Contrasentido, aprobar una ley que lo impida: Javier Corral
Fuertes resistencias del gobierno, “y de la clase política en general”, a permitir que los ciudadanos expresen su opinión sobre la reforma energética
Andrea Becerril | Periódico La Jornada | Domingo 9 de febrero de 2014, p. 5
Sería un contrasentido aprobar una ley reglamentaria en materia de consulta popular que impidiera preguntar a la gente sobre la reforma energética, advirtió el senador del PAN, Javier Corral Jurado. Hizo notar que hay fuertes resistencias del gobierno, “y de la clase política en general”, a permitir que los ciudadanos expresen su opinión en torno a las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y lo más probable es que la controversia llegue hasta la Suprema Corte de Justicia.
El senador agregó que la forma “sigilosa y entre muy pocos” en que se está procesando el paquete de la legislación secundaria de la reforma energética, “fortalece aún más” la necesidad de convocar a una consulta popular, en la que los mexicanos expresen su postura sobre el futuro de la riqueza petrolera del país.
El legislador panista, quien presidía la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados cuando se reformó el artículo 35 constitucional –para dar paso a la consulta popular– dijo que los argumentos de que no puede ponerse a discusión la reforma energética por ser un tema de ingresos, “sólo son marrullerías”.
Sostuvo que “es clarísimo que la reforma energética no es intrínsicamente de contenido fiscal, y sostener lo contrario sólo por el tema de ingresos que pueda traer la inversión privada al Estado o por la vía de los gastos que realice Pemex, es una interpretación que se sale del espíritu del Constituyente”.
Las excepciones contenidas en el artículo 35 de la Carta Magna, precisó, son la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos, “de lo contrario, ninguna legislación en México sería susceptible de consulta y estaríamos entrando en una enorme hipocresía y simulación frente a lo que es una realidad: la gente quiere participar de esta decisión”.
Expresó que es también una falacia sostener que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de consulta, e insistió en que no tiene la menor duda de que el artículo 35 constitucional posibilita que los ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo con las modificaciones en materia de hidrocarburos y electricidad, que aprobó el Congreso.
Destacó que hay colectivos importantes, como El grito más fuerte, en el que confluyen personalidades de la cultura, que han lanzado y reivindicado el derecho a ser consultados, a que el Estado pregunte su opinión, y por ello el Senado está obligado a perfeccionar la minuta que le mandaron los diputados sobre la legislación secundaria en esa materia.
“Quienes estamos en favor de una ley de consulta popular, no podemos más que estar en favor de que se realice una consulta sobre la reforma energética. Ni modo que digamos: vamos a sacar esta ley, a perfeccionarla y luego decir, paso siguiente, no se aplica para la reforma energética”.
Sería una gran “hipocresía”, insistió, que el Senado apruebe una ley de consulta popular, “con candados”, frente a una realidad, que es el deseo de los mexicanos de participar en la decisión sobre el futuro del petróleo.
“Estoy en favor de una consulta que le imponga al Congreso la obligación no sólo ética, sino moral y jurídica, vincultoria, de corregir la reforma energética y mejorarla.”
Refrendó su preocupación ante la posibilidad de que se repita el escenario de diciembre, cuando se aprobó la reforma energética, y se pretenda aprobar a toda prisa, sin discusión, las leyes secundarias. Reveló que distribuyó el jueves pasado entre sus compañeros de bancada, el documento del Instituto de Estudios para la Transformación Democrática, que preside Ricardo Becerra, en el que se demanda al Congreso que esta vez sí haya discusión seria y profunda.
Corral señaló que no se puede obviar la deliberación pública, abierta y genuina de la legislación secundaria, “donde deben estar los candados, los controles, los mecanismos de transparencia, las medidas anticorrupción, las formas de asignación de contratos, los deberes de las nuevas autoridades en el sector energético”.
Fuente: La Jornada
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