"Un elevado número de cuestionarios no fue respondido”
Laura Poy Solano | Periódico La Jornada | Sábado 21 de diciembre de 2013, p. 38
Los resultados del Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial revelan que en el país son miles los docentes que se oponen a la reforma educativa, y que “en los hechos” se trata de una modificación administrativa que “se quiere imponer a cualquier costo, incluso con la amenaza”, afirmaron dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En entrevista por separado, señalaron que el rechazo a las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como parte de las modificaciones al artículo 3 y 73 constitucionales, no sólo se concentran en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, pues, aseguraron, en Veracruz, Campeche, Baja California, Zacatecas y Jalisco, “hay un número elevado de cuestionarios que no fueron contestados”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la SEP dieron a conocer que del total de centros de trabajo, en al menos 24 mil 242 no se permitió el ingreso de los encuestadores, por lo que se dejó de censar a 157 mil 480 integrantes del servicio educativo, lo que representa 7.3 por ciento del total. Aseguraron que con este tipo de sondeos “sólo se busca mantener un control total del magisterio”.
Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, que agrupa a más de 65 mil maestros de prescolar, primaria y educación especial, aseguró que la advertencia de Emilio Chuayffet Chemor, titular de la SEP, de que se dejará sin pago de sueldo a los maestros que no sean censados, “confirma lo que hemos denunciado de forma insistente: se trata de una reforma administrativa y punitiva”.
Juan Melchor, integrante de la dirección política de la CNTE y de la sección 18 de Michoacán, destacó que la “amenaza nunca ha funcionado para establecer mecanismos de diálogo que permitan construir propuesta, y Chuayffet Chemor no ha tenido otra respuesta que la coerción”.
Se trata, dijo, de “cerrar una pinza; pretende disminuir al mínimo el número de docentes en resistencia para poder imponer las sanciones administrativas y los ceses. Es el miedo y no la razón o el convencimiento lo que obligó a un sector de los maestros a participar en el censo, pues la SEP aplicó todos los mecanismos a su alcance para presionar a los maestros”.
Los dirigentes coincidieron en que la autoridad educativa “sabe perfectamente quiénes somos, dónde laboramos, y qué salario se nos paga; es información que cada año se actualiza a través del cuestionario 911”.
Fuente: La Jornada
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