La población, principal afectada por la intervención militar
Fernando Camacho Servín | Periódico La Jornada | Viernes 17 de enero de 2014, p. 8
La petición de medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido al caso de dos civiles muertos durante un operativo del Ejército en la comunidad Antúnez, Michoacán, deja ver que la actual administración está aplicando la misma estrategia punitiva basada en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo cual afecta en primer término a la población civil, afirmaron integrantes de organizaciones sociales.
Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, sostuvo que la petición de dichas medidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad y el gobierno michoacano es resultado del problema estructural de violencia que afecta a todo el país, causado por la falta de capacidad de las autoridades para garantizarle seguridad a la gente.
“Es una situación que ya ha rebasado la capacidad del Estado mexicano, que ante la falta de mecanismos de diálogo, irónicamente se dedica a reprimir a quienes le piden que los proteja, en una muestra de su ineficacia y de su perfil agresivo”, lamentó.
En este escenario de crisis, ni la CNDH ni ningún otro mecanismo oficial tiene capacidad para documentar con precisión la cantidad de muertos y heridos que ha dejado el conflicto hasta el momento, señaló Lara, quien llamó a tomar con seriedad el número de víctimas denunciado por los grupos de autodefensa en vez de minimizarlo.
Por su parte, Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, alertó que el fallecimiento de al menos dos civiles durante un operativo castrense en Antúnez, ocurrido el lunes en la noche, demuestra que el gobierno de Enrique Peña Nieto está aplicando la misma táctica de seguridad que su antecesor.
“Están cometiendo los mismos errores que en el sexenio anterior: atacar un problema complejo sólo con la fuerza bruta de los militares, que no tienen capacidad para prevenir ni investigar. Se está reproduciendo el modelo punitivo y pragmático de Felipe Calderón. ¿Cuánto tiempo van a estar los soldados? No lo sabemos, y eso complica todo extraordinariamente”, deploró.
Respecto de la falta de certeza sobre la cantidad de víctimas mortales en Antúnez, Ramírez destacó que la complejidad de la situación hace muy difícil conocer los datos precisos, pero también hizo ver que las autoridades sacan ventaja de ello para “crear un vacío de información ex profeso que justifique sus acciones y matice los daños que causa el Ejército”.
Fuente: La Jornada
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