Parte I: del movimiento del 68 al narconeoliberalismo
Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social
28 mayo 2017 | Martín Esparza Flores | Contralínea
Hacer un recuento de las vejaciones y la represión cometidas al pueblo de México en los últimos 50 años es abrir las puertas de un inmenso cementerio donde yacen olvidadas miles y miles de víctimas, cuyo único delito fue enfrentarse a las decisiones autoritarias y a las injusticias de su tiempo, exigiendo respeto a sus derechos y a sus libertades.
Con toda seguridad, si formáramos en línea recta el número de cenotafios acumulados en el negrohistorial de atrocidades, se podría cubrir la distancia de Mérida a Ensenada, de ida y vuelta, y sobrarían cruces. También, con la mayor de las certezas, se escribirían varios tomos de la aterradora estela de muerte y desolación registrada al paso de los sexenios, arrojando muchas explicaciones y reflexiones al grado de descomposición social y política a que ha llegado el país, donde lo mismo se asesinan a dirigentes sociales, líderes indígenas y agrarios que a periodistas, sin que las autoridades hagan algo por limpiar la ciénaga de podredumbre donde pervive la impunidad.
El exceso de violencia y corrupción es resultante del amancebamiento de un desgastado neoliberalismo con una cínica narcopolítica, y tiene sus antecedentes en las brutales represiones cometidas al amparo del poder.
El movimiento estudiantil de 1968 puede considerarse el punto de partida de un autoritarismo oficial que tomó cartas de naturalización en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los cuerpos de cientos de estudiantes quedaron tendidos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco aquel 2 de octubre de ese año, ante la presión internacional por ofrecer una nación, supuestamente, en paz ante la cercanía de la inauguración de los Juegos Olímpicos, verificada 10 días después de la tragedia. Las cárceles se llenaron de presos políticos, sentenciados bajo el delito de “disolución social”, pero hasta la fecha se desconoce el número de muertos y desaparecidos
Con la sospecha a cuestas y las manos manchadas de sangre, a Luis Echeverría Álvarez no le costó trabajo continuar en su sexenio con la cadena de sangrientas agresiones. Uno de los episodios más representativo fue el célebre “Halconazo”, ocurrido el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil fue disuelta a garrotazos y tiros por grupos paramilitares, apostados en la Calzada México-Tacuba. Aunque las autoridades hablaron de unos “cuantos muertos y heridos”, se estima que por lo menos un centenar de jóvenes perdieron la vida en el llamado “Jueves de Corpus”.
La década de 1970 fue conocida como la época de Guerra Sucia en que, mediante la fuerza policial y militar, el Estado se dio a la tarea no únicamente de combatir a los grupos guerrilleros sino reprimir a dirigentes sociales. A la fecha se cuentan por miles los desaparecidos en este periodo de opresión social.
Pero fue con la llegada al poder de los tecnócratas que la represión y la violencia en contra del pueblo de México enfilaron a una ruta de mayores y peligrosas proporciones. Millones de habitantes debieron empezar a prepararse a ser agredidos no sólo con los toletes sino con medidas económicas que mermaron sus salarios y el bienestar de sus familias.
El rumbo y la conducción del país empezaron a ser marcados por dos grupos diametralmente opuestos, pero igual de codiciosos: los organismos internacionales impusieron al neoliberalismo como doctrina económica y los nacientes y poderosos narcotraficantes empezaron a tomar su porción de impunidad y poder sembrando, con la anuencia de la tecnocracia, la semilla de la narcopolítica.
Fue así que la figura del capo violento, sanguinario y millonario apareció en el horizonte de la hasta entonces inalterable “paz social”, para incubar su brutal devastación que hoy tiene sumido en un baño de sangre a todo el país.
Muy pronto la corrupción se apropió de las esferas del poder, haciendo añicos la promesa del tecnócrata, Miguel de la Madrid, de iniciar la “renovación moral de la sociedad”. Funcionarios de alto nivel pactaron una redituable sociedad con los jefes de los cárteles que, como Rafael Caro Quintero, se dieron el lujo de cosechar en ranchos como El Búfalo, ubicado en el municipio de Jiménez, Chihuahua, más de 10 mil toneladas de mariguana.
La confabulación entre los capos y el gobierno llegó a tal grado que el gobierno estadunidense, tras una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, prácticamente obligó a las autoridades mexicanas a realizar un operativo en la propiedad donde se decomisaron en noviembre de 1984 unas 10 mil toneladas del enervante, valuadas en aquellos años en 8 mil millones de dólares. Como parte de las acciones fueron liberados más de 8 mil jornaleros que prácticamente trabajaban en calidad de esclavos. Y aunque existieron pruebas de que el entonces secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui y otros secretarios de Estado estaban coludidos en la protección a la propiedad, nada se hizo por llevarlos a juicio. La impunidad también comenzó a echar raíces a la par del fortalecimiento de los cárteles.
El pasado 15 de mayo, cayó abatido en las calles de Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Ríodoce, apareciendo la sombra del narco tras la autoría intelectual y material del crimen. Y precisamente fue en el sexenio de Miguel de la Madrid en que otro periodista, Manuel Buendía, fue acribillado en la Ciudad de México, el 30 de mayo de 1984, meses antes del decomiso en el rancho El Búfalo. El columnista de Excélsior fue el primero en colocar en la mirilla de la opinión pública los atisbos de la colusión entre políticos y narcotraficantes. Desde entonces, ni el Congreso ni los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigieron al Ejecutivo y a su gabinete castigar a los verdaderos culpables. Por la presión de las autoridades estadounidenses Caro Quintero fue enviado a prisión, pero ningún alto funcionario fue investigado.
Desde el año 2000 en que llegó al poder el panista Vicente Fox, a la fecha, los capos han asesinado a 61 periodistas y amenazado y golpeado a cientos más por todo el país, sin que los ahora evidenciados narcogobiernos hagan algo para castigar a los culpables.
La continuidad del proyecto neoliberal con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, tras las convulsas elecciones de julio de 1988, no sólo consintió que los capos afianzaran sus territorios en diversos estados; además, permitió que otra mafia, la empresarial, iniciara una devastación y despojo de mayores dimensiones al entregarle a la carta y a precios de ganga las empresas públicas como Teléfonos de México devolviendo, de ribete, sus franquicias a los banqueros. En el salinato las vejaciones contra la nación escalaron al nivel de los despojos, al firmarse acuerdos como el TLC que entregaron las llaves de la soberanía a los capitales foráneos para iniciar el saqueo de las riquezas naturales y el desmantelamiento del sector energético. (Continuará)
El negro historial de la represión en México (Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social)
11 junio 2017 | Martín Esparza Flores | Contralínea
Carlos Salinas de Gortari concluyó su sexenio atrapado entre las dudas de los asesinatos perpetrados al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y al secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu; su estrategia estelar para combatir la marginación, el Programa de Solidaridad, no alcanzó a permear en las regiones más apartadas del país y en zonas indígenas de Chiapas, en donde en enero de 1994 emergió como una respuesta a su política neoliberal el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que de inmediato fue brutalmente agredido por las fuerzas castrenses.
A Salinas no le interesó hablar de cara a la nación sobre las causas de la agobiante pobreza de millones de mexicanos, sino reprimir a quienes alzaron la voz para denunciarla.
Bastaron seis años para que Salinas concluyera el desmantelamiento y venta de las empresas públicas a precios irrisorios, iniciada por su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, abriendo el sector energético y entregando la soberanía económica y alimentaria a los capitales foráneos a través de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio). Miles de trabajadores perdieron su estabilidad laboral al ingresar en tropel las maquiladoras y el campo se convirtió en el principal expulsor de mano de obra a Estados Unidos, situación que brindó a los cárteles la oportunidad de reclutar en sus filas a un sinnúmero de hambrientos y desesperados campesinos para convertirlos en sicarios.
En el gobierno de Ernesto Zedillo las afrentas se acrecentaron y la represión apareció con más fuerza en las comunidades indígenas y campesinas bajo el sello de un tecnócrata anodino y carente de toda sensibilidad social.
El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fuerzas policiales de la entidad masacraron a 17 campesinos y dejaron heridos a 21 más. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue destituido del cargo, pero no le fincaron responsabilidades. Algo similar ocurrió en Acteal, Chiapas, municipio en donde el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de San Pedro Chenalhó fueron asesinados a manos de paramilitares por intentar establecer un autogobierno. Por esos hechos renunció al cargo Julio César Ruiz Ferro, entonces mandatario chiapaneco. Misma suerte corrió el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, pero como en Guerrero, la impunidad protegió a los políticos en turno.
Zedillo consintió la privatización de los ferrocarriles nacionales y le cargó a los mexicanos la deuda multimillonaria de los banqueros mediante el llamado Fobaproa, al igual que el rescate carretero; ambos sumaron más de 800 mil millones de pesos. Los adeudos de estos grupos empresariales fueron transformados a deuda pública. Pero no conforme con ello, el entonces presidente alentó las reformas a la Ley del IMSS, para que los ahorros de los trabajadores pasaran a ser manejados por los voraces banqueros a través de las Afores. Un agravio cometido a millones de mexicanos que a la distancia los tiene en riesgo de afrontar una vejez miserable al no contar con los fondos necesarios para su retiro.
El gobierno de la inalcanzada transición democrática de Vicente Fox no marcó diferencia alguna en represiones y atentados neoliberales contra la economía familiar, el nivel de vida de millones de mexicanos y la represión contra los grupos sociales. Menos todavía en su lucha contra el crimen organizado, pues apenas con dos meses en el cargo, enero de 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de alta seguridad de Puente Grande, con la complicidad de los funcionarios nombrados por el panista. Durante su administración comenzaron a dilapidarse los excedentes petroleros, sin que la economía se reactivara ni los programas sociales incidieran en un combate frontal a la marginación.
Como Salinas, Fox terminó su gobierno con dos hechos que han quedado registrados en el negro historial de las infamias cometidas al país. El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse uno de los tiros de la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Las instalaciones eran administradas por Minera México, propiedad de Germán Larrea, uno de los empresarios que financiaron en el 2000 la campaña presidencial del panista.
Lejos de exigir a la compañía las inmediatas labores de rescate, Vicente Fox, mediante su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, encubrió el crimen de industria que, hasta hoy, sigue sin castigo. Sólo dos cuerpos fueron rescatados y los otros 63 permanecen en las entrañas del socavón siniestrado como mudos testigos de la injusticia de los gobiernos panistas hacia los trabajadores.
Dos meses más tarde, el 3 y 4 de mayo de ese año, en San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó una de las peores represiones de que se tenga memoria; Fox cobró a los ejidatarios y miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) la afrenta de no haberle permitido erigir en sus tierras de cultivo lo que había anunciado como su obra sexenal: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Con el apoyo de las autoridades se reprimió brutalmente a los habitantes de Atenco, que apoyaban a vendedores de flores desalojados por la policía en el vecino municipio de Texcoco; al llamado del gobierno local acudieron fuerzas federales a las que no importó golpear y detener lo mismo a hombres que a menores de edad; la brutalidad fue tal que más de 60 mujeres fueron violadas y vejadas y 290 personas detenidas.
Sujetos a proceso como reos de alta peligrosidad, 12 miembros del FPDT fueron enviados al penal del Altiplano; luego de cuatro años de lucha y movilizaciones sociales exigiendo su liberación, la Suprema Corte los declaró inocentes, el 30 de junio de 2010. Su delito consistió en defender su tierra y el derecho a trabajarla.
Con el arribo de otro panista al poder, Felipe Calderón Hinojosa, México se dispuso a sumergirse en un baño de sangre luego de que, para legitimar su gobierno, al espurio mandatario se le ocurriera declarar la “guerra” a los ensoberbecidos cárteles de la droga, también solapados en el sexenio de Fox. Ambos exmandatarios compartieron la comisión de un gigantesco y costoso agravio al país: dilapidaron un billón 200 mil millones de pesos de los excedentes petroleros.
Con Calderón no tardaron en aparecer la impunidad y la represión como muestras de su ineptitud para atender los graves problemas sociales y de justicia en el país. El 5 de junio de 2009, fallecieron 49 niños y 106 más resultaron gravemente heridos tras registrase un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Lejos de hacer justicia, Calderón encubrió a los responsables, entre ellos a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala. Hace unos días se cumplieron ocho años de la tragedia y los padres de familia siguen exigiendo que los culpables estén en la cárcel. Margarita Zavala, con el mayor de los cinismos e impunidades, ahora quiere ser presidenta.
Meses más tarde, el 11 de octubre, Calderón operó un golpe de estado contra los trabajadores del SME, a los que mediante el uso de las fuerzas militar y policial expulsó de sus centros de trabajo, al emitir su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro; de la noche a la mañana el “presidente del empleo” despojó de su trabajo a 44 mil electricistas de manera injustificada. Como lo denunció el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), al entonces mandatario le preocupaba que un sindicato independiente obstruyera sus planes para desmantelar el sistema eléctrico nacional y entregarlo a las trasnacionales, pero su plan no logró desaparecer al SME y su promesa de bajar las tarifas eléctricas y mejorar el servicio nunca se cumplió. Millones de usuarios terminaron repudiándolo por la desmesurada alza en sus recibos de luz.
Al final de su gobierno quedaron regados por el país más de 80 mil cadáveres y aún están en calidad de desaparecidos unas 20 mil personas, sin contar con la cifra incuantificable de desplazados por su fallida guerra contra el narcotráfico. Ahora, con la imposición de las reformas estructurales y la criminalización de la protesta social, la agenda de la represión empieza a saturarse; lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca, es el resultado de la inconformidad de los maestros a la Reforma Educativa y los despojos a miles de comunidades campesinas e indígenas por la implementación de proyectos energéticos, que engendran un clima de incalculable tensión social. Los agravios acumulados a lo largo de los sexenios contra el pueblo de México están llegando al límite y eso deben sopesarlo con sumo cuidado los tecnócratas que insisten en rendir culto a la teoría neoliberal y la narcopolítica.
Martín Esparza
