2 julio 2017 | Álvaro Cepeda Neri* | Contralínea
La nación, como sociedad y pueblo, con su gobierno y su Estado, están atrapados en otro de sus peores momentos de larga duración, porque nuevamente su vida política, económica y social lleva, en los últimos 60 años (1964-2016), conducida por élites en los cargos públicos sin la menor perspectiva histórica. Han sido, sobre todo, rateros inmersos en la cada vez mayor corrupción, hasta endeudar a los mexicanos con instancias extranjeras, que Luis Videgaray Caso ha rematado billonariamente en dólares, lo que lo hace candidato a la cárcel de por vida tras el trámite acusatorio ante los tribunales. Con él, Emilio Lozoya Austin, impulsor de la privatización de Pemex simultánea a su quiebra, empresa que dirigió de 2012 al 2016, permitiendo traficar a una serie de negociantes que encabezó la constructora brasileña Odebretch, en un listado de saqueos que enumera Mario Maldonado en su columna con el título “Emilio Lozoya: fantasmas en el clóset” (El Universal, 27 de diciembre de 2016).
Videgaray y Lozoya son dos connotados peñistas que desde la Secretaría de Hacienda y desde Petróleos Mexicanos, directa o indirectamente saquearon a la nación como pueblo y sociedad civil. Utilizando el compadrazgo y complicidad con Peña para desacreditar totalmente al gobierno federal; sumiendo al Estado, como estructura legal y legítima para los fines constitucionales, en una crisis política que tiene a los mexicanos al borde de un levantamiento interno, y externamente en vías de amenazas cumplidas por el nazismo de Trump. Y es que con cargo a México, éste cumplirá sus promesas hechas a los estadounidenses que votaron por él.
Lo cierto es que este personaje ha encontrado terreno fértil por la incapacidad política y económica de Peña quien tuvo en sus manos el puente con la invitación de Trump, y lo ha estado haciendo pedazos hasta exponer a nuestra patria a otra intervención armada directa, si la locura del nuevo presidente estadounidense cumple sus bravatas. Nadie ha desobedecido a la Constitución de 1917 –centenaria ya como reforma de la de 1857–, como Peña y los peñistas con los desgobernadores sin excepción, para exponer al pueblo mexicano a una guerra comercial y económica como la anunciada por Trump.
Peña también debe ser sometido a juicio político junto con Murillo Káram por el asunto de Ayotzinapa (cuya radiografía realizó Anabel Hernández en La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar, ediciones Grijalbo, 2016). Aquí hay que aclarar que no solamente Peña ha estado encubriendo a los militares, al desgobernador Ángel Aguirre, a los policías y a todos aquellos funcionarios de Guerrero que participaron en los hechos del 26-27 de septiembre de 2014; así como funcionarios federales con Murillo Káram, Arely Gómez y el nuevo titular de la PGR: Raúl Cervantes. Con ellos está también Osorio Chong, el mentiroso que disminuye los índices de la sangrienta inseguridad.
Todos ellos saben la verdad acerca de cómo desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Pero también hay otros directamente corresponsables, como son: Luis Enrique Miranda Nava, el compadre del alma de Peña, jugadores del golf en los campos de Malinalco donde Videgaray construyó su mansión al estilo de la “casa blanca” de la esposa de Peña, o sea, con los favores de la corrupción del empresario peñista: Hinojosa Cantú. Y Humberto Castillejos Cervantes, el poder tras el trono de Peña… ¡Tomás Zerón de Lucio! Quienes han integrado una férrea cadena de complicidades y encubrimientos.
No hay en Peña y sus peñistas pragmatismo político. Y menos tienen formación teórica sobre la historia de las ideas políticas. Por eso no les importa ni el gobierno ni el Estado y mucho menos el pueblo. Ignoran que cuando “se piensa y actúa políticamente se obtienen resultados… para soportar los avatares de la fortuna y la suficiente estabilidad para propiciar el bien común” e individual (varios autores: La construcción de lo político. Maquiavelo y el mundo moderno. Edición de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2016). Así que encaramados en los cargos del gobierno, padecemos los mexicanos a los peores ejemplares; a quienes hay que responsabilizar constitucionalmente. Empezando por Videgaray, Peña, Murillo Káram y Lozoya Austin. Estos y todos los integrantes de la cueva de Atlacomulco, han concluido una época de barbarie, por el desprecio a la política democráticamente republicana, al Estado, al Imperio de la Ley y al buen gobierno contrario a la corrupción e impunidad, así como al abuso del poder. En esta moral pública “se encuentran las cualidades que hacen temibles a los hombres aptos para la construcción, defensa y mantenimiento del Estado”, como lo propuso el autor de Las décadas de Tito Livio.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]
