2 julio 2017 | Nancy Flores | Contralínea
La estrategia para rematar el sector energético del país, que afecta no sólo a las industrias petrolera y eléctrica, incluye desde hace tiempo descapitalizar a las principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Año con año, éstas enfrentan crisis tales que se ahogan en deudas a corto, mediano y largo plazos, pues el dinero público que se les entrega es insuficiente para cubrir sus gastos de operación, a lo que se suma la pérdida por actos de corrupción en la mayoría de los contratos con la iniciativa privada.
Pues resulta que como parte de esa estrategia de ruina, este año las finanzas de Pemex y la CFE vuelven a padecer esta política, profundizada por la reforma energética. Más allá de que ambas empresas han empezado a ceder áreas estratégicas que antes estaban vetadas a la iniciativa privada, ahora ceden lo poco que les queda a acreedores financieros: empeñan hasta la chatarra.
Así, parte del plan energético trazado por esa reforma es justamente restar fuerza no sólo a estas empresas, sino a todo el sector energético. Por ello, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para este ejercicio incluye un recorte multimillonario en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se trata de 44 mil 477.34 millones menos respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2016. Esta estrategia del Ejecutivo que se propone debilitar gradualmente las finanzas de ambas empresas servirá para agilizar la venta de la industria, algo que era impensable hace apenas 1 década.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, mientras que en 2016 se aprobó un gasto de 837 mil 496.70 millones de pesos, para este año el Ejecutivo Federal propuso un gasto de 790 mil 688.46 millones.
La Cámara no fue tan severa como proponía el gobierno federal, y finalmente le aprobó 793 mil 19.36 millones de pesos al sector.
El análisis El presupuesto público federal para la función combustibles y energía 2016-2017 refiere que el gasto aprobado para este año presenta una reducción del 5.31 por ciento respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en 2016, y un incremento de 0.29 por ciento respecto al propuesto por el Ejecutivo para el actual ejercicio.
Lamentablemente ese gasto no fortalecerá al sector ante el embate privatizador que enfrenta: “aunque la industria energética es intensiva en capital, del gasto total aprobado para el ejercicio fiscal 2017, el 67.11 por ciento se destinaría para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones funciones adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones)”, refiere el análisis.
Agrega que sólo “el 32.89 por ciento se asignaría para el gasto de inversión necesario para la exploración y extracción de hidrocarburos o generación, transmisión, distribución de electricidad, entre otros rubros”.
De acuerdo con el estudio, son las dos principales empresas productivas del Estado las que concentran el mayor gasto: Pemex, 417 mil 216.21 millones de pesos, y la CFE, 314 mil 611.85 millones.
Esto “muestra que actualmente ambas empresas productivas del Estado son las columnas vertebrales [con las] que el gobierno federal cuenta para seguir modernizando las industrias petrolera y eléctrica del país”, señala el análisis elaborado por el investigador parlamentario y maestro en economía Reyes Tépach.
Según su estudio, “el gasto público para el sector energético nacional es equivalente al 3.91 por ciento del producto interno bruto (PIB), predominando dos importantes rubros: para hidrocarburos (petróleo y gas natural), donde se destinará el equivalente al 1.63 por ciento del PIB, y electricidad, con 1.67 por ciento del PIB”.
Adicionalmente, indica el informe, “en el gasto no programable se encuentra el relacionado con el costo financiero destinado a cubrir los pasivos de ambas empresas, éste fue de 0.59 por ciento del PIB”. Este costo se refiere a la deuda que ya se ha cargado a los bolsillos de los mexicanos, al considerarla pública para beneficio de un puñado de empresarios.
De acuerdo con el análisis, “los programas más relevantes del sector petrolero aprobados para 2017 son los proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, con 178 mil 825.51 millones de pesos; operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, es de 106 mil 247.80 millones; para la adquisición de energía eléctrica a los productores externos de energía, 72 mil 399.58 millones; producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, 70 mil 827.14 millones; y para operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica, es de 44 mil 525.76 millones”.
El estudio también revela la distribución de los recursos, que quedó asignada de la siguiente forma: “para Energía, 1 mil 563.49 millones de pesos; para provisiones salariales y económicas, 58 mil 997.90 millones; para la Comisión Reguladora de Energía, 339.99 millones; para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 290.01 millones; para la Comisión Federal de Electricidad, 314 mil 611.85 millones (incluye el gasto programable y no programable); y para Pemex, 417 mil 216.11 millones (incluye el gasto programable y no programable)”.
Como ha demostrado la experiencia de México con la privatización de otras industrias (como la de telecomunicaciones, con el mejor ejemplo que es Telmex), esta política entreguista sólo sirve para enriquecer a unos cuantos empresarios y políticos y empobrecer a la mayoría de los mexicanos. Nada distinto puede esperarse ahora de la venta del sector energético.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
