Hubo violaciones al proceso e irregularidades que ponen en riesgo la soberanía, afirman
Andrea Becerril | Periódico La Jornada | Sábado 25 de enero de 2014, p. 13
Legisladores del Partido del Trabajo (PT), encabezados por el senador Manuel Bartlett, presentarán la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de amparo en contra de la reforma energética, con el argumento de que hubo violaciones subsecuentes a todo el proceso legislativo y graves irregularidades que ponen en riesgo la soberanía nacional y la independencia del país.
En conferencia de prensa, Bartlett y el asesor jurídico de ese partido, Jaime Cárdenas, detallaron cuatro violaciones al procedimiento y 11 de fondo, entre éstas últimas que bajo el nuevo régimen de contratos México pierde el control de sus recursos energéticos y tiene que compartir la renta petrolera con trasnacionales.
Asimismo, la reforma “violenta la soberanía nacional, porque los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano –especialmente el de América del Norte– protegen las inversiones extranjeras e impiden que las normas nacionales puedan regularlas, y todas las controversias con las petroleras multinacionales serán dirimidas fuera del país”.
Comentaron que su argumentación es por completo distinta a la que esgrimieron un grupo de intelectuales, que también demandó un amparo contra la reforma energética, ya que se centran en las violaciones al procedimiento legislativo que se llevó a cabo con toda celeridad, sin permitir que se discutiera una reforma de esa magnitud, que abre la puerta a la privatización total del petróleo y la electricidad.
Sin competencia
Bartlett recalcó que el Constituyente Permanente –las cámaras del Congreso, las legislaturas locales y el Ejecutivo federal– no tienen competencia para aprobar una reforma de esa magnitud, y debió hacerlo un Constituyente originario.
Hizo notar que PRI y PAN modificaron en la madrugada –del 10 de diciembre– el dictamen, sin discutirlo en comisiones, y lo pasaron directamente al pleno. “Se trató de un texto, al que llamaron adendum”, donde se vio la mano de los intereses extranjeros y sus abogados, para ir a fondo en la privatización.
Hubo además “una celeridad inusitada en los congresos locales”, ya que en la mayoría de los estados se omitió la discusión en comisiones, para pasar el dictamen directamente a su votación en el pleno. En algunos casos su aprobación tomó tan sólo tres, siete o 10 minutos”, pese a que se trató de un documento de 300 páginas.
Otra violación al procedimiento legislativo, detalló, fue que la iniciativa no contó con el impacto presupuestal que tendrá, y aunado a ello la declaratoria de la reforma no la formuló la Comisión Permanente.
El senador petista recalcó que por todas esas “barbaridades”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe considerar “nula de pleno derecho” esa reforma, cuya aprobación fue “un escándalo y una vergüenza”.
Bartlett agregó que van a demostrar que tal como se aprobó esa reforma, es un virtual golpe de Estado, ya que “un grupito de dirigentes se reunió con Peña Nieto y acordaron cambios que van en en contra del espíritu de la Constitución”.
Se violenta, ejemplificó, el artículo 27 constitucional, ya que se prevé un régimen de contratos, asignaciones y licencias contrario al contenido del mismo, por el que México perderá el control de sus recursos energéticos, mismo que pasará a manos extranjeras.
A su juicio, el Presidente de la República puede ser acusado de traición a la patria, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal.
Por su parte, el responsable jurídico del PT, Jaime Cárdenas, explicó que en caso de que la Corte “sólo responda a consignas y no dé entrada a esta demanda de amparo, recurrirán a instancias internacionales y a la impugnación de cada contrato”. Advirtió que de no revertirse la reforma, existe el riesgo de conflictos sociales.
Cárdenas Gracia explicó que en el contenido del amparo se pide la derogación del artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo, donde se establece que ese recurso es improcedente contra reformas a la Constitución.
“El juicio de amparo es el único mecanismo que tenemos los mexicanos para someter a revisión el cambio de una norma constitucional, por ello pedimos que se derogue”, indicó.
Fuente: La Jornada
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