Mientras en otras regiones de Michoacán se habla de la legalización y el avance de las autodefensas, los guardias comunitarios de Aquila siguen en penales de alta seguridad y la comunidad nahua está desplazada.
México. Los integrantes de la guardia comunitaria de San Miguel Aquila, Michoacán, siguen en la cárcel y la comunidad está desperdigada desde agosto de 2013. La razón está en los intereses del gobierno estatal y el crimen organizado en la mina de hierro propiedad de los nahuas, coinciden el comunero Guadalupe Díaz y Leonel Rivero, abogado de los detenidos. A eso y a la discriminación por ser indígenas achacan el “trato diferenciado” con respecto a las autodefensas de Tierra Caliente.
Después de conflictos con la empresa que explota el mineral para que pagara por la extracción, llegaron las actividades del crimen organizado. Cuando los comuneros decidieron defenderse en 2013 –después de apelar a los diferentes niveles de gobierno-, vino un operativo policiaco que dejó 45 detenidos y dos muertos. Desde entonces, los comuneros indígenas no pueden volver a sus tierras, la empresa sigue explotando el mineral y el Tribunal Agrario rechazó la representación comunal y aceptó a personas que los indígenas denuncian como vinculadas al crimen organizado.
“El gobierno quiere saquear los recursos de las comunidades indígenas sin dejar nada a cambio”, denuncia Díaz. El tejido comunitario está roto, relata, por lo que se requerirán acciones más allá de restablecer la seguridad en esta comunidad nahua. Y Aquila no está comprendido en los acuerdos que tomó el gobierno con las autodefensas de Tierra Caliente, precisa Rivero.
En entrevista anterior con Desinformémonos, el analista Carlos Fazio puntualizó que en Michoacán, “la economía criminal está entrelazada con los negocios, y me temo que haya grupos empresariales que tienen grupos armados y están coludidos con funcionarios del Estado. En el discurso oficial todo se centra en Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y autodefensas, pero nunca nos hablan de los políticos, empresarios, banqueros y aduanales; es decir, toda la estructura económica y gubernamental que tiene que ver con la importación-exportación de distintos productos de la economía nacional por el puerto de Lázaro Cárdenas”. Entre ellos está el hierro.
BBC News publicó recientemente que los empresarios chinos –los mayores consumidores del hierro michoacano- están enterados de que la mayor parte de la exportación del mineral la hace el crimen organizado.
Todo empezó en la mina
La historia de la comunidad indígena de San Miguel Aquila y la minera Ternium (antes llamada Los Encinos) comenzó hace 30 años. La empresa pagaba solamente mil 500pesos anuales a cada comunero por la ocupación de tierras. Las complicaciones comenzaron cuando la comunidad decidió exigir un pago de acuerdo con el volumen de mineral extraído. “Mataron a dos comisariados por eso. La comunidad detuvo la extracción por cinco años, pero luego regresó la empresa a seguir sacando el fierro sin pagar”, relató la comunera Ofelia Alcalá aDesinformémonos en 2013.
En 2011, después de una mesa de negociación en la que el gobierno estatal actuó como interlocutor y representante de la mina, se logró acordar un pago de 3.80 dólares por tonelada de material extraído. El pago convenido duró solamente dos meses. Los comuneros protestaron y el pago volvió, pero llegaron también las extorsiones del cártel de los Caballeros Templarios: 2 mil pesos mensuales por comunero. La comunidad aguantó la situación un año y medio, pero las exigencias de los delincuentes aumentaron, así como sus actividades: robo de autos, levantones y saqueo de materiales minerales en un lote diferente al que ocupa Ternium. Ni las autoridades ni la empresa tomaron cartas en el asunto.
La asamblea comunal tomó una decisión: el surgimiento de la guardia comunitaria. Los criminales y las autoridades municipales ligadas a ellos fingieron un conflicto intracomunitario, denunciaron los comuneros, lo que facilitó el golpe policiaco contra los indígenas.
El 14 de agosto de 2013, un operativo coordinado del ejército, la marina y la policía estatal entró a Aquila y detuvo a 45 integrantes de la guardia comunitaria; 2 más fueron asesinados. En ese momento, los pobladores denunciaron que con el ejército llegaron miembros del crimen organizado. Los comuneros intentaron dialogar pero fueron recibidos a tiros. Las armas de la guardia fueron decomisadas y los comunitarios detenidos fueron enviados a penales de alta seguridad. El presidente municipal volvió.
Después de la desarticulación de la guardia comunitaria, “vinieron cinco asesinatos, tres desapariciones forzadas y levantones por parte del crimen organizado de los que todavía se quedaron en la comunidad”, relata Díaz. La comunidad se desplazó y sus integrantes se fueron principalmente a Colima, el Distrito Federal y Jalisco.
Un ex integrante de la guardia –que pidió mantener su nombre en el anonimato- afirmó en semanas anteriores a Desinformémonos que muchos comuneros viven en los cerros, huyendo de las fuerzas del orden y de los Templarios. Díaz afirma que en la actualidad, todas las familias indígenas tuvieron que desplazarse del estado y hoy ya sólo viven en Aquila los avecindados. El crimen organizado aumentó la cuota a los avecindados del municipio, para recuperar sus “pérdidas” por el desplazamiento de los comuneros.
Los comuneros están también inmersos en una disputa por la titularidad del comisariado de Bienes Comunales, pues las autoridades reconocieron a personas que los indígenas rechazan por su involucramiento con el crimen organizado. “Y tan real es, que la Policía Federal los detuvo la semana pasada por delincuencia organizadad”, confirma Rivero.
La mina sigue explotando el mineral y se lo lleva “sin dejar beneficio alguno a la comunidad. La regalía que dan no es la que convenimos, pero aprovechando la situación de desplazamiento, ellos hacen lo que quieren”, informa el comunero. La Jornada reportó que a principios de la década de 1990, el gobierno federal otorgó a la empresa minera una concesión por 300 hectáreas, con un área de explotación de 73 de ellas, pero a la fecha Ternium ha invadido 200 hectáreas.
Los presos
La guardia comunitaria de Aquila no tuvo tiempo para conformarse bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues el operativo policiaco para disolverla llegó a pocas semanas de su nacimiento.
De los 45 detenidos en agosto de 2013, 40 siguen procesados por violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. En el penal de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz, se encuentran 16 de ellos, y tres en la cárcel de Morelia. Los otros 21 siguen su proceso en libertad bajo caución. “Los tienen segregados, sujetos a castigos y a más de mil kilómetros de su comunidad, con la posibilidad de enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión”, denuncia Leonel Rivero.
“El Estado utilizó a San Miguel Aquila para dar un mensaje de mano dura a las otras guardias comunitarias”, considera el experimentado abogado.
El proceso judicial está en la etapa de apelación al auto de formal prisión, lo que significa que no se ha desahogado aún ni una sola prueba.
La defensa de los comuneros, encabezada por Rivero, se acogerá a una estrategia novedosa, que es demostrar que si la guardia comunitaria cometió un delito contra el principio de Seguridad Pública –al no respetar el monopolio de la fuerza del Estado-, lo hizo para preservar derechos mayores, como el de la vida, la integridad física y el patrimonio. El elemento principal será un peritaje por medio del cual demostrarán que hubo un “estado de necesidad” que obligó a los comuneros a constituirse como grupo de autodefensa.
“El argumento de la defensa es que al proteger los derechos superiores, hay una excluyente de responsabilidad, pues se debe preservar el principio más alto, el de la vida y la integridad, porque ¿de qué sirve preservar el principio de seguridad pública si no hay ciudadanos a los cuales aplicárselo? Por ejemplo, si el crimen organizado mata a todos los habitantes”, explica el abogado.
Aunque la guardia comunitaria de Aquila no está vinculada a las autodefensas de Tierra Caliente ni su argumento legal lo hace, los discursos del gobierno en la legalización de éstas reconocen expresamente que el principio de seguridad pública falló, puntualiza Leonel Rivero.
El largo camino de la reconstrucción de una comunidad
En este momento no hay un diálogo con el gobierno, confirma Díaz. Los comuneros no tienen información sobre la llegada de las autodefensas de Tierra Caliente a Aquila, pues los únicos que quedan habitando son los avecindados y no saben si se unieron o no a ellos.
Los comuneros están concentrados en la liberación de su guardia y ni siquiera pueden discutir si es pertinente acogerse a la legalización ofrecida por las autoridades.
La minera ha vulnerado los acuerdos con la comunidad y pretende expandir la explotación, en lo que están coludidas tanto autoridades estatales como el crimen organizado, explica el abogado. “Por eso se requiere una solución más integral” que la mera legalización de la guardia, explica
La primera acción necesaria para restablecer la normalidad en la comunidad de San Miguel Aquila es la libertad de los presos, coinciden Guadalupe Díaz y Leonel Rivero, así como el desistimiento de las órdenes de aprehensión que existen. En la última semana de enero de 2014, los comuneros y otras organizaciones campesinas iniciaron la “Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia”, entre cuyas demandas está la liberación de la guardia comunitaria.
También se debe recomponer el tejido social, lo que implica atender toda la conflictividad que se dio dentro de la comunidad a partir del problema con la mina, que llevó a que se constituyera un comisariado ejidal que no representaba los intereses de la comunidad y que siempre fue señalado como aliado con el crimen organizado, agrega el defensor. “Debe reconocer a las autoridades comunales desconocidas por el Tribunal Agrario y atender el tema de la explotación minera que Ternium hace fuera de su concesión”, detalla.
“Lo que queremos es la liberación de presos para vivir en paz, que el gobierno estatal y el federal brinden seguridad a la comunidad para que existan las condiciones de que se pueda reintegrar al municipio de manera tranquila”, finaliza Guadalupe Díaz.
Fuente: Desinformémonos.org
Fuente: Desinformémonos.org
