2 julio 2017 | Álvaro Delgado y Gabriela Hernández | Proceso
A su llegada al gobierno poblano, Rafael Moreno Valle creó una instancia estatal de espionaje –con equipo comprado a Hacking Team– y se la encargó a Eukid Castañón, quien a su vez contrató a un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para la operación del sistema. Éste resultó tan efectivo que nadie escapó de ser fisgado… ni el mismo gobernador y su esposa. El mecanismo presuntamente sigue en uso, aunque no se sabe a quién se dirige la información que extrae de los dispositivos electrónicos intervenidos en forma ilícita. Estas son las prácticas de quien aspira a gobernar a los mexicanos en 2018.
PUEBLA, PUE.- Desde que arribó al gobierno de Puebla y comenzó a construir su proyecto presidencial, en febrero de 2011, Rafael Moreno Valle creó un sistema de espionaje contra adversarios políticos y sociales del que fueron víctimas inclusive él mismo y su esposa, Martha Erika Alonso, quien ambiciona ser también gobernadora.
Nadie se salvó en Puebla del fisgoneo ilegal del expriista Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), quien compró a la empresa italiana Hacking Team equipo que infecta con un virus teléfonos y computadoras para extraerles la información que alojan.
Al frente del entramado para el espionaje, colocó al actual diputado federal panista Eukid Castañón Herrera, quien a su vez llevó a Puebla como su operador a Joaquín Arenal Romero, exsubdirector de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fallecido apenas el 6 de junio.
“Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar este equipo de inteligencia”, revela a Proceso Fernando Manzanilla Prieto, el primer secretario de Gobierno de Moreno Valle, quien asegura que éste le dio a su controvertido operador político y financiero todas las facultades para crear un equipo de espionaje que, se presume, sigue activo pese a que ahora el gobernador es Antonio Gali.
Entre los políticos de Puebla persiste la sospecha de que el espionaje sigue, pues nadie ha informado sobre el destino que tuvo el equipo que el gobierno de Moreno Valle compró a Hacking Team.
“No sabemos si Moreno Valle se lo llevó, dónde está o qué hizo con ese equipo”, señala la exdiputada federal perredista Roxana Luna, excandidata a gobernadora. Ese equipo, dice, “debió ser usado para vigilar y combatir a la delincuencia; es un hecho que no fue el uso que se le dio”.
Enrique Doger, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, denunció como diputado federal priista, en 2014, que Moreno Valle tenía una red de espionaje, encabezada por Eukid Castañón. Y después recibió en su oficina, de manera anónima, un sobre con información “muy concreta” que le advertía que su teléfono celular había sido “clonado”.
Y en esa información que recibió, que incluía una memoria usb con decenas de archivos de audio de sus conversaciones con distintas personas, se establecía que Eukid Castañón encabezaba la red de espionaje y Joaquín Arenal era el operador.
“Paralelo con esto –recuerda Doger– familiares míos empezaron a recibir fotografías y conversaciones que venían de mis chats. Les decían por ejemplo a mis hijas: ‘tú papá está haciendo esto’, y les enviaban fotos que sólo podrían haber salido de mi celular”.
Doger refiere que todo esto ocurrió cuando había manifestado su intención de buscar la gubernatura y asume que estas filtraciones hacia su familia eran una especie de advertencia. Denunció el caso en la Cámara de Diputados y días después su oficina fue allanada.
Moreno Valle, espiado
Moreno Valle se convirtió en el primer gobernador no priista de Puebla, luego de ganar las elecciones, en 2010, postulado por una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Nueva Alianza, creado por Elba Esther Gordillo, su mentora política.
A cinco meses de su toma de posesión, el 3 de agosto de 2011, Moreno Valle creó el Centro de Análisis Prospectivo (CAP), un órgano adscrito a la Secretaría de Gobierno a cargo de Manzanilla Prieto, su cuñado, quien emitió el reglamento respectivo tres meses después, el 31 de octubre.
El CAP se definió como la instancia responsable de “recabar, integrar, sistematizar, analizar, interpretar y resguardar la información relevante que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los diversos actores sociales, para ponerla a disposición de las instancias responsables de la toma de decisiones, contribuyendo en ello a preservar la gobernabilidad y la paz social”.
Como director general del CAP fue designado Héctor Javier Arrona Urrea, mientras que en la Dirección de Servicios Técnicos se designó a José Antonio Celorio Mansi y en la Dirección de Información se colocó a Abraham Sánchez, cuyo brazo derecho era Arenal Romero.
Según el reglamento del CAP, la Dirección de Información tenía entre otras atribuciones la “recopilación, integración, análisis y resguardo de información, así como elaborar estudios de carácter estratégico que permitan alertar sobre riesgos, amenazas y oportunidades a la gobernabilidad y seguridad del estado”.
Pero pocos meses después, en junio de 2012, el espionaje al periodista Rodolfo Ruiz, director del diario digital e-consulta, puso al descubierto la maraña de esta actividad ilegal en Puebla, que involucraba a numerosos actores políticos y sociales, incluido el propio gobernador y hasta a su esposa, Martha Erika Alonso.
En efecto, en junio, Ruiz denunció no sólo el boicot publicitario e informativo contra él y su medio –como varios–, sino que él y su familia eran víctimas de acoso por el gobierno, cuyos espías han entrado a su casa y a la escuela de sus hijos.
“Hay una persecución abierta que va más allá del espionaje”, dijo el periodista, propietario del medio digital e-consulta, con presencia también en Tlaxcala y Oaxaca, y autor de la columna “La corte de los milagros”, quien tuvo que presentar denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) (Proceso 1872).
Como consta en la averiguación previa 051/FEADLE/2012, dos mujeres, que resultaron ser espías del gobierno, solicitaron información sobre la familia en el colegio de los hijos de Ruiz, en cuyo domicilio entregaron también un ramo de flores, y a esto se sumó el robo que sufrió el Centro de Estudios Consultivos, una empresa de la que el periodista es socio, quien al mismo tiempo era seguido por Arenal.
El 8 de junio de ese año, Ruiz se reunió con el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, quien le dijo que tenía instrucciones de Manzanilla de esclarecer el caso, pero que éste “se había molestado cuando se le informó que las personas que se investigaban trabajaban para áreas de la Secretaría General de Gobierno”.
“Me indicó –afirma Ruiz– que éste era el segundo asunto que se presentaba en la Agencia de Delitos de Alto Impacto, pues antes de mi caso se presentó uno similar con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Fernando Rosales, director general de Delitos de Alto Impacto, dijo que desde que se inició la investigación él supuso que se trataba de personas que laboraban en el gobierno estatal, pues mi caso es muy similar al que se había presentado en abril de este mismo año con personas que fueron detenidas por personal del presidente municipal al percatarse que los seguían. También trabajaban en el gobierno del estado.”
Ruiz se reunió también con Manzanilla, el 12 de junio, quien le confirmó que, en efecto, los espías eran del gobierno del estado y que por esa razón había sido despedido Abraham Sánchez como director de Información del CAP.
Según la declaración de Ruiz en la averiguación previa, Manzanilla le informó que a Sánchez se le encontraron “fichas de diversos personajes públicos, entre ellos Marta Érika Alonso”, esposa del gobernador, y aseguró que fue Arrona el que le ordenó “la elaboración de fichas de diversos personajes públicos”.
“Fernando Manzanilla me dijo que a la reunión también fue convocado Héctor Arrona Urrea, a quien se le pidió informara por qué personal adscrito a su área hacía tareas de seguimiento, cuando éstas no formaban parte de los protocolos del Centro de Análisis Prospectivo. El secretario de Gobierno me dijo que Arrona dijo desconocer que estas personas estuvieran haciendo investigaciones de campo y que si así fuera, esas no eran las instrucciones que él había dado.”
Declaró Ruiz ante la PGR: “Manzanilla me dijo que Abraham Sánchez, al ser cuestionado sobre el porqué había seguido al deponente, manifestó que esa orden la había recibido de Héctor Arronte, quien también le había ordenado la elaboración de fichas de diversos personajes públicos”.
Eukid, jefe de los espías
Consultado al respecto, Manzanilla alega que desde entonces Eukid Castañón manejaba el espionaje con personal del CAP que estaba impedido legalmente de hacerlo, como lo acredita el propio reglamento.
Según él, “Abraham Sánchez no espiaba por instrucciones de Arrona, que finalmente no tenía equipo ni experiencia en eso, sino que hacía tareas para el equipo de espionaje que estaba armando Eukid Castañón, bajo la coordinación de Joaquín Arenal”.
De hecho, asegura, Sánchez fue dado de baja después del espionaje al periodista Rodolfo Ruiz, “ya que el CAP no estaba autorizado para hacer labor de campo de ninguna naturaleza y menos de ese tipo”.
Y afirma: “Sánchez operaba directamente para Arenal, no por instrucciones de Arrona, sino de Eukid. Y sí, Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar ese equipo de inteligencia con Eukid”.
Manzanilla renunció a la Secretaría de Gobierno el 4 de abril de 2013 y lo sustituyó Juan Maldonado Venegas, actual diputado federal del PRD, compañero de legislatura de Eukid Castañón, miembro de la bancada del PAN. Ambos expriistas, militaron también en Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.
Castañón no se incorporó al gabinete de Moreno Valle debido al escándalo de su amigo Greg Sánchez, el alcalde de Cancún encarcelado por presuntos actos de corrupción, y entre 2011 y 2012 presidió el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, un organismo subsidiado por el gobierno.
Con un presupuesto de casi 18 millones de pesos, usados supuestamente para afiliar a 80 mil panistas y para equipo, vehículos y personal para hacer las labores de espionaje.
A finales de 2012, después de que no consiguió una curul de diputado federal plurinominal, se incorporó como subsecretario de Gobierno con Manzanilla, quien renunció al cargo en abril de 2013. En la elección local de ese año, ambos fueron candidatos propietario y suplente en la fórmula para una diputación local.
Pasada la elección, Castañón fue designado contralor del estado y hubiera querido seguir en el cargo de no ser porque Manzanilla, alegando razones personales, no rindió protesta como diputado local y lo debió sustituir Castañón.
Fue precisamente en 2013 cuando, desde la oficina del gobernador Moreno Valle –y no desde instancias de seguridad, como en otros estados–, se adquirieron equipos de espionaje a Hacking Team, como consta en los documentos difundidos por Wikileaks en 2015.
Al gobierno de Puebla le fue cotizado un “Sistema de Control Remoto Galileo” en 155 mil dólares, equivalente entonces a 2.4 millones de pesos, si bien destinó en total más de 8 millones de pesos. El intermediario para la compra del equipo fue la empresa Grupo Kabat.
Según su página de internet, se trata de un grupo integrado por cinco empresas “mexicanas de origen israelí, que fue fundado con el único propósito de trabajar de la mano con la ciudadanía, las comunidades y todas las expresiones de la sociedad civil para prevenir las diferentes modalidades delictivas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de nuestros clientes”.
Y añaden: “Somos un grupo de empresas con experiencia tecnológica, táctica y operativa. Habiéndonos consolidado como distribuidores autorizados en México de las marcas más importantes en materia de seguridad, y certificados por la institución de seguridad federal y estatal. Empresa mexicana con más de 8 años de experiencia en el mercado, que conjuga la experiencia de sus fundadores con la asesoría de exmilitares mexicanos, así como la adaptación y aplicación táctica a las necesidades del mercado nacional”.
Según la documentación de Hacking Team, que está en Wikileaks, el encargado de instalar y capacitar personal de Puebla fue Daniel Martínez Moreno, encargado de operaciones de esa empresa en México. El equipo instalado en Tactical Network Injector, que permite a sus operadores obtener un seguimiento de la actividad de un usuario de smartphone o computadora.
El “espía” de Gali
En abril de 2015, cuando Maldonado Venegas renunció a la Secretaría de Gobierno para ser diputado federal del PRD, el director del CAP, Héctor Javier Arrona Urrea, fue rescatado por Luis Banck, quien era secretario de Infraestructura y Transporte.
Y ahora Banck Serrato, en su calidad de presidente municipal de Puebla, nombró a Arrona Urrea titular de la Tesorería, pese a que es ingeniero y con diplomados que nada tienen que ver con las finanzas. Banck quiere ser candidato a gobernador el próximo año, como lo ambiciona la esposa de Moreno Valle.
Pero el CAP sigue funcionando y su nuevo director es Iván Olaf Corro Labra, quien es presentado oficialmente como asesor en materia de seguridad e inteligencia del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, quien es una herencia de Moreno Valle al gobernador Gali.
Corro Labra ha sido un incondicional de Carrasco desde que fue gobernador de Oaxaca y se le identificó como espía por formar parte del Centro de Estudios Gubernamentales (CEG), creado por el gobierno de Oaxaca como respuesta a la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y se encargó de realizar trabajos de investigación, información y análisis.
En julio de 2000, José Murat Casab, entonces mandatario, lo acusó de ser el responsable de colocar micrófonos en sus oficinas, como informó este semanario.
