La Jornada - Editorial
A contrapelo del
optimismo oficial expresado en pronósticos de crecimiento y bienestar a
raíz del reciente ciclo de reformas estructurales, en el Proyecto de
Presupuesto 2015, elaborado por el Ejecutivo federal y presentado ayer a
la Cámara de Diputados, se plantea un manejo inercial de las finanzas
públicas que no se supone que sirva como sustento para impulso del
desarrollo.
Es cierto que durante la presentación se dieron a conocer también
buenas noticias, como el anuncio de que no se crearán nuevos impuestos
para el año entrante; sin embargo, eso ocurre en un momento en que la
economía de las empresas y las familias se ha visto mermada por la
aprobación y aplicación de una reforma fiscal de tintes recesivos. Otro
tanto puede decirse de la decisión, anunciada por Videgaray, de
suspender la política de incrementos mensuales a los precios de la
gasolina y vincular el precio de ésta a la inflación: demasiado poco y
demasiado tarde.
En un panorama como el comentado, el presupuesto de egresos tendría
que ser visto como un instrumento por medio del cual el Estado reactive
la economía interna, genere empleos e infraestructura, y atienda las
necesidades básicas de la población. Pero en la propuesta
correspondiente presentada por el Ejecutivo se conjuntan inercias
impresentables, como la persistencia del boato en que viven los
integrantes del Poder Legislativo y el Judicial; el incremento del peso y
el tamaño de la administración pública federal por la creación de
organismos reguladores que se derivan de las reformas energéticas, e
incrementos marginales a rubros como el combate a la pobreza y la
enseñanza.
Por lo que hace a los recursos considerados para invertir en
la construcción de un nuevo aeropuerto internacional metropolitano y
otros proyectos de infraestructura, que en principio resultan positivos y
saludables, cabe dudar que resulten suficientes para impulsar el
desarrollo económico en aquellas regiones del país que más lo necesitan.
Es necesario que los integrantes de la Cámara de Diputados hagan uso
de sus potestades como contrapeso del Ejecutivo y realicen las
adecuaciones pertinentes al paquete enviado por la Presidencia de la
República, a fin de que éste refleje de mejor manera las prioridades
nacionales. Se requiere, con urgencia, que el poder público entienda la
necesidad de poner la economía al servicio de la gente y renuncie a la
escuela imperante desde hace dos décadas, que sacrifica a la población
para servir a los capitales.
