4 febrero 2014 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) alertó a la Presidencia de la República y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sobre una “crisis alimentaria” en la Montaña de Guerrero. Dicha crisis –precisó en una misiva– se desencadenaría entre marzo y abril si no se atienden las necesidades reales de los damnificados de los huracanes Manuel e Ingrid, ocurridos hace cuatro meses.
La Red TDT envió la carta a Peña Nieto y Robles Berlanga en momentos en que los damnificados de la región más pobre de Guerrero, y una de las más pobres del país, se manifestaban en la ciudad de Tlapa y con un bloqueo carretero encabezado por integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, quienes en noviembre del año pasado acudieron a la Sedesol a entregar una propuesta de reconstrucción y atención alimentaria.
Ante la propuesta presidencial del año pasado de incorporar a varias dependencias en el rescate de las zonas afectadas de Guerrero, las 74 organizaciones afiliadas a la Red TDT demandaron al gobierno federal hacer públicas “las acciones para hacer frente a la crisis alimentaria que se avecina en la Montaña de Guerrero”.
Las organizaciones exigieron reanudar el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, que en su momento presentó a la dependencia que encabeza Robles propuestas “con perspectiva de derechos humanos y etnicidad”, pero las conversaciones no se retomaron.
En la misiva, la Red TDT detalló que el Consejo de Comunidades propuso a la Sedesol que el gobierno federal abasteciera de granos básicos a las comunidades afectadas, propuesta que cuenta con “pleno asidero en el marco jurídico nacional e internacional vigente, la cual busca romper con los patrones de políticas asistencialistas”.
Las organizaciones consideran que si atiende esa demanda básica, el gobierno de Peña Nieto estaría “implementando una medida extraordinaria de protección de sus derechos (de los damnificados), que al garantizar suficiente alimento permita dar paso a la reconstrucción de sus comunidades activamente y con mecanismos de participación adecuados”.
En la carta, los firmantes lamentan que el Consejo de Comunidades no haya sido incluido en el diseño de las acciones encaminadas a la reconstrucción del estado, y para lo cual el gobierno federal calcula destinar más de 30 mil millones de pesos en obra pública, de acuerdo con la información publicada en la página de la Presidencia bajo el título “Acciones para un Nuevo Guerrero”.
“En la Montaña de Guerrero, estas medidas bien pueden diseñarse con base en la propuesta del Consejo de Comunidades Damnificadas que, en el contexto de los fondos que se han anunciado para el Plan Nuevo Guerrero, no representa ni siquiera el 2% de los montos anunciados”, se menciona en la carta.
De acuerdo con el Plan Nuevo Guerrero, las baterías del gobierno federal se dirigirán hacia las principales ciudades de la entidad – Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuanatejo y Taxco– para fortalecer su infraestructura carretera, de agua potable y drenaje, y salud.
De manera general se habla de incentivar al campo con recursos para especies y cultivos no asegurados, “así como inversión en infraestructura y equipamiento”.
Para las zonas más empobrecidas, se plantea “establecer proyectos sociales que incentiven la participación ciudadana y el aumento en productividad a través de comedores comunitarios, proyectos de vivienda rural e inclusión de las mujeres en los proyectos productivos, así como proyectos que fortalezcan la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
También se habla de “programas de reforestación y restauración de suelos”, en tanto que en materia de vivienda se “buscará la rezonificación y reconstrucción de casas habitación para albergar a la población afectada”.
Los objetivos mencionados por la Presidencia van encaminados sobre todo al fortalecimiento de la industria turística (clubes de playa públicos), comunicaciones (ampliar “la red de fibra óptica y los puntos de acceso en escuelas, hospitales, ayuntamientos y otros sitios públicos”), a consolidar la reforma educativa (escuelas de tiempo completo) y a afianzar la militarización (se construirá un “batallón de infantería y una unidad habitacional que se ubicarán en Coalcoman, cerca de Arteaga, Lázaro Cárdenas”, municipio de Michoacán).
Luego de lamentar que no haya datos que confirmen la intención de la Sedesol por continuar con el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas, la Red TDT insiste en que se expongan los planes del gobierno federal para atender la eventual crisis alimentaria.
En la carta a Peña Nieto y a Robles Berlanga, las organizaciones solidarias con los pueblos indígenas solicitan reanudar “el diálogo entre la Sedesol y el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, a efecto de que se adopten medidas antes de que se desate en marzo y abril la crisis alimentaria anunciada”.
La Red TDT está integrada por 74 organizaciones de 20 estados de la República, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, entre otros.
Fuente: Proceso
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