2 julio 2017 | Mathieu Tourliere | Proceso
Apenas se exhibió una parte de la trama sobre el espionaje practicado contra periodistas y activistas sociales desde el gobierno federal –caso detonado por el periódico The New York Times–, éste comenzó a realizar filtraciones para sembrar confusión y desmarcarse de los señalamientos. El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual se consignan los nexos de funcionarios y políticos con empresas de seguridad (Proceso 2121).
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En medio del creciente escándalo de espionaje ilegal operado a través del malware Pegasus contra periodistas, activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y políticos, tanto el Gobierno Federal como las empresas vendedoras del programa intentan evadir su responsabilidad.
La semana pasada llegaron a las redacciones de distintos medios cartas inverificables y documentos "filtrados” desde instancias del gobierno, así como correos electrónicos con un solo objetivo: sembrar dudas.
Algunos documentos pretendieron exhibir a empresas distribuidoras del software espía; otros confirmaron el papel que jugaron Tomás Zerón de Lucio y Arely Gómez González en la compra y operación de Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group cuando el primero fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la segunda era titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el cual se hablaba del parentesco de Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño con Guillermo Ruiz de Teresa, actual "coordinador” de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cercanísimo al senador priísta Emilio Gamboa Patrón (Proceso 2121).
Ruiz de Teresa Treviño es socio de la empresa Balam Seguridad Privada —proveedora de material de seguridad e inteligencia a agencias del gobierno mexicano—, junto con Asaf Zanzuri, oriundo de Israel. Según el reportaje, Zanzuri se encargaba de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras Ruiz de Teresa Treviño abría las puertas de las agencias nacionales del sector de la seguridad.
Grupo Tech Bull, la empresa que vendió Pegasus a la PGR por 32 millones de dólares en octubre de 2014, es una presunta sucursal de Balam Seguridad Privada, según los archivos internos de la firma italiana Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015.
Esas revelaciones aumentaron las sospechas de que la PGR presuntamente está detrás de los 18 casos de espionaje ilegal documentados por el Citizen Lab, un instituto académico ligado a la Universidad de Toronto.
Sin embargo, otras dependencias federales —por lo menos el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación— y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudieron operar el espionaje, pues, se sabe, controlaban Pegasus entre noviembre de 2014 y enero de 2016, cuando ocurrieron los intentos de inocular los celulares con el malware Pegasus.
MISTERIOSOS CORREOS
El 25 de junio por la tarde, Balam Seguridad Privada dirigió una carta sin firma a Proceso en la cual afirma que "no ha vendido el mencionado software Pegasus a ninguna dependencia de gobierno en ninguno de los niveles –municipal, estatal o federal–, tampoco es un distribuidor autorizado del mismo ni cuenta con el permiso para vender o comercializar dicho programa”.
El documento fue recibido también por la organización MCCI y a los medios que reprodujeron el reportaje titulado Una singular estrategia comercial, publicado en la edición 2121 de este semanario. Al día siguiente, el 26 de junio, un individuo que se identificó como Alberto Martínez García envió un correo electrónico a varios medios, incluido Proceso, en el que trató de desviar la atención hacia dos empresas vinculadas con KBH Applied Technologies Group, el consorcio dirigido por Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, uno de los empresarios de origen israelí que operan en el sector de seguridad e inteligencia en México.
En su correo, Martínez García sostiene que el reportaje publicado en estas páginas estaba equivocado, pues aseveró que la empresa que vendió Pegasus "a todas las dependencias de gobierno” era Comercializadora de Servicios Mecale, y precisó que los "últimos mantenimientos” fueron realizados por Proyectos y Diseños VME.
Esta última empresa comparte su dirección con KBH –avenida Ejército Nacional número 718, en Polanco–, mientras las actas del Registro Público del Comercio, consultadas por este semanario, muestran que el accionista principal de Mecale es Alejandro Andrés Mena Rivera, quien en 2012 era empleado de KBH, según un folleto promocional de la empresa.
Asimismo, el 27 y 28 de junio circuló una carta, aparentemente redactada por NSO Group el 24 de julio de 2015 y dirigida a la PGR. En ella, la empresa israelí confirmó que Mecale era un representante autorizado para vender sus productos a la dependencia; sin embargo no mencionó que era distribuidor exclusivo.
Martínez García nunca contestó a un correo electrónico enviado por este semanario, mientras NSO Group ignoró un correo del reportero en el que pedía información para saber si esa carta era auténtica.
Los intentos de dirigir la atención hacia Mecale sufrieron un revés el 28 de junio: a las 10 de la noche los periodistas Carlos Puig y Denise Maerker dieron a conocer en sus noticiarios de Milenio TV y Televisa, respectivamente, dos documentos internos de la PGR que evidencian el uso de Pegasus en la dependencia entre 2014 y 2015.
Sin embargo, la información "filtrada” aludía a funcionarios diferentes: en uno se citaba a Tomás Zerón de Lucio y el otro a Arely Gómez, que dejó la PGR y encabeza la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde octubre de 2016.
ZERÓN, ‘EL HOMBRE CLAVE’
En su programa "Diez en Punto”, Maerker exhibió un contrato celebrado entre la PGR y Armando Pérez Herrero, representante legal de la empresa Grupo Tech Bull, el 8 de enero de 2015.
El documento formalizó un primer pago en la compra de un paquete de 500 infecciones de Pegasus —pactado el 29 de octubre de 2014—, cuyo precio final se elevó a 32 millones 16 mil dólares —431 millones 575 mil pesos, según la tasa de cambio monetario de ese día—. Cada infección de la PGR costaría 863 mil pesos al contribuyente mexicano.
Los funcionarios de la PGR que firmaron el contrato fueron Zerón de Lucio, entonces a cargo de la AIC, Vidal Díaz–Leal Ochoa, entonces director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), y Rigoberto García Campos, quien fungía como director de Información sobre Actividades Delictivas en el Cenapi.
Los archivos de Hacking Team exhibidos por WikiLeaks muestran que entre 2013 y 2015, periodo en el que Jesús Murillo Karam estuvo al frente de la PGR, Zerón era interlocutor de las empresas intermediarias en la venta de los programas espías a las procuradurías estatales y a la propia PGR.
En un correo del 12 de diciembre de 2013, Alex Velasco, representante de Hacking Team en México, informó a sus colegas sobre una reunión con Zerón y precisó: "Me dijo claramente que si quisiéramos hacer cualquier cosa en México, debería pasar por él. ¡TEXTUAL!”.
En las comunicaciones intercambiadas durante los meses siguientes, los italianos se refirieron a Zerón como "el hombre clave”; el personaje "con quién debemos negociar en México” o simplemente como "uno de los más poderosos en el oficio”.
Zerón apareció incluso en un correo del 24 de febrero de 2014 como negociador para la adquisición de sistemas de espionaje en la Sedena, y en otro del 7 de mayo de ese año se mencionó que el funcionario tenía "una mano en la (Secretaría de) Marina”.
Díaz–Leal Ochoa, otro firmante del contrato, colaboró con Zerón en la AIC: lo sustituyó brevemente al frente de la dependencia cuando Peña Nieto lo desplazó a la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Díaz–Leal permanece en la PGR, donde dirige la Policía Federal Ministerial.
Los integrantes de Hacking Team definieron a Rigoberto García Campos, el tercer firmante de la compra de Pegasus, como "la mano derecha de Zerón”.
