26 enero 2014 | Miguel Concha Malo * | Contralínea
El pueblo de San Pedro Mártir está localizado al Sur de la Ciudad de México. Ha sido una comunidad, desde siempre, que alberga en su interior una profunda solidaridad, que brinda desinteresadamente a movimientos, organizaciones y colectivos sociales que se organizan para defender sus territorios, sus derechos y su dignidad en el Distrito Federal y en el país. San Pedro Mártir es así un testimonio de esperanza, justicia y convivialidad comunitaria urbana. Su proceso organizativo de más de 40 años le otorga además el título de pueblo fraterno, de pueblo hermano.
Lamentablemente hoy día sufre graves violaciones a sus derechos humanos. En septiembre de 2011 inició una lucha pacífica contra la imposición ilegal de una gasolinera en su territorio que, entre otras cosas, pone en riesgo los derechos a la vida y a la movilidad de sus habitantes. Para octubre de ese mismo año las y los vecinos instalaron el campamento Ixtliyólotl (“Por la vida y la dignidad”), con la finalidad de impedir su establecimiento. Todo ello con base en las constantes irregularidades que el proceso de construcción implica: en ningún momento se informó a la comunidad sobre dicho inmueble, y cuando lo solicitó, tampoco se le proporcionó información. Sus principales preocupaciones ahora tienen que ver con el peligro que esta gasolinera le acarrea y con los daños al medio ambiente que ocasionaría; así como el nulo proceso de participación de sus habitantes para elegir y opinar sobre el modelo urbano que más les beneficiaría en su territorio.
Las autoridades, por el contrario, han privilegiado los intereses económicos de empresas dedicadas, en este caso, a la distribución de gasolina, y no titubean en aplicar la ley a personas que a su juicio son incómodas y se oponen al “desarrollo de la Ciudad”. Así lo constatamos el pasado 25 de diciembre, cuando alrededor de las 6 y media de la mañana, aprovechando las circunstancias especiales de asueto de esa fecha, fue sorpresivamente desalojado el campamento con extremo y excesivo uso de la fuerza pública, sin mayor argumento que el de “ocupan un espacio privado”. El despliegue de granaderos ascendió a más de 500 elementos, lo cual deja entrever la colusión entre el gobierno de la delegación de Tlalpan y el gobierno central del Distrito Federal para beneficiar a la empresa CorpoGas.
La defensa de los vecinos no ha sido sólo a través de actos pacíficos de resistencia. También tiene un componente jurídico. Han ganado varios juicios relacionados con los permisos ilegales de construcción de la gasolinera. Las instancias judiciales les han dado razón favorable a sus demandas, pues se ha demostrado cómo las autoridades permitieron indebidamente la construcción, violando, entre otros, el uso de suelo y las normas ambientales. Los tres juicios iniciados por las y los habitantes dan cuenta de ello. En este momento aguardan la resolución de un amparo interpuesto en contra de una resolución que benefició a la empresa gasolinera, sin que los impartidores de justicia hayan ido al fondo del asunto. Ahora al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encargado de administrar justicia en los casos en donde haya controversias entre personas físicas y morales, y las autoridades de la administración pública y paraestatal del Distrito Federal, le toca resolver este caso, que esperamos sea a favor de los derechos humanos del pueblo de San Pedro Mártir. De lo contrario quedará más al descubierto la descomposición institucional por la que pasan los órganos encargados de garantizar los derechos de las personas y de los colectivos.
Este caso es uno más de los tantos que se presentan hoy en el Distrito Federal. En cada uno de ellos es evidente que el desarrollo de la Ciudad se hace conforme a los intereses económicos de unos cuantos, dejando de lado el derecho colectivo que las y los habitantes de determinado territorio tienen para ser consultados y elegir qué modelo de ciudad es adecuado y conforme a una vida de calidad, digna y sustentable.
El Gobierno del Distrito Federal incurre constantemente en conflictos de este tipo con personas que por décadas han habitado ciertas zonas. Casos emblemáticos hay muchos. Por ejemplo, el de la Supervía Poniente, que violentó múltiples derechos de personas en la delegación La Magdalena Contreras. También el de la Arena Ciudad de México, y en últimas fechas el que existe entre habitantes del Oriente de la Ciudad y la administración central, debido a la construcción de la Autopista Urbana Oriente. El caso de San Pedro Mártir es otro de ellos.
Sin duda se han venido diluyendo poco a poco los compromisos que los gobiernos de la Ciudad habían venido haciendo con sus habitantes. En el gobierno de Marcelo Ebrard se logró la firma de una Carta por el Derecho a la Ciudad, la cual contiene los lineamientos necesarios para transitar hacia una ciudad democrática, con justicia, garantía de nuestros derechos humanos y conforme a la responsabilidad ambiental. Ahora vemos cómo ese cometido se hace a un lado.
El derecho a la ciudad sigue siendo, sin embargo, impulsado por movimientos sociales, en respuesta al erróneo desarrollo de ciudades basado simplemente en la lógica del mercado, el lucro y la acumulación del capital. Este derecho exige considerar a la Ciudad como un espacio en el que las personas satisfagan sus necesidades vitales, en el que no sea suficiente conformarse con lo que ya está, sino por el contrario transformarlo radicalmente y crear nuevas propuestas urbanísticas en beneficio de una vida digna para las comunidades, y no tanto para los intereses económicos de unos cuantos.
Este derecho protege a las personas y colectividades de violaciones a su dignidad. Combina derechos económicos, políticos, sociales, civiles, culturales y ambientales sobre la base del interés común en proclamar nuevas formas de convivialidad en la Ciudad, que hallan relación con la sustentabilidad, la democracia y el desarrollo económico. Así como con propuestas vinculadas a la reproducción y gestión del hábitat, el manejo responsable de los bienes comunes, el disfrute equitativo del espacio público y la movilidad de las personas.
El derecho a la ciudad debiera ser el eje rector en la transformación de las megalópolis. Sin embargo lo que predomina en la Ciudad de México es la urbanización con poca o nula perspectiva de derechos humanos y sustentabilidad. Los casos mencionados son clave para entender cómo el gobierno del Distrito Federal falta a su compromiso con procesos de participación, democratización y respeto a los derechos humanos, establecidos incluso en su propia legislación. La actual administración y su política “decidamos juntos” tiene el principal reto de transformar la Ciudad, posibilitar que emerjan o persistan alternativas al modelo hegemónico de desarrollo, que las personas y sus colectivos sean partícipes de todos los espacios de decisión y de las acciones que nos posibiliten nuevos escenarios de convivencia y habitabilidad.
Será imposible una garantía plena de los derechos humanos mientras no se atiendan aspectos fundamentales mencionados en la Carta por el Derecho a la Ciudad, tales como el pleno ejercicio de la ciudadanía de todas las personas, con independencia de su edad o género, así como su participación sobre el uso y propiedad del territorio, lo que implica que las personas que habiten la Ciudad decidan sobre la distribución y usufructo que se haga de ellos. También es urgente que se tenga un manejo sustentable de los recursos energéticos y los bienes comunes naturales. Todo lo cual en su conjunto nos llevará al disfrute democrático y equitativo de la Ciudad.
San Pedro Mártir lucha ahora por sus derechos. Pero a través de su lucha y experiencia nos demuestra el anhelo constante por construir otra Ciudad, basada en una cultura de derechos, legalidad y buen vivir.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
Fuente: Contralínea
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