Arturo Alcalde Justiniani
El interés y debate colectivos sobre
la suerte de los salarios mínimos en nuestro país crece día con día;
será difícil regresar al encubrimiento del tema que privó en el pasado.
Se han definido en el panorama dos bloques de opinión claramente
diferenciados:
la coalición opositora, como la llama Enrique Valencia Lomelí, integrada por entidades del gobierno federal, Hacienda, Banco de México y el sector empresarial más conservador, y en el otro ámbito, una amplia gama de actores que reclaman un cambio, formada por organismos internacionales, académicos, especialistas, trabajadores independientes, y sin duda, por el gobierno de la ciudad de México.
Con el creciente flujo de información se van descubriendo las motivaciones de la política salarial impuesta en las últimas tres décadas. A través de foros, investigaciones y artículos publicados, asambleas, declaraciones en medios y reflexiones populares, se han ido aclarando las ideas. Se comprueba que esa condición salarial no es producto natural de un mercado laboral, sino de una voluntad política que provocó el despojo de manera deliberada, estrategia que impusieron sin contrapesos los gobiernos de los recientes 30 años. Se ha acreditado que esa contención salarial genera daños no sólo a la población y al tejido social, sino también a la salud de la economía, afectando a los pequeños y medianos empresarios que ven cerradas sus puertas por la debilidad económica de sus consumidores. Se agrega también la convicción de que la reforma salarial es un elemento clave para reorganizar el mercado laboral y así transitar hacia soluciones en el ámbito de otros problemas torales, como la inseguridad, la reducción de la informalidad y la destrucción del medio ambiente.
La reflexión se viene enriqueciendo con múltiples aportes. Es claro que al hablar de salarios mínimos conviene distinguir entre los generales, comúnmente invocados, y los profesionales, cuya lista conviene actualizar, como han reclamado, por ejemplo, los trabajadores de limpieza. El Observatorio Salarial de la Universidad Iberoamericana Puebla, al igual que el taller especializado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde tiempo atrás han puesto el dedo en la llaga, tarea en la que han participado también varios articulistas de La Jornada. En perspectiva, se exhibe cómo se impuso la injusticia y la desigualdad salarial en un largo periodo, sin que hubiera que enfrentar mayor rebeldía social; este despojo ha sido calificado acertadamente por Andrés Manuel López Obrador como
pecado social.
Hablando de pecados, se extraña la voz de la Iglesia católica mexicana, sobre todo porque la Iglesia ha sido pionera en el mundo al reclamar justicia para los trabajadores, mediante diversas encíclicas papales, como la Rerum Novarum,
Sobre la cuestión social, promulgada por León XIII en 1891, que defiende a los trabajadores ante la que denomina
terrible explotación laboral; asimismo, la encíclica Laborem Exercens,
Sobre el trabajo humano, de Juan Pablo II, de 1981, que desarrolla la concepción del valor del trabajo en la época moderna. En una sociedad como la mexicana, que se dice mayoritariamente católica, habría que tener presente que la justicia salarial es uno de los deberes sociales prioritarios, derivados del mensaje evangélico.
El presidente Peña Nieto, en su segundo Informe de Gobierno,
desperdició una excelente oportunidad para fijar posición sobre el tema.
Es obvio que el priísmo está preocupado porque la oposición progresista
ha tomado el liderazgo en esta popular exigencia. Se esperaba que el
informe diera a conocer la opinión presidencial en los temas cercanos a
la gente, como es el salario y el seguro de desempleo; este último,
detenido en la Cámara de Senadores por la indignación que causó la
propuesta de pretender que se financiara a costa de los recursos
propiedad de los trabajadores en el Infonavit. Tampoco se hace
referencia a la suerte de la pensión universal. Se trata de rubros
ausentes en la agenda gubernamental.
Los gobiernos de izquierda se han visto lentos ante este crucial
reclamo, desperdiciando una posibilidad de oro para demostrar que sus
plataformas ideológicas son tomadas en serio. Algunos funcionarios
locales suscribieron un reciente pronunciamiento público, impulsado por
el gobierno federal, que al estilo de los años 80 busca aparentar una
concertación para detener el reclamo de una mejora salarial.
Afortunadamente, los gobiernos de la ciudad de México y de Oaxaca no
suscribieron esta extraviada declaración.
Iniciado el periodo de sesiones del Congreso, el debate sobre el
salario mínimo está presente. Un renglón en el que parece existir
consenso es su desvinculación como instrumento de medida para otros
fines, por ello, un grupo de legisladores en la Cámara de Diputados
presentará, el próximo martes, una iniciativa de reforma a la
Constitución y a más de cien leyes federales, abarcando alrededor de 600
artículos; la propuesta es que las disposiciones que empleen la figura
del salario mínimo como unidad, base o medida para efectos ajenos a su
naturaleza, deberá considerarse como
unidad de referencia, que como nuevo índice, se ajustará conforme a la inflación señalada por el Banco de México. Si los grupos parlamentarios son congruentes con sus declaraciones públicas, deberán aprobar la reforma de inmediato.
El reclamo social, que tiende a fortalecerse, es que la recuperación
del salario mínimo, al menos en los parámetros planteados por el jefe de
Gobierno del Distrito Federal, debe reflejarse de inmediato en las
decisiones del Congreso al aprobarse el paquete económico presentado
ayer. Esta voluntad se exhibirá en las próximas semanas. Es el momento
para que lo que queda del sindicalismo en nuestro país alce la voz en
defensa de sus abatidos miembros.
A pesar de su importancia, el mundo del trabajo ha sido soslayado de
las reformas estructurales que se requieren; por ahora, la tarea
inmediata es otorgar un mínimo de dignidad a uno de los sectores más
empobrecidos de la población.
