Francisco López Bárcenas - Opinión
Cada día son más las
mujeres que participan en la lucha por la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas, y por lo mismo, sobre ellas también recae la
política represiva del gobierno. A los encarcelamientos, detenciones y
amenazas de muchas de ellas hay que agregar la criminalización de
quienes son procesadas judicialmente por su participación en las luchas
de los pueblos contra el despojo. Ese es el caso de Lucila Bettina Cruz
Velásquez, zapoteca, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas
del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y de la
Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de
México, quien es procesada en el juzgado sexto de distrito en el estado
de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, acusada de los delitos de privación
ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Como el
asunto está próximo a resolverse, la Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos en México ha lanzado una alerta denunciando que las
acusaciones que sobre ella ha lanzado la Procuraduría General de la
República responden a una estrategia de intimidación, persecución y
criminalización de su labor, situación que exigen que el juez rectifique
y dicte una sentencia absolutoria.
Existen muchos elementos que sustentan esta posición. Los más remotos
datan del año 2007, cuando los pueblos ikjoots y binnizá, en la región
istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, comenzaron la lucha en defensa de su
territorio, asediado por las empresas Mareña Renovables, Gas Natural
Fenosa, Demex (Renovalia Energy) e Iberdrola, interesadas en ocupar sus
tierras para instalar generadores de energía eólica, sin que los
afectados obtengan alguna ganancia por ello, sólo las míseras cantidades
económicas que los representantes de dichas empresas les ofrecen por la
renta de sus propiedades, con el agravante de que quienes aceptan
pierden las posibilidades de seguir utilizando sus espacios para la
reproducción económica, social y cultural, poniendo en riesgo su
existencia. La mayoría de los hombres y mujeres de los pueblos de la
región se opusieron y formaron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del
Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio para
defender sus derechos. Entre las mujeres estaba Lucila Bettina Cruz
Velásquez.
Como parte de sus acciones de defensa, el 13 de abril de 2011
la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio realizó una manifestación pacífica frente a
las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca. Nueve días después de esa manifestación popular Lucila
Bettina Cruz Velásquez fue detenida por elementos de la Policía Federal
Ministerial, en cumplimiento de la orden de un juez federal que la
señalaba como presunta responsable de la comisión de los delitos contra
el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. Dos
días estuvo prisionera en el reclusorio regional de Tehuantepec, pues
sus compañeros pagaron una garantía para que fuera procesada en
libertad, situación que no le devolvió la tranquilidad, pues recibió
amenazas constantes a su integridad, lo que obligó a Amnistía
Internacional a denunciar el acoso ante el gobierno federal.
La cercanía de la fecha para que el titular del juzgado que conoce de
su caso dicte sentencia ha movilizando a organizaciones y movimientos
defensores de derechos humanos, quienes están impulsando una campaña
nacional exigiendo que el juzgador se conduzca con imparcialidad, y
haciendo uso de la independencia que la ley le otorga, se apegue a los
estándares internacionales en materia de derechos humanos y corrija la
arbitrariedad cometida por la Procuraduría General de la República al
acusar a Lucila Bettina Cruz Velásquez de delitos que no cometió,
claramente criminalizada por participar en la lucha de su pueblo por la
defensa de sus derechos. Y por ser mujer. Si así lo hace, no sólo estará
corrigiendo una injusticia, sino también desactivando una potencial
protesta popular en caso de que su sentencia sea condenatoria. Y algo
también muy importante, dejará de contribuir a que la criminalización de
la protesta social reafirme su carácter de género.
