El gobierno de la Ciudad de México se ensañó con la inconformidad social: mantiene encarceladas a las personas detenidas el 1 de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, aunque su inocencia haya sido documentada mediante videos y testimonios consistentes. Juicios plagados de las mismas irregularidades hacen que se fortalezca un señalamiento: la administración de Miguel Ángel Mancera está llenando sus cárceles con presos de conciencia.
Activistas incómodos al gobierno capitalino, estudiantes y trabajadores que en 2013 participaron en la conmemoración del 2 de octubre permanecen en prisión, acusados de atacar la paz pública, ultrajar a la autoridad y, en varios casos, de intentar asesinar policías.
Las “pruebas”: Declaraciones de dos agentes que, pese a ser contradictorias, tienen más valor para los jueces que videos, dictámenes periciales y testimonios sólidos conseguidos por los detenidos, a quienes se les impidió enfrentar su juicio en libertad.
Ya se emitieron dos sentencias que confinan a cinco años y nueve meses de cárcel –sin posibilidad de libertad bajo fianza– a dos personas aprehendidas en distintos lugares, momentos y circunstancias.
Cinco años y nueve meses es la tasación contra la protesta social. Esa también fue la condena que recibió el pasado 12 de diciembre Osvaldo Rigel Barreta, capturado y procesado por las protestas del 1 de diciembre de 2012.
Los detenidos, familiares y abogados que los representan coinciden en que se trata de “presos de conciencia” y de “apariencia”: los detuvieron por sus ideas y por su aspecto. Los parientes también denuncian injusticias “en serie”: las imputaciones son las mismas en cada caso y los jueces las admiten sin evidencia. A esto se suma el silencio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Bautista, el incómodo
El pasado 7 de diciembre José Alejandro Bautista Peña fue sentenciado por atacar y lesionar a un granadero. En la acusación se asentó que había sido detenido en flagrancia. No obstante Bautista demostró en videos –con aval pericial– que no incurría en ningún delito cuando varios hombres vestidos de civil lo detuvieron y condujeron violentamente con los granaderos. Los testigos corroboraron su dicho, pero todas las pruebas de descargo fueron desechadas por el juez 40 de lo penal, Jorge Martínez.
En 2007 Alejandro se convirtió en un dirigente incómodo para los negocios inmobiliarios que promueven funcionarios del Distrito Federal y la delegación Tlalpan.
Sin filiación partidista encabezó la resistencia de habitantes de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. El despojo de tierras en esa delegación se hizo a través de Toribio Guzmán Aguirre o Toribio Guzmán Paz (se presenta con los dos apellidos en documentos oficiales).
Guzmán fue electo por usos y costumbres como “enlace” con la delegación, pero falsificó un acta de no antecedentes penales. El cambio de nombre y la alteración de datos fueron denunciados por Bautista.
En entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte, Bautista aseveró, días antes de ser sentenciado, que fue Guzmán quien inició los despojos y las compraventas irregulares, así como agresiones violentas contra los habitantes que se resistían. Todo fue documentado por Bautista, quien interpuso denuncias y difundió pruebas.
El 28 de febrero de 2012 presentó un video en el programa de Jorge Garralda, en el que se ve a un civil blandiendo una pistola mientras policías amenazan a quienes se oponen a la invasión de un predio: la exhacienda de Xoco. Ahí se autorizó cambiar el uso de suelo y se construyeron desarrollos inmobiliarios.
El Juzgado Octavo de Distrito resolvió suspender los derechos políticos de Toribio Guzmán por la falsificación que hizo del padrón electoral. Pero la delegación Tlalpan y el gobierno capitalino no acataron la sentencia y lo mantuvieron en su puesto, lo cual motivó que Bautista entablara juicios por desacato y contra funcionarios de diversos niveles, incluido uno contra el exjefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard.
Según Bautista, las autoridades no sólo solaparon a Guzmán, sino que siguieron avalando permisos. Los funcionarios contratacaron y le inventaron un proceso por robo a Bautista, del que salió exonerado.
En ese tiempo, el activista se solidarizó con el rechazo a la construcción de un Walmart en San Pedro Mártir, otro pueblo en el que se expidieron permisos de construcción irregulares.
El 5 de abril de 2012 Bautista denunció en redes sociales que era objeto de amenazas y agresiones por parte de las autoridades capitalinas y delegacionales. “Me dijeron que tenían órdenes de arriba de chingarme”, dijo esa vez, parafraseando a los emisarios de la delegación Tlalpan.
Sentencia sin delito
El 7 de octubre, en la audiencia durante la cual se revirtió la fianza que se le había fijado (y por lo tanto se le mantuvo en prisión), un custodio penitenciario amenazó a Jorge Mario González con las mismas palabras de los granaderos que lo detuvieron el día 2 de aquel mes: “De ser por mí te mataría a golpes, porque te gusta quemar policías”. Ese día Jorge Mario comenzó una huelga de hambre que se prolongó casi dos meses.
El estigma de ser anarquista lo persigue, pero la acusación en su contra nada tiene que ver con quemar agentes.
La detención de Jorge Mario ocurrió cuando se dirigía a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. Un contingente de policías vestidos de civil y granaderos detuvo el autobús en el cual viajaba; lo acusaron de lanzar petardos que supuestamente afectaron mobiliario urbano, propiedad privada y lesionaron a transeúntes (Proceso 1933).
Según familiares y amigos que integraron un comité por su liberación, días antes fue amenazado con cárcel por personal de seguridad de la UNAM.
Las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina no registraron los hechos; un peritaje de la Procuraduría local no encontró daños a mobiliario urbano y no hubo ni una denuncia por lesiones.
Todo fue expuesto en el juicio, pero no impidió la sentencia. El viernes 10, sin pruebas ni peritajes oficiales que confirmaran los señalamientos, fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión. Una condena sin delito.
La única “prueba” fue el testimonio de dos policías, que sin embargo no lo identificaron como el autor de los hechos imputados.
Exalumno del CCH Naucalpan, González ha participado en movimientos de rechazo a las reformas universitarias por considerar que revierten el modelo de educación pública. Y es anarquista.
De ahí que, en una concentración internacional realizada en la UNAM a finales de diciembre, numerosos colectivos nacionales y extranjeros (anarquistas o no) y académicos e intelectuales, como Noam Chomsky, se manifestaron por la liberación de González.
Días después, cuando ya se había emitido la sentencia, volvieron a pronunciarse en contra del fallo de la juez Marcela Ángeles Arrieta. “Lo están privando de su libertad por sus ideas”, reza el texto firmado por varias organizaciones y cientos de personas el martes 7. Ahí se responsabiliza de la iniquidad al gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El trato recibido por González da cuenta del encono de los tribunales contra los manifestantes. Se le negó el derecho de enfrentar el juicio en libertad por ser persona de “peligrosidad social” y en el Reclusorio Oriente lo acusaron de romper focos y de falta de higiene, para castigarlo. También lo amenazaron de muerte.
Nuria Ramírez, pareja del joven de 23 años, recuerda que durante la huelga de hambre se le negó la atención médica particular. De hecho, los doctores penitenciarios dijeron que no necesitaba atención, pero al levantar el ayuno la negligencia médica le provocó una grave afección al páncreas. La juez se negó a que se alimentara durante las audiencias –aun con prescripción médica–, que fueron aplazadas una y otra vez porque los policías acusadores no se presentaban.
En un manifiesto emitido el 13 de enero, organizaciones anarquistas y sindicales de Europa, junto a adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, aseguraron que la embestida se dirige contra los movimientos anarquista y estudiantil: “Esta sentencia es contra el activismo político que realizó Mario desde siempre, no encontraron nada más que acusarlo sin pruebas, bajo mentiras de ataques a la paz pública”.
Una señora enojada
A Gabriela Hernández le gustan las flores. Si algo le gusta más es contemplar la luna.
El 3 de julio de 2012, Gabriela, de 47 años, quiso aprender computación para entender lo que pasaba en las calles. Su hija, universitaria, le mostró lo elemental y días después se animaba a postear comentarios críticos contagiada por las protestas del movimiento #YoSoy132.
En Facebook quiso llamarse Luna Flores.
Obrera de maquila –metía en sobres la correspondencia bancaria–, Luna seguía con atención noticias y comentarios. Un día vio las críticas que el entonces diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) hacía a la iniciativa de reforma laboral: explicaba que el outsourcing pagaría por hora sólo en día trabajado, sin remuneración por día de descanso, sin vacaciones, seguridad social, antigüedad ni pensión. Sin saberlo, ella era eso, una empleada de outsourcing.
La convocatoria de Fernández Noroña, hecha a través de redes sociales, consistía en una sentada masiva que se realizaría el 2 de octubre de 2012 frente al Senado. Luna acudió. De repente vio cómo los policías arremetían contra los manifestantes para abrir paso a los senadores. Luna se arrojó a la calle y se mantuvo ahí, bajo la defensa de una elegante camioneta, hasta que la quitaron por la fuerza.
Enfundada en el uniforme beige de la prisión de Santa Marta Acatitla, Luna explica con una sonrisa durante la fría mañana del jueves 9: “No conozco a Noroña ni soy de su gente. Pensé que al aprobar la reforma mis hijos estarían como yo en la maquila, sin derechos. Esa fue mi primera participación política”.
Luna, quien también se dedicó al servicio doméstico, es catalogada por la fiscalía como mujer de “peligrosidad social” y exhibida como una de las anarquistas más peligrosas de México, según se lee en una lista que el diario Reforma publicó en octubre y cuya autoría atribuyó al Gobierno del Distrito Federal. La administración de Mancera, a su vez, rechazó haberla elaborado.
Sin embargo, al negarle la fianza, la juez mencionó esa publicación.
Desde el 27 de octubre Luna está presa y enfrenta cargos por ultrajes a la autoridad. Dos policías la acusan de haberles gritado “puercos asalariados” y arrojarles objetos con el fin de lesionarlos. “Yo no soy anarquista. Estoy muy mal informada de política. No creo en política ni políticos. Hasta donde sé el anarquismo no es malo, pero yo no lo soy. Yo sólo soy una señora enojada de tanta porquería”.
Según la acusación, la mujer fue el 2 de octubre al llamado búnker policiaco, donde había detenidos por los disturbios, y atacó a los agentes (Proceso 1933). Su versión es otra: Acudió acompañando a una mujer que creía que su hija estaba detenida. Ahí también arribó un grupo de jóvenes y se manifestó pacíficamente hasta que los correteó la policía. Ella no participó.
Ese día la reportera Alba Calderón reportaba para Efekto Noticias afuera del búnker. Consignó que la protesta era pacífica y que los policías agredieron a los jóvenes. El video de la televisora confirma la versión de Luna. Sentada junto a dos mujeres ella contemplaba los hechos.
La grabación desmintió el bulo de los dos policías que la acusan, pero Luna sigue en prisión en espera de sentencia. El poder que el gobierno capitalino le atribuye trasciende la prisión: El 8 de diciembre, el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, la acusó de estar detrás de las protestas del Metro.
Pese a que se han presentado los videos, testimonios y pruebas periciales, los estudiantes Ilia Adad Infante Trejo, Víctor Efrén Espino Calixto (de Filosofía de la UNAM), Adrián Gutiérrez Miguel (Geografía) e Iribar Ibinarriaga Ramírez (Diseño Industrial en la UAM) enfrentan cargos por ataques a la paz pública en pandilla, ultrajes a la autoridad y daños a propiedad privada perpetrados el 2 de octubre pasado, según la causa penal 236/2013 del juez 40 de lo Penal. Junto con ellos, se acusa al músico José Daniel Palacios y al obrero Salvador Reyes Martínez. Todos fueron encapsulados afuera del hotel Meliá (Proceso 1933).
Su versión y la de los policías que los acusan es que un mando conocido como Argos los seleccionó en un patio de la delegación policial GAM-2, donde habían sido concentrados junto con otros manifestantes detenidos. Argos nunca apareció en el juicio.
El uso de videos alterados también ha tenido validez para formular imputaciones, como ocurre con Abraham Cortés Ávila, un artista callejero acusado de intentar matar policías. Para incriminarlo, sostiene el abogado Rubén Díaz, el Ministerio Público presentó un video editado en el cual se ve a Abraham lanzando una botella; luego, en otra imagen, un policía incendiado.
La grabación está adulterada. Hay otra en la que se observa la escena completa: el objeto arrojado por el joven ni siquiera llega a la línea de granaderos y tampoco explota.
Abraham y los detenidos en el hotel Meliá enfrentan los cargos en el Reclusorio Norte pues, pese a la pruebas, la procuraduría capitalina se niega al desistimiento.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
