John Saxe-Fernández | Opinión-La Jornada
La denuncia de la Coalición de Trabajadores Petroleros de que en 2013 Pemex fue desplazada y el control de la operación de pozos lo tomaron los particulares, amenazando con dejar sin trabajo a más de 101 mil sindicalizados y de afectar el contrato colectivo (La Jornada 3/2/14), es asunto de trascendencia nacional y estratégica, en lo laboral y constitucional.
En 30 años neoliberales se abultó el registro de acciones e intenciones explícitas de deslealtad a la nación por altos cargos, fenómeno que requiere del escrutinio legal, histórico y psico-social –también sicoanalítico– por su colaboración y sometimiento a intereses de la plutocracia local y externa, en una agenda dirigida a la paulatina y sistemática extinción de Pemex producto de una gesta histórica, de soberanía e ingeniería y fuente primordial de ingresos de la Federación.
En 30 años neoliberales se abultó el registro de acciones e intenciones explícitas de deslealtad a la nación por altos cargos, fenómeno que requiere del escrutinio legal, histórico y psico-social –también sicoanalítico– por su colaboración y sometimiento a intereses de la plutocracia local y externa, en una agenda dirigida a la paulatina y sistemática extinción de Pemex producto de una gesta histórica, de soberanía e ingeniería y fuente primordial de ingresos de la Federación.
Para llevar la paraestatal “a un punto de venta” se usaron distintas “iniciativas” unas alentando contratos de riesgo o despedazando su petroquímica, otras debilitando su integración vertical y otras más, para privatizar de facto vitales funciones sustantivas con los contratos de servicios múltiples (CSM). En estricta continuidad con la línea privatizadora de sus antecesores, durante el sexenio de Fox se supo de los CSM, en los que una empresa, nacional o extranjera efectúa entre 30 o 40 servicios petroleros, con derechos exclusivos para realizar desde estudios y trabajos “corriente arriba” (exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos) hasta los de “corriente abajo”, construcción de plantas de procesamiento en áreas predeterminadas por 20 años, concesiones pero sin ese rótulo, según documentó Fernando Ortega Pizarro (Proceso Nº 1314, 6/1/2002).
En ese entonces los senadores del PRI habían demostrado que los CSM avalados por Fox y Hacienda (sucursal del FMI que decide qué va o no en Pemex) violaban la Constitución, “porque el sector privado se haría responsable del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como de la petroquímica básica... áreas estratégicas reservadas al sector público”... (El) otorgar a empresas privadas exclusividad temporal y control de las decisiones estratégicas equivale a dar una concesión que rompe el monopolio del Estado” (Ibid p. 9).
R. Muñoz Leos (ML), entonces director general de Pemex, y L. Ramírez Corzo, de Pemex Exploración y Producción, respondieron con la argucia de que “el tema se había politizado”, como si Pemex y el petróleo no estuviesen en el meollo de la política nacional. Para Estados Unidos de eso se trata: afectar la capacidad de gestión del “monopolio estatal”. Más que razones, los eslogans calderonistas, idénticos a los que utilizó el PRI de Peña para mutilar la Constitución, finiquitar la “nacionalización petrolera” y engrosar la lista Forbes, no convencieron. En 2002 las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía del Senado, a petición del PRI, exigieron que les entregaran “copias fieles” de los CSM. Muñoz Leos, cuya meta como director de Pemex fue “cómo usar el recurso para fortalecer la seguridad energética de nuestros socios comerciales”, respondió que “desde el punto de vista legal” “no se requería que los legisladores aprueben los contratos” (ibidem).
La intención del Departamento del Tesoro y sus entes subrogados, FMI-Banco Mundial y BID, ha sido usar diseños tipo CSM para que docenas de empresas contratistas se preparen para operar como “independientes”, en un esquema en que, como en los bancos, la privatización es estación de paso a la extranjerización. A las firmas chicas, sin mucha integración vertical, las migajas, para, de paso, afianzar negocios y lealtades a favor de la (contra) reforma. Un vocero del BID lo sintetizó así: “Las empresas mexicanas se enfocarán en aquellos campos que son muy pequeños para las grandes empresas” (sic) (Expansión, febrero 2014).
Ahora que el senado de EU aprobó el “Acuerdo Transfronterizo sobre Hidrocarburos” entre México y EU cabe recordar dos sucesos: el cable del ex embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado, divulgado por Wikileaks en que Georgina Kessel, ahora en Iberdrola, le dijo que “...quiere utilizar la cooperación en el tema de los yacimientos transfronterizos...para incorporar a las petroleras internacionales en el desarrollo de las reservas mexicanas (de petróleo) abriéndoles las puertas...al petróleo de México” (La Jornada, 19/12/13); y el hecho de que, según denuncia Oxfam, desde el American Petroleum Institute, las Exxon/Chevron promovieron un juicio contra la SEC, logrando el fallo de una corte distrital que “debilita los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registrada por petroleras, gaseras y mineras”. Repletas de avaricia, preparan lo que AMLO llama “el gran robo” en decenas de miles de millones de dólares. El fenómeno requiere reflexión, del tipo ofrecido por Jorge Veraza en su valioso Santa Anna: Perfil del Traidor en la conciencia nacional (Ithaca, 2000).
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
