El gobierno prepara una reforma que afectará el sistema de salud y seguridad social. Su idea es fundir el Seguro Popular con el IMSS y el Issste, pero, a diferencia de estas dos últimas instituciones, que hoy atienden todos los padecimientos, el nuevo seguro estará limitado a un número reducido de intervenciones. Los asegurados deberán pagar por la atención no incluida en el seguro, por lo que se recortarán derechos a los afiliados al IMSS e Issste.
La reforma busca trasladar fondos públicos a empresas privadas que ofertarán servicios del seguro reducido. La experiencia internacional muestra que estas empresas limitan y retardan la atención, y rechazan a pacientes que padecen enfermedades “costosas”, como las crónicas. En resumen, la reforma niega el derecho a la salud, amplía el mercado privado y reduce la atención, lo que sólo puede profundizar las ya de por sí grandes desigualdades en el acceso a la atención.
Quienes suscribimos esta carta defendemos que la salud es un derecho, no una mercancía. Nuestras instituciones de salud son patrimonio de todos y deben ser defendidas y fortalecidas. Necesitamos un sistema de salud público, equitativo y gratuito, basado en la defensa de la vida digna, respetuoso de las distintas culturas, en el que todo ciudadano pueda hacer uso de servicios ilimitados en cualquier parte del territorio nacional.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a organizarse, y a adherirse al pronunciamiento público que publicamos en http://wp.me/P4imAt-f
Asa Cristina Laurell, Ana María Carrillo, Anabel Citlalli López Gómez, Oliva López Arellano, J Enrique Cruz, Rafael González Guzmán, Lucrecia Hernández Mack, Catalina Eibenschutz, Carolina Tetelboin Henrion, Juan José García García y María del Pilar Paz Román y 20 firmas más
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
