La Jornada - Editorial
El pasado 30 de julio,
la mayoría integrada en la Cámara de Diputados por los legisladores de
PRI, PAN, PVEM y Panal aprobó la conversión en deuda pública de 1.3
billones de pesos de pasivos laborales de Pemex y de otros 500 mil
millones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una maniobra
que generó asombro e indignación en diversos sectores sociales, y con
sobrados motivos: para ponderar el tamaño de la carga arrojada a la
deuda compartida por todos los ciudadanos, baste recordar que el año
pasado el presupuesto de egresos de la Federación fue de 3.9 billones de
pesos; es decir, se colocó sobre los hombros de la población un pasivo
equivalente casi a la mitad de los gastos gubernamentales sumados
durante un año.
Tanto en el caso de las entidades referidas al principio como en lo
que respecta a la desaparecida Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), es
de sobra conocido que sus respectivos sindicatos están controlados por
dirigencias charras, corruptas y derrochadoras, incondicionales
del poder presidencial, cuyos integrantes han amasado enormes fortunas
mediante desvíos de los fondos gremiales y la recepción de prebendas
–tan ilegítimas como libres de fiscalización– por parte de las
respectivas direcciones empresariales.
Si Pemex y la CFE arrastran pasivos laborales tan abultados, no se debe a que los sindicatos de una y otra hayan dejado de realizar los descuentos correspondientes, quincena tras quincena, a los trabajadores, sino a que los fondos resultantes han sido dilapidados.
Sin embargo, el mes pasado las transferencias de los pasivos laborales de Pemex y la CFE a la deuda pública fueron votados por la mayoría gobernante y cogobernante sin exigir, impulsar o cuando menos proponer una investigación de las finanzas sindicales, y sin la menor referencia a la evidente necesidad de esclarecer el destino de los recursos perdidos.
Es decir, las resoluciones adoptadas por la Cámara de Diputados el 30 de julio –y contenidas en las leyes respectivas de las empresas y en la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada un día después– no sólo constituyeron una vulneración monumental de la propiedad pública sino también una inaceptable acción de encubrimiento a las corruptelas sindicales de décadas y al hurto –no hay otra palabra– del dinero de los trabajadores por parte de dirigencias gremiales rapaces.
Con este telón de fondo se pretende ahora sepultar, mediante una maniobra semejante, la
desapariciónde 15 mil millones de pesos que pertenecen a los ferrocarrileros jubilados y a los familiares de los ya fallecidos, y el país está próximo a contraer un nuevo endeudamiento, tan injusto, arbitrario e inmoral como lo fue la conversión de las deudas bancarias privadas en deuda pública –operación orquestada por Ernesto Zedillo con la asistencia legislativa de priístas y panistas– y las recientes transferencias de los pasivos laborales de Pemex y la CFE a las obligaciones federales.
Ocurre, por otra parte, que esas acciones inescrupulosas están siendo realizadas en una administración priísta, que comparte origen e intereses políticos con los charros petroleros, electricistas y ferrocarrileros, y constituyen una suerte de absolución e impunidad para la corrupción que ha sido sello de la casa.
Se ha puesto evidencia, a lo que puede verse, el verdadero rostro del
nuevo PRIy de la
victoria culturalde su aliado, el PAN. Desde luego, sería inadmisible dejar sin pensiones y demás prestaciones a petroleros, electricistas y ferrocarrileros; tan inaceptable como lo es dejar sin esclarecimiento la desaparición de fondos en los sindicatos correspondientes.
