sobre las personas, sólo al aire para asustar”.
Testimonios recopilados entre los sobrevivientes por la organización Caminando Fronteras y un video tomado por cámaras de vigilancia confirman sin embargo que la agresión fue en el agua y sembró el pánico entre los migrantes. Estas imágenes fueron editadas cuando el video fue presentado al público.
Pero más que en los métodos represivos, el debate sobre la responsabilidad de las autoridades ceutíes se centra en la afirmación de que ningún subsahariano, vivo o muerto, logró ingresar a la jurisdicción española.
Otro video grabado desde un edificio próximo a la frontera y difundido por La Sexta muestra, no obstante, que al menos ocho migrantes lograron acercarse nadando hasta la playa del Tarajal, donde guardias civiles los interceptaron para entregarlos “sobre la línea de agua” a los gendarmes marroquíes.
Si fue así, esta entrega podría ser irregular conforme a la Ley de Extranjería vigente, la cual estipula que los extranjeros que entren ilegalmente a España “serán conducidos con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría” de policía, “para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. Tendrán además “derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de un intérprete”.
Nada de esto se cumplió en Ceuta. Representantes de la Guardia Civil alegaron que el “ultimo obstáculo” que debe superar un inmigrante para llegar a España no es la valla, sino sus propios agentes fronterizos. Éstos no podrían detenerlo en el mar, que todavía es jurisdicción de Marruecos, pero sí al borde de la playa, donde ya estaban apostados los guardias marroquíes.
Por lo demás, la Guardia Civil se acoge al Acuerdo de Tránsito y Readmisión de Extranjeros Entrados Ilegalmente, que fue firmado entre España y Marruecos en 1992, pero que el Parlamento marroquí no ratificó sino hasta octubre de 2012. Según este acuerdo las expulsiones en la línea fronteriza, marítima o terrestre, conocidas como “devoluciones en caliente”, es decir de agente a agente y sin trámites administrativos, son válidas siempre y cuando Marruecos acepte el reingreso del migrante.
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Migrantes africanos cerca de la costa de Tarifa, España. Foto: AP
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Apenas dos días antes de la tragedia del Tarajal, El País publicó una nota basada en un video grabado por el grupo Prodein, de Melilla, que el 15 de enero captó cómo unos 60 de 300 subsaharianos que intentaron saltar la valla lograron ingresar en el territorio autónomo español y fueron detenidos. Un par de horas después se ve “un trasiego de guardias civiles y de subsaharianos en la puerta A 13, abierta”, y unos furgones blancos marroquíes que se los llevan.
Además de las organizaciones civiles españolas que ya han denunciado esta práctica y ahora piden una investigación, la estadunidense Human Rights Watch (HRW) también ha criticado a las autoridades ibéricas por devolver a los migrantes a los marroquíes sin averiguar primero si requieren de protección internacional. “Al actuar así, la Guardia Civil contraviene las obligaciones de España derivadas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, acusa.
HRW ha documentado que muchos de los migrantes devueltos por España a Marruecos son maltratados o abandonados en el desierto. Inclusive ha recabado testimonios de menores golpeados por guardias marroquíes frente a funcionarios españoles que acaban de expulsarlos. Por lo tanto, ha instado al gobierno de España a “poner fin al retorno forzoso a Marruecos”, hasta que ese país “esté en condiciones de proteger de manera sistemática a solicitantes de asilo y refugiados, y de ofrecer un trato humano a los migrantes”.
El delegado del gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, asegura que las fuerzas de seguridad “cumplen la ley a rajatabla”, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inclusive amenazó con demandar a quien sostuviera lo contrario. Pero la rama melillense de la Asociación Unificada de Guardias Civiles no tiene duda de que estas expulsiones se dan y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió investigar su legalidad.
Hasta ahora nada se ha hecho al respecto. Pero la semana pasada, al calor de la tragedia de Ceuta, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió por primera vez que que puede haber “casos esporádicos” en los que la Guardia Civil expulse “en caliente” a algunos migrantes a través de una puerta de servicio de la valla. Es decir, en contra de la ley.
Sujetas a una presión inmigratoria incesante, Ceuta y Melilla empezaron a reforzar sus fronteras y endurecer sus controles a partir de 2005. Ese año, a raíz del anuncio del gobierno español de que las vallas serían elevadas de tres a seis metros, varias avalanchas de desesperados subsaharianos las asaltaron y aunque hubo detenidos, heridos y por lo menos diez muertos, al final lograron entrar más de 3 mil.
Las vallas entonces no sólo duplicaron su altura, sino se multiplicaron paralelamente por tres, creando una especie de corredor fronterizo. La medida funcionó por un tiempo, lo que se percibió en un cambio de las rutas de los traficantes de migrantes hacia el Atlántico. Cientos de endebles embarcaciones empezaron a llegar a las Islas Canarias; muchas fueron rescatadas a la deriva y otras, de las que no se sabe su número ni cuántos pasajeros llevaban, desaparecieron en la inmensidad del océano.
Controlada esa vía por el patrullaje marítimo en 2011, la presión volvió a Ceuta y Melilla, pero no por tierra sino por mar, a bordo de las mencionadas lanchas inflables. Tomadas por sorpresa las autoridades locales, ese año lograron ingresar a territorio español casi 2 mil inmigrantes, el segundo flujo más alto desde las avalanchas de 2005.
Las famosas concertinas se instalaron después de que en septiembre de 2013 unas seis centenas de subsaharianos se lanzaron simultáneamente sobre Ceuta y Melilla, logrando entrar más de un centenar por la verja melillense y 91 a nado por la playa ceutí. Ahora también se estudia alargar el espigón del Tarajal. Las dos ciudades autónomas recibieron además refuerzos para los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) cuyos agentes son especialistas en el control de masas y, desde junio, patrulla desde el aire un helicóptero con una cámara térmica y un foco giratorio.
Pero más que en sus propios esfuerzos, España ha depositado en acuerdos poco claros con Marruecos el control del flujo migratorio proveniente del sur del Sahara. “¿Cuánto paga Madrid para subcontratar a Rabat como guardia fronterizo?”, se pregunta Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge. Y él mismo se contesta: “Es la opacidad total. Una negociación condiciona otra y no se sabe para qué se da la ayuda ni cuánta”. En todo caso Marruecos cumple. Cada 400 metros a las afueras de Tánger, por ejemplo, hay militares que detienen o extorsionan a los migrantes antes de que alcancen su objetivo.
Estrella Galán, del CEAR, habla de “desesperación” ante una “constante violación de los derechos humanos por parte de las autoridades de Marruecos”, donde los subsaharianos pasan meses antes de intentar el salto. No todos llegan ahí después de penosas y largas travesías, explotados por mafias violentas y rapaces; muchos lo hacen en avión u otros transportes convencionales. El problema es el último paso: cruzar el estrecho de Gibraltar, saltar la valla en Melilla o Ceuta, o quedarse como ilegal en Marruecos y enfrentar la persecución policíaca.
Contrariamente a la percepción de una invasión subsahariana que crean todas estas medidas draconianas de seguridad y los episodios trágicos que se suscitan con frecuencia y gran cobertura mediática, muchos de esos migrantes ni siquiera aspiran a llegar a Europa. De hecho, 80% de ellos no sale de África y de los extranjeros censados en la Unión Europea, sólo 3.5% es del sur del Sahara.
Para muchos se trata de una amenaza ficticia creada por los políticos y los medios, a la que además se le ha dado un equivocado enfoque policial. En un breve comentario en El País, Manuel Rivas escribió el 8 de febrero que al mismo tiempo que se contaban las víctimas en el Tarajal, se reunían en Cracovia los ministros del Interior de seis países europeos, entre ellos el de España, para discutir el refuerzo de las fronteras comunitarias “con el objetivo de mejorar la lucha contra el terrorismo internacional, la inmigración irregular y la delincuencia organizada”.
