2 julio 2017 | Nancy Flores | Contralínea
En lo que va del actual gobierno, 35 periodistas han sido asesinados en México. Sistemáticos, los homicidios, desapariciones, amenazas, acoso, espionaje, censura y veto publicitario. Las agresiones aumentan a la par de la impunidad: 99.75 por ciento de los casos contra la libertad de expresión, sin castigo. “Nadie está a salvo”, sentencia el periodista y escritor Humberto Mussacchio al referirse al peligro que enfrentan los periodistas en México, y al mensaje que los agresores mandan al gremio cada vez que violentan a un comunicador.
En lo que va del actual gobierno, encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto, 35 periodistas han sido asesinados en el país; ocho de ellos, entre marzo y junio de 2017.
El más reciente fue Salvador Adame Pardo, director del Canal 4Tv de Nueva Italia, Michoacán, que se confirmó el pasado 26 de junio al relacionar su identidad con un cuerpo calcinado descubierto en las inmediaciones de la carretera libre Uruapan-Nueva Italia. El crimen, sin embargo, podría haber ocurrido antes, pues un grupo armado lo desapareció desde el 18 de mayo.
Los golpes contra la prensa se suceden uno tras otro. Tres días antes de la desaparición de Adame Pardo, el reconocido periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas –autor de los libros Huérfanos del narco y Narcoperiodismo: la prensa en medio del crimen y la denuncia, entre otros– fue acribillado a mediodía en Culiacán, Sinaloa.
Con Javier Valdez seleccionaron un símbolo, considera Julio Hernández López, columnista del diario La Jornada. “Un ejemplo para mandar el mensaje a todo mundo de que no hay que arriesgarse, no hay que caminar más allá de esa línea, como lo decía el propio Javier”.
Doce disparos segaron la vida del corresponsal de La Jornada y colaborador de Ríodoce y sacudieron, como nunca antes, a un gremio pasmado y receloso de reconocer colegas entre los reporteros abatidos. Por primera vez, a la protesta colectiva se sumaron los corresponsales extranjeros que trabajan en México.
“En el caso de Javier quisieron ejemplificar: lo hicieron a plena luz del día, a media calle, a la vista de todos; aparentemente, según dice su propio medio [Ríodoce], lo obligaron a hincarse. Eso fue muy hiriente por el afecto que gozaba, por la buena fama de excelente periodista, porque muchos fuimos sus amigos y porque te pone a pensar hasta dónde quieren llegar: apuntaron muy alto”, reflexiona el periodista José Reveles.
Para el autor de Levantones, narcofosas y falsos positivos y Las historias más negras, entre otros títulos, “todos los compañeros que son agredidos y asesinados son importantes, pero todo mundo recuerda a Javier Valdez, Miroslava Breach y Regina Martínez, porque son los más emblemáticos. Pero están todos los demás, que ya nadie menciona, esperando justicia. No hay justicia”.
Las agresiones contra comunicadores y medios parecen anunciar más crímenes. “Son avisos, como diciendo no se metan con los delincuentes, con los gobernantes ladrones”, dice a Contralínea Humberto Mussacchio, autor de Historia gráfica del periodismo mexicano.
Así, la lista de periodistas ultimados en México se va engrosando. El mismo 15 de mayo cuando asesinaron a Javier Valdez, horas más tarde fue ejecutado durante una emboscada en Autlán, Jalisco, el reportero del semanario El Costeño de Autlán, Jonathan Rodríguez Córdova. En los hechos resultó herida su madre, Sonia Córdova, quien se desempeña como subdirectora comercial de la misma publicación.
“Estamos en un momento de crisis de libertad de expresión: en la búsqueda de la verdad –seamos periodistas, activistas o personas comunes que por alguna razón investigan algún caso impune– se termina estando en una situación de alto riesgo”, observa el periodista Diego Osorno.
En entrevista, el autor de La guerra de Los Zetas y Oaxaca sitiada, entre otros libros, considera que “es evidente que estamos en un momento de decrecimiento, en el que no nos ha sacudido lo suficiente ninguno de los crímenes de colegas que han ocurrido. El de Regina Martínez es un caso muy emblemático por ser periodista de un medio que ha sufrido históricamente agresiones del poder, pero que nunca había tenido el registro de una víctima mortal, como es Proceso. La verdad creí que ese caso iba a ayudar a contener, pero no. La epidemia de asesinatos continúa”.
Y sí, la línea de tiempo de las agresiones a la prensa no encuentra freno. El 2 de mayo se anexó a la mortal lista el nombre de Filiberto Álvarez Landeros, locutor del programa Poemas y Cantares, de la Señal de Jojutla, Morelos. Dieciocho días antes fue el periodista y colaborador del Colectivo Pericú, Maximino Rodríguez, en Baja California Sur.
“A los periodistas se nos persigue y se nos amenaza igual que a la sociedad mexicana. Lo que le pasa a la sociedad nos pasa a nosotros. Y lo que ocurre con la sociedad de que encuentra impunidad, también lo están encontrando los periodistas. No hay más que presionar, organizarse y ser más solidarios entre nosotros. No dejar que el gobierno impunemente deje de hacer las cosas”, dice a Contralínea José Reveles.
El 23 de marzo, Miroslava Breach Velducea se convertía en la tercer periodista asesinada, en el que se conoció como el mes negro para la prensa. La corresponsal de La Jornada y colaboradora del diario Norte, de Ciudad Juárez, fue acribillada cuando salía de su domicilio, ubicado en la capital de Chihuahua, para llevar a su hijo a la escuela.
Miroslava dejó en orfandad a dos hijos, recuerda Judith Calderón, presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas y reportera del diario La Jornada. Agrega que de 2000 a 2017 se han cometido 21 homicidios de periodistas sólo en Chihuahua. Una problemática que se replica en diferentes entidades del país, señala.
A ese crimen le precedieron el asesinato de Ricardo Monlui, director del diario El Político, el 19 de marzo en Veracruz; y el del periodista independiente Cecilio Pineda Birto, el 2 de marzo en Guerrero. Ambos crímenes anunciaban un recrudecimiento de la violencia contra la prensa mexicana.
“Entiendo su indignación y la razón de estar aquí hoy reunidos no es para dirigir discursos, sino para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto 2 días después del homicidio de Valdez Cárdenas. Cuarenta días después se conocía el asesinato de Adame Pardo.
Como si la responsabilidad de esta crisis no recayera en su gobierno, el presidente se dijo “indignado” al tiempo que anunciaba las “medidas” de su administración para tratar de contener la violencia contra los comunicadores.
“Los periodistas no demandamos privilegios, lo que queremos son garantías para ejercer nuestro oficio y mantener informada a la sociedad mexicana. Creo que no es mucho pedir, pero este gobierno es incapaz de ofrecer garantías”, señala el escritor y periodista Humberto Mussacchio.
Estado mexicano, en crisis
La situación que enfrentan los periodistas es cada vez más fuerte, más complicada, dice Julio Hernández López. “Se siente en el ambiente la pesadez, por una parte, de los hechos cotidianos de los que tenemos que dar cuenta, que cada vez son peores, más complicados, más peligrosos; y, por otra parte, el abatimiento de la clase política que hoy no es capaz de brindar el mínimo de seguridad a los ciudadanos, en general, y a los periodistas, en particular”.
En entrevista, el autor de la columna Astillero y del libro Encabronados, advierte que “estamos en el peor momento de la clase política o de los gobiernos, que están absolutamente rebasados por los hechos”.
Coincide el periodista Humberto Mussacchio: “No hay Estado, no hay orden, no hay autoridad. Los asesinos de los periodistas, los asesinos de tantos mexicanos. Nefastísimo, el panorama del país”.
A la par de los crímenes letales contra la prensa se van sucediendo otras graves agresiones. El 19 de junio, el periódico estadunidense The New York Times y un informe elaborado por Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC revelaron que seis periodistas (Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena) fueron víctimas de espionaje gubernamental.
También a mediados de junio arreciaron las amenazas de muerte contra la periodista Sanjuana Martínez, a través de redes sociales. Y a principios de ese mes –y a pesar de las “medidas” anunciadas por Peña Nieto el 17 de mayo– fue “desaparecido”, el 6 de junio, el periodista Juan Jaimes, colaborador de La Transmisora 92.9 FM, de Tlatlaya, Estado de México.
“Este gobierno ya no da más. Ya está contando las horas para irse. Seguramente está buscando cómo tapar todo el desastre que ha provocado. Por eso me parece que tiene más sentido que miremos hacia nosotros, hacia los compañeros: hay que construir nosotros una defensa de la libertad de expresión, porque el gobierno no sabe qué hacer”, considera Diego Osorno.
Para el periodista, “lo más cabrón ahorita es que estamos totalmente desconcertados por todos los putazos que nos han dado y no sabemos ni para dónde mirar. El instinto más natural es agruparnos, hablar y ver para dónde vamos”.
Y es que en el clima de violencia e impunidad que priva en el país, cualquiera agrede a periodistas. Eso lo comprobaron Ángel Misael Galeana, de Grupo Imagen; Yahir Cabrera Torres y Sergio Ocampo Arista, de La Jornada; el periodista alemán Hans Musielik; el periodista español Pablo Pérez García, de HispanoPost; Jorge Alberto Martínez Dionicio, de Quadratín; y César Alejandro Lorenzo Ortiz, del portal Bajo Palabra y W Radio, a quienes un grupo armado de más de un centenar de personas los retuvo el 12 de mayo en Guerrero, los despojó de una camioneta y de sus equipos de trabajo (cámaras, grabadoras), además de amenazarlos.
Desgraciadamente el problema de la violencia contra la prensa se ha agudizado, tal vez en consonancia a como se ha agudizado la violencia en el país, observa Graciela Ramírez, productora del programa El fin justifica los medios, de Radio Educación.
En el tema de los crímenes, aunque muchos dicen que un periodista es como cualquier otra persona y sí, lo es, el matiz radica en que “está cumpliendo una función relacionada con un derecho que tenemos todos y que es la libertad de expresión”.
En entrevista, Ramírez destaca que el derecho a estar informados de lo que sucede se inhibe de muchas formas: “una es atacando a los periodistas, pero otra es el poco presupuesto que tienen los medios públicos: la radio y la televisión públicas, que deberían jugar un contrapeso en la información, no lo están jugando porque están controlados por el mismo gobierno”.
La violencia contra los periodistas no sólo afecta a la víctima. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, percibe que la grave situación deriva en un fenómeno de autocensura. “En lo personal, temo compartir o replicar noticias de agresiones a medios y periodistas, pues parece que esto fuera una invitación a otros grupos para que procedan de forma similar con medios y periodistas que les son incómodos a sus intereses”.
No obstante, considera que “no debemos caer en la autocensura, que es lo que buscan los grupos de poder dispersos en el país. En todo caso, debemos articular una red de periodistas: cuando se tenga información de riesgo, no manejarla de forma exclusiva por querer ganar la primicia. Si se ha de publicar algo de riesgo, que todos lo hagamos al mismo tiempo. Así nadie en particular será blanco directo de los criminales y sus socios en el gobierno”.
Agresiones, al alza
De 2000 a 2016 fueron asesinados más de 100 comunicadores; de ellos, 12 eran mujeres, señala Judith Calderón. Para la periodista, el problema debe atacarse con investigaciones y castigos ejemplares. “Si el gobierno realmente investigara y se castigara a los culpables, se terminaría o se abatiría realmente el problema. Pero la mayoría de los casos queda impune. Mientras no se castigue, mientras no se detenga y se actúe de manera eficaz y el gobierno no esté coludido con los grupos de narcotraficantes, es muy difícil [que la situación cambie]”.
La Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19 ha documentado 108 asesinatos de periodistas entre enero de 2000 y mayo de 2017. En su informe Libertades en resistencia, observa que “las violencias [contra los comunicadores] se han ido recrudeciendo y se vuelven más cínicas, menos inhibidas”.
De acuerdo con las estadísticas de Artículo 19 y la Casa de los Derechos de Periodistas, con el caso de Salvador Adame –aún cuestionado por sus familiares, quienes se reúsan a aceptar su muerte– son 35 los periodistas asesinados en este sexenio.
Cuatro en el primer año de gobierno de Peña Nieto (Mario Ricardo Chávez, Alberto López Bello, Daniel Martínez Bazaldúa, Jaime Gonzáles); en 2014 la cifra aumentó a cinco (Antonio Gamboa, Altilano Román, Octavio Rojas, Nolberto Herrera, Gregorio Jiménez); en 2015 fueron siete (Rubén Espinosa, Filadelfo Sánchez, Juan Mendoza Delgado, Gerardo Nieto, Armando Saldaña, Abel Bautista Raymundo, Moisés Sánchez); en 2016, 11 (Adrián Rodríguez, Aurelio Cabrera Campos, Agustín Pavia Pavia, Pedro Tamayo, Salvador Olmos García, Elidio Ramos, Manuel Torres González, Francisco Pacheco Guerrero, Moisés Lutzow, Anabel Flores, Marcos Hernández Bautista); y en lo que va de 2017, ocho.
Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, considera que la situación que enfrenta el gremio periodístico ha ido de mal en peor. “Siempre nos sorprende que sigan ocurriendo estos hechos sin mayor posibilidad de que puedan detenerse. Aquí lo grave es que muchos periodistas saben que están en riesgo y difícilmente ven venir esa situación. Es comprensible porque están en lugares con situaciones muy intensas. Obviamente lo importante sería que esto no sucediera y que pudiesen prevenirse riesgos de mayor gravedad”.
De acuerdo con el informe de Artículo 19, en 2016 se registraron 426 agresiones, además de los 11 homicidios. Para la organización, “la violencia desbordada se manifestó también en muchos otros aspectos, como la exclusión de grupos marginados a acceder a información plural y objetiva; los montos millonarios ejercidos de manera arbitraria y opaca en publicidad oficial, que manipulan las líneas editoriales de los medios; las leyes que cuestionan la calidad de periodistas en vez de protegerlos; más leyes que buscan restringir el conocimiento de la historia y, más preocupante aún, el conocimiento sobre los hechos más atroces del pasado reciente de México; la vigilancia dirigida a activistas y periodistas que escrutan a los poderes del Estado; el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas sociales o la impunidad, que impera en 99.75 por ciento de los casos de agresiones contra la libertad de expresión”.
Cada vez que se agrede a un periodista la sociedad pierde. “Agredir de manera impune a los periodistas es una forma de decirle también a la gente que no tenga ninguna esperanza de que las cosas cambien, o que haya respeto, que haya justicia. Hay quienes dicen: ‘pues si matan a los periodistas, que no maten a cualquier otro’, ubicando pues que el periodista tiene una situación en la cual, por su visibilidad social, debería ser menos fácil matarlo. El mensaje es ése: a todo mundo por igual”, dice el periodista Julio Hernández López.
Agrega que esta violencia focalizada “cercena a la sociedad, le restringe su posibilidad de tener una información más clara, más lúcida, más directa, más crítica, porque se producen mecanismos de autocensura en todos los lugares y porque los periodistas sabemos que hay temas que se tienen que tocar con mucho cuidado, y eso en el fondo es una pedagogía del miedo, del amedrentamiento”.
Para Artículo 19, las democracias se construyen con información, pues ésta sirve para tomar decisiones y ejercer libertades. “La información desempeña un papel primordial en el estado de libertad y, como consecuencia, de la democracia. En contraste, la desinformación genera incertidumbre, miedo y suspicacias”.
Diego Osorno recuerda que “los periodistas trabajamos por la sociedad: somos sus ojos, sus oídos, y si están matando periodistas están matando la vista y el oído de la sociedad. Ya no va a haber quién vigile, o va a haber más miedo en el que vigila”.
Para el periodista –que actualmente impulsa una discusión gremial incluyente– el desconcierto de no saber qué hacer como comunicadores se acrecentó tras el asesinato de Javier Valdez. “Había un paradigma de que si publicabas libros, ganabas premios, publicabas en el extranjero, [entonces] te visibilizabas y te estabas protegiendo, y eso ya se acabó. Eso ya no es verdad. No podemos creer que eso nos va ayudar. Eso quedó atrás con el asesinato de Javier, que era un periodista sumamente reconocido, reseñado, publicado”.
—¿Hay alguna manera de protegernos como gremio? –se le pregunta al periodista Humberto Mussacchio.
—Sólo que creáramos milicias periodísticas, pero creo que no es el caso. Lo que tenemos que hacer es exigirle a la autoridad que nos ofrezca garantías para ejercer nuestro trabajo. No pedimos privilegios. Nada más queremos garantías para mantener a la sociedad informada. Una sociedad sin información es una sociedad que no puede disfrutar de los bienes de la democracia.
La indignación no cesa. Rodeado, casi intimidado por elementos del Estado Mayor Presidencial, el periodista Álvaro Delgado –colaborador de la revista Proceso– protestaba el 15 de junio frente al mandatario mexicano. “Basta de sangre. Rectifique, Presidente. #NiUnoMás” (sic), se leía en una pequeña manta que alzaba también frente a colegas que aún guardan silencio.
Nancy Flores/Primera de dos partes
