Editorial-La Jornada
Pocas horas después de
que el Congreso español aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, reforma
que criminaliza las protestas sociales mediante la imposición de multas
descomunales, miles de españoles volvieron a salir a las calles a
manifestarse en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), impulsada por el ministro ibérico de Educación, José
Ignacio Wert, la cual es vista por amplios sectores de la oposición y de
la sociedad de ese país como un paso a la privatización de la enseñanza
pública y al adoctrinamiento religioso de los educandos.
La actitud de La Moncloa es particularmente improcedente si se toma
en cuenta que las políticas adoptadas en meses recientes amenazan a
prácticamente todos los sectores de la sociedad española –los
asalariados, los jubilados, los jóvenes, así como a los especialmente
vulnerables de la población, como los desempleados y los trabajadores
inmigrantes indocumentados– y que el propio gobierno ha cancelado en los
hechos los canales institucionales de expresión de las discrepancias
políticas y sociales. De esa forma, amparado en la amplia votación que
su partido recibió en la elección de finales de 2011, en el control
parlamentario que logró entonces y en la catástrofe política de la
principal fuerza de oposición, el derrotado Partido Socialista Obrero
Español, Rajoy pretende imponer en España una descarnada ortodoxia
neoliberal, que en los dos años recientes prácticamente ha desmantelado
el estado de bienestar que se construyó en las décadas posteriores a la
dictadura y ha comenzado a hacer lo propio con otros preceptos
constitucionales.
El caso de la LOMCE es, al respecto, emblemático. Aprobada con los 182 votos del PP en el Congreso, dicha reforma sumó numerosas críticas por haber sido avalada sin tomar en cuenta el punto de vista de los integrantes de la comunidad educativa española –profesores, directores, sindicatos, asociaciones de alumnos–, y ni siquiera el de las asociaciones de padres de familia y de profesores de perfil conservador. Por lo demás, la inconformidad y las críticas suscitadas por la aprobación de la referida ley derivó en la firma de un acuerdo inédito en el que los partidos de oposición se comprometieron a derogarla en cuanto el PP deje de controlar la mayoría parlamentaria.
Esta combinación –insensibilidad oficial, indignación popular y ausencia de cauces institucionales para expresarla y convertirla en acción política– pudiera resultar sumamente costosa para el actual régimen español, en la medida en que constituye una condición de riesgo de estallidos sociales incontrolables. Es previsible que éstos no podrán ser contenidos con medidas autoritarias como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, en la medida en que la sociedad española siga padeciendo el aumento del desempleo, la reducción de su nivel de vida y la ofensiva gubernamental en contra de sus derechos en materia de trabajo, vivienda, salud y educación.