Gustavo Leal F.* | Opinión-La Jornada
El 5 de junio de 2013, después de cuatro años, Renato Sales, subprocurador de Control de Procesos de la PGR, anunció que investigará si el incendio de la bodega contigua a la guardería ABC fue provocado para destruir documentos de una presunta deuda del gobierno de Sonora”. Cualesquiera que fuera la naturaleza y/o intencionalidad del incendio, su impacto operó sobre un desorden imperante en la guardería, derivado del desempeño del modelo con que subroga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El listado de responsables institucionales directos es claro.
Daniel Karam, entonces director general del IMSS, buscó esquivar el problema de fondo. Asiéndose de las medidas de protección, intentó alejar la responsabilidad directa del instituto que deriva del modelo-contrato de subrogación, diseñado por Santiago Levy.
El diagnóstico elaborado por Genaro Borrego para Ernesto Zedillo (1995) sostenía que “el gasto de operación mensual promedio por niño en 1994 para el esquema ordinario fue de mil 525 pesos y el del esquema participativo de 629 pesos”. Y agregaba: “Al compararse los costos puede concluirse que existen ciertas insuficiencias asociadas a los modelos tradicionales del IMSS Ordinario. La explicación a los altos costos se encuentra en el peso de los servicios de personal”. ¡Justamente lo que garantiza calidad en las guarderías del IMSS, como se mostró en Hermosillo!
En 2003, Levy se ensañó con los prestadores modificando unilateralmente el contrato de subrogación que, con menor costo, disminución de la cuota por niño, reducción de empleados, tipo de alimentación y horario de servicio, comprometía la calidad. Y la “nueva normatividad” de 2005 –bajo la responsabilidad de Evelyn Rodríguez– expandió la “cobertura” sin calidad y con riesgo para los infantes.
Con Juan Francisco Molinar Horcasitas ese modelo de subrogación, ahora como “licitaciones”, campeó desde la Coordinación de Guarderías. Hasta que, después de la tragedia, Karam –por primera vez– pospuso la “licitación” de 78 estancias. Karam evitó siempre asumir que los padres que encargaron a sus hijos en Hermosillo pagaron directamente su cuota al IMSS y no a la guardería ABC. Fue ese IMSS el que subrogó en 2001, desde sus oficinas centrales, el servicio que culminó en tragedia.
Después de Hermosillo la Asociación Nacional de Guarderías comunicó que lo ocurrido “invita” al IMSS y al personal que labora en estancias subrogadas a la “reflexión y a una autoevaluación”, porque en los años de Molinar se incorporaron por “licitación” 200 nuevas guarderías. A partir de la tragedia, insistían, “la situación puede cambiar”. Desde 2006 presentaron una propuesta de reorganización del servicio, nunca atendida. Porque bajo el esquema de contratación por “licitaciones” se aprecia que, buscando ganar el concurso, los prestadores hacen ofertas que siguen abatiendo la calidad.
Así que, en primer término, la tragedia se desató por la responsabilidad directa de Santiago Levy, director del IMSS, quien en 2003 sometió a la consideración y aprobación del Consejo Técnico un modelo de subrogación, luego avalado por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) del panista Eduardo Romero.
El 29 de julio de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló en su primer informe sobre la guardería ABC que “dueños y autoridades causaron la tragedia de Hermosillo” y el 3 de agosto recomendó enfáticamente al IMSS una “revisión inmediata de las condiciones físicas y legales en que operan las subrogadas en todo el país”. Para ella, la tragedia pudo haberse evitado “si se hubiera contado con el personal requerido”, violación que propicia la normatividad del contrato-Levy. El IMSS, agregó, incurrió en acciones y omisiones violatorias de los derechos humanos y en “inobservancia” de Normas Oficiales Mexicanas.
También afirmó que el día de los hechos “el personal de la guardería fue insuficiente e ineficiente en la evacuación de los menores”, concluyendo que “de haberse contado con más personal en el momento del siniestro, hubiera ayudado a las labores de rescate de los menores y eventualmente salvar más vidas”. Además, en la recomendación 49/2009 destacó que los dueños y responsables de la guardería “actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos del IMSS”.
La CNDH acredita que el 5 de junio en la guardería laboraban menos de 50 por ciento del personal: 14 de 40, que además no disponían de la preparación adecuada.
¿Por qué? Por el contrato de subrogación que diseñó Levy (2003), autorizó el Consejo Técnico del IMSS y avaló la Secodam. He ahí el origen y los tramos administrativos de responsabilidad directa institucional.
Consejo Técnico. Sus lineamientos operativos lo facultan para crear los comités que considere necesarios. Hoy día existen seis. Entre ellos, el de Prestaciones Económicas y Sociales, que “supervisa, evalúa y en su caso adecua las políticas del instituto respecto de las prestaciones sociales y administración de guarderías”. Con esas facultades, ese Consejo Técnico opinó y autorizó el modelo (y contrato) de subrogación propuesto por Levy en 2003. Su competencia es directa y a ella debe responder.
Secodam. Por la gravedad de los hechos ocurridos, es indispensable que la Secretaría de la Función Pública haga pública la participación de la –entonces– Secodam, al avalar u otorgar el visto bueno, en términos de la ley respectiva, para adjudicar directamente los contratos de guarderías. Su competencia también es directa y a ella debe responder.
Pero, sorprendentemente, a finales de 2013, el Senado reformó la ley del IMSS para que “dos o más patrones contraten servicios para el cuidado de los bebés de sus trabajadores”, subrogación que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social reprobó inmediatamente. ¿Y las víctimas de ABC?
