En México el principio de justicia pronta y expedita no se respeta para nadie. El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración de los tribunales federales, se sumó al linchamiento público de sus propios impartidores de justicia –algunos de ellos suspendidos y en la incertidumbre laboral– aunque durante años no haya podido demostrar su culpabilidad.
9 febrero 2014 | Jorge Carrasco Araizaga | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- En medio de escándalos mediáticos y presiones políticas por la presunta implicación de jueces y magistrados en sobornos por parte de abogados, empresarios o la delincuencia organizada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, organismo cúpula del Poder Judicial) mantiene suspendidos a varios de ellos y sólo en muy contados casos ha concluido los procedimientos administrativos abiertos en su contra. Y son menos aún aquellos a quienes ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos penalmente.
MÉXICO, DF (Apro).- En medio de escándalos mediáticos y presiones políticas por la presunta implicación de jueces y magistrados en sobornos por parte de abogados, empresarios o la delincuencia organizada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, organismo cúpula del Poder Judicial) mantiene suspendidos a varios de ellos y sólo en muy contados casos ha concluido los procedimientos administrativos abiertos en su contra. Y son menos aún aquellos a quienes ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos penalmente.
El CJF, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, ha decidido la suspensión como medida cautelar y en consecuencia congelar sus ingresos, total o parcialmente, en espera de comprobar las acusaciones. Pero en la mayoría de los casos ni las propias investigaciones del Poder Judicial ni las de la PGR han dado lugar a cargos formales.
En los tres años que lleva la gestión de Silva Meza —la cual acabará en enero de 2015— se han realizado 32 investigaciones contra jueces de distrito y magistrados de circuito. De acuerdo con el propio CJF hay abiertas ocho averiguaciones previas de la PGR contra jueces o magistrados y cinco juzgadores más ya están bajo proceso penal. En el caso de los secretarios de acuerdos hay dos averiguaciones previas y cuatro procesales penales en su contra.
El CJF mantiene abiertos la mayoría de los expedientes debido a la falta de avance en las investigaciones de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, a cargo de Fernando Altamirano Jiménez, quien hasta agosto del año pasado ocupó el mismo cargo en la Suprema Corte.
La Contraloría ha tardado años para hacerse de la información sobre las cuentas de los juzgadores investigados, la cual debe proporcionar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El CJF tiene además un acuerdo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para hurgar en las declaraciones patrimoniales y cuentas personales de los más de mil jueces y magistrados del ámbito federal, pero ni así ha avanzado en sus investigaciones, más allá de los señalamientos públicos.
Las investigaciones de la Contraloría pasan luego a la Comisión de Disciplina del CJF, integrada por los magistrados Juan Carlos Cruz Razo, César Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera, quienes deciden las sanciones y, en su caso, dar vista al Ministerio Público federal. La Comisión, a su vez, se demora en iniciar los procedimientos administrativos para determinar si procede o no la inhabilitación o la destitución.
Cada vez que un juez o un magistrado emiten un fallo contrario a la PGR, sobre todo en los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público federal pregunta al CJF si tiene abierta alguna investigación contra esos juzgadores. Sólo el año pasado hizo 40 de estas peticiones.
CASOS POLÉMICOS
Entre los jueces destituidos está Efraín Cázares López, quien liberó a casi todos los acusados del michoacanazo y ordenó, también, suspender la orden de aprehensión contra el ex diputado Julio César Godoy Toscano, señalado por la PGR como supuesto protector del narcotráfico en Michoacán.
Pero la mayoría de los juzgadores suspendidos desde hace años están a la espera de una resolución del CJF. Hay casos, como los del magistrado Rafael Zamudio Arias y el juez Francisco Martín Hernández a quienes ya se les inició ese procedimiento. Pero ambos esperan una resolución del organismo a cargo de la vigilancia, control y disciplina de los tribunales federales. El Consejo no se ha pronunciado en torno a estos dos casos pese a que las investigaciones llevan más de un año.
La investigación contra Zamudio Arias comenzó en 2012, cuando era titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca. En su sesión del 10 de julio de 2013, el pleno del Consejo decretó la suspensión temporal por todo el tiempo necesario para resolver el procedimiento sancionatorio. El caso está parado.
Zamudio fue el juez que en junio de 2005, en una inusual declaración, habló en nombre de 12 juzgadores del penal de Almoloya que le hicieron frente al entonces gobierno de Vicente Fox, el cual acusó a la justicia federal de obstaculizar la persecución de los narcotraficantes en México.
Zamudio explicó las razones técnicas por las cuales los jueces ordenaban la liberación de personas acusadas de narcotráfico, el traslado de esas personas de penales de máxima seguridad a otros de mediana seguridad u otros beneficios. Una de las liberaciones cuestionadas en ese momento fue la del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Archivaldo Iván Guzmán Salazar, "El Chapito", quien salió bajo fianza pues el delito de encubrimiento —por el cual se le consignó— no se considera grave.
En febrero de 2001 el propio Zamudio otorgó una suspensión provisional para que se pudieran comunicar con sus familiares y visitantes seis de los custodios arraigados como presuntos cómplices de la fuga de "El Chapo" Guzmán, en enero de 2001, del penal de Almoloya.
Fue además quien en 2004 multó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, por no rendir ante la justicia un informe sobre la situación de un detenido por la policía capitalina.
También fue quien amparó a Leocadio Mendoza Olivares, uno de los implicados en el desvío de recursos del sindicato de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000, así como al ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo para no ser detenido en México, a donde había huido luego de ser acusado de corrupción en su país.
EL PATRÓN
Otro caso pendiente del Consejo de la Judicatura es el del juez Francisco Martín Hernández, bajo procedimiento disciplinario por acoso sexual. Estaba adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Jalisco, con residencia en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. La investigación en su contra comenzó en 2012 y en agosto del año pasado el CJF decretó su suspensión temporal como juez por tiempo indefinido.
Un patrón entre los juzgadores suspendidos es su posible vinculación con la delincuencia organizada, difundida de manera oficiosa por la PGR, pero sin que después de varios años de investigación hayan sido consignados. Son los casos del juez de distrito Álvaro Tovilla León y el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano. A pesar de que fueron suspendidos en junio de 2011 y junio de 2012, respectivamente, el CJF ni siquiera ha iniciado proceso disciplinario en su contra.
Con 25 años de carrera judicial, Tovilla León, quien estaba al frente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, inicialmente fue suspendido por el CJF "de manera temporal" y a partir de noviembre de 2011 se prorrogó la medida cautelar "por todo el tiempo necesario". Fue sujeto a investigación a partir de las denuncias de entrega ilegal de dinero a su secretario de acuerdos Esiquio Martínez Hernández.
En septiembre de 2011 el CJF informó que la PGR ya había abierto una investigación contra Martínez Hernández, denunciado por el propio Consejo de la Judicatura y después consignado por el Ministerio Público federal.
Al contrario de las pruebas que pesan contra el secretario del juzgado, formalmente preso por enriquecimiento ilícito, en el caso de Tovilla León el Consejo está atorado. Sus investigadores no explican aún cómo su secretario de acuerdos pudo acumular millonarios recursos sin el conocimiento del juez. Una de las indagatorias apunta a si fue omiso ante la conducta de su colaborador.
CASOS DEL JUEZ TOVILLA
Como juez, Tovilla fue quien ordenó al GDF devolver el terreno de El Encino a un particular. El caso derivó en 2005 en el proceso de desafuero de López Obrador por violar ese fallo judicial. También resolvió a favor de una empresa para construir la Torre Pedregal, en Las Lomas, pese a la oposición vecinal, lo cual dio lugar a acusaciones de soborno.
En 2007, el juzgador ahora suspendido levantó la clausura del casino Paradise, en Monterrey, Nuevo León. Según información filtrada a la prensa por la PGR, al día siguiente de dejar sin efecto la clausura, en la cuenta del juez se depositaron 400 mil pesos. Las mismas versiones le adjudican cinco cuentas con más de 20 millones de pesos, que superan sus ingresos como juzgador. El CJF no acaba de confirmar la alegada responsabilidad de Tovilla en el caso de la protección judicial a los casinos.
En situación similar está el magistrado Luna Altamirano, suspendido en junio de 2012 como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el Distrito Federal. Cuestionado en el propio Poder Judicial por su protagonismo público luego de exonerar del delito de genocidio al expresidente Luis Echeverría y de conceder la extradición del represor ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, el magistrado fue suspendido a petición del propio presidente de la Corte, Juan Silva Meza.
El ministro presidente les dijo a los consejeros que la PGR investigaba a Luna, pero después de un año y ocho meses el CJF no se ha pronunciado sobre el procedimiento administrativo.
Las filtraciones periodísticas lo señalan como lavador del cártel del Norte del Valle, la organización colombiana que negocia con el de Sinaloa. El CJF está revisando sus resoluciones. Entre ellas, la absolución que dictó en 2008 a favor de "El Chapito" y el fallo con el cual liberó en 2010 a Jesús Zambada García, "El Rey" Zambada, hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, socio de "El Chapo" Guzmán.
En 2011 el magistrado absolvió a Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico", y a su novio, el colombiano Juan Diego Espinoza, "El Tigre". También liberó a Arturo Culebro Arredondo, "Tito", supuesto lavador de dinero del cártel colombiano.
Luna Altamirano, quien ya había sido suspendido por hacer declaraciones públicas contra una juez, ha solicitado a la propia Suprema Corte que revoque la suspensión en su contra por considerar que se trata de un acto arbitrario del Consejo.
Fuente: Proceso
