MÉXICO, D.F.(apro).- A nombre de Enrique Peña Nieto, el gabinete de seguridad nacional encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumplió en Michoacán con el ritual de la simulación para mantener intocado lo fundamental: Las complicidades entre el poder político y el crimen organizado.
13 enero 2014 | Álvaro Delgado | Proceso
Resguardados en Morelia de la violencia cotidiana, de los asesinatos, extorsiones, secuestros, robos, violaciones y toda forma delincuencial que se ha instalado en el territorio michoacano, Osorio y el séquito de burócratas federales desahogaron el rutinario trámite de las promesas y regresaron a la Ciudad de México a seguir la fiesta.
Resguardados en Morelia de la violencia cotidiana, de los asesinatos, extorsiones, secuestros, robos, violaciones y toda forma delincuencial que se ha instalado en el territorio michoacano, Osorio y el séquito de burócratas federales desahogaron el rutinario trámite de las promesas y regresaron a la Ciudad de México a seguir la fiesta.
El rimbombante “Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán” se resume en míseras acciones: La presencia federal en la región de Tierra Caliente; el recorrido que hará, de vez en cuando, el infectado gobernador Fausto Vallejo por los municipios de la zona, como Apatzingán –epicentro de Los Caballeros Templarios–, y la promesa de que ahora sí se aplicará la ley.
Más que tranquilos y esperanzados, los michoacanos, y todos los que habitamos México, deben estar alarmados y enfurecidos por esta nueva tomadura de pelo del gobierno de Peña, que el 1 de agosto del año pasado ya había firmado un acuerdo (“Encuentro por Michoacán”) que sólo sirvió para mediatizar el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y uno de sus escoltas, el 28 de julio.
En medio de una crisis de violencia, aunque sin la presencia aún de las autodefensas que desde entonces se multiplicaron, y cuando era gobernador interino Jesús Reyna –señalado como cómplice de Los Caballeros Templarios–, Osorio prometió lo mismo.
En la sede de la Secretaría de Gobernación, frente a representantes de todos los sectores y clase política de Michoacán, ofreció que las fuerzas federales (Ejército, Marina y Policía Federal) permanecerían en el estado hasta devolverle paz y tranquilidad a sus habitantes y hasta que tenga las instituciones y la capacidad en materia de seguridad para enfrentar a la delincuencia organizada.
“Vamos a ir municipio por municipio, comunidad por comunidad, a devolverles la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”, puntualizó Osorio, quien casi seis meses después, este lunes 13 admitió implícitamente el contundente fracaso del gobierno federal.
Aunque cumplió con la retórica contra la inseguridad –“vamos a hacer nuestro trabajo de manera severa e inflexible; para la delincuencia, ninguna consideración”–, Osorio se ocupó más de los grupos de autodefensa para exhortarlos a que se desarmen, “regresen a sus lugares de origen”, denuncien anónimamente a los criminales y puedan aspirar a ser policías.
La omisión fundamental del gobierno federal en Michoacán, como en todo el país, es el ataque a las redes de complicidad que tienen los grupos criminales con el poder político local y federal, que les garantiza la total impunidad para sus actividades contra la sociedad inerte.
En Michoacán son sabidas estas relaciones desde los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, ambos perredistas, pero han emergido mayores indicios de la relación del gobierno de Vallejo con Los Caballeros Templarios, cuyo secretario de Gobierno –y temporalmente gobernador interino–, Jesús Reyna, tendría inclusive parentesco con Servando Gómez, La Tuta, líder de ese cártel.
Más aún, apenas el columnista Ciro Gómez publicó en el diario Milenio un comprometedor informe, elaborado en marzo de 2012 por Juan García Bravo, asesor del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Elías Álvarez Hernández, en el que se detallan dos reuniones secretas de Jesús Reyna, jefe de campaña de Vallejo, con La Tuta, en el municipio de Tumbiscatío, antes de las elecciones de gobernador, en 2011.
En esas reuniones, según el documento, se pactó la operación electoral del grupo criminal a favor de los candidatos priistas y del Partido Verde, entre ellos Vallejo, algo que denunció Luisa María Calderón, la candidata panista a la gubernatura.
Aunque en el documento publicado por Gómez no se habla del apoyo de Los Caballeros Templarios a la campaña presidencial de 2012, sí alude a planes para apoyar al PRI en las elecciones estatales de 2015, y no es aventurado afirmar que intervinieron a favor de Peña.
¿Por qué el gobierno de Vallejo no ha frenado la actividad criminal de Los Caballeros Templarios? Por las complicidades, claro. ¿Por qué no lo hará tampoco Peña y su gobierno? Por la misma razón. Lo demás, como la visita del gabinete de seguridad a Morelia, es sólo simulación…
Apuntes:
La expresión involucra también al propio Ernesto Cordero y muchos en el PAN: ¡pinches ladrones!
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
