José Gil Olmos - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante muchos años la corrupción y los
abusos de poder de la clase política mexicana han minado la credibilidad
y confianza ciudadana en todas las representaciones de autoridad y
gobierno. Al mismo tiempo, han creado las condiciones propicias para
permitir la proliferación de los peores gobernantes, y también la
multiplicación del crimen organizado, factores que han roto el tejido
social.
Esta situación genera graves riesgos de inestabilidad social e
ingobernabilidad en un contexto de crisis interna a la que ahora se
añade el factor Donald Trump, que ha cimbrado al débil gobierno de
Enrique Peña Nieto y ha generado incertidumbre y temor entre la sociedad
mexicana.
El distanciamiento entre la llamada clase política y la sociedad civil es más que evidente y se debe, sobre todo, a la corrupción que ha prevalecido entre gobernantes, autoridades e integrantes de todos los partidos políticos. También a los abusos de poder que han cometido con toda impunidad, enriqueciéndose ellos y sus familias, o ligándose a empresarios y a grupos criminales, en este último caso creando una nueva forma de gobierno que es el narco Estado.
Corrupción y abusos de poder es el binomio que provocó la derrota del
PRI en siete de 12 estados en 2015 y que probablemente hará lo mismo en
2018. También es lo que ha ocasionado las últimas manifestaciones en
todo el país a raíz del aumento de la gasolina, que aminoraron
temporalmente por la estrepitosa llegada de Trump a la Casa Blanca
anunciando la construcción de un muro fronterizo, la cancelación del
TLC, la expulsión de millones de indocumentados y la imposición de
aranceles a los productos mexicanos que ingresan al mercado
estadunidense.
Este enojo social acumulado también alcanza a cierta parte de la
prensa y algunos periodistas que igualmente se han vuelto cómplices de
la corrupción y son favorecidos por los abusos del poder al dedicarse a
vender su pluma al mejor postor. Ayer al PAN, cuando arribó al poder
presidencial; hoy al PRI, que regresó a Los Pinos, y mañana a quien gane
la elección de 2018.
La corrupción ha tenido un costo económico gigantesco para el país.
En México las pérdidas económicas por la corrupción equivalen a 10% del
PIB nacional, es decir, 920 mil millones de pesos, según estimaciones
que el año pasado hizo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En tanto, la impunidad en la clase política y gobernante es el motor
que ha propiciado el crecimiento de la violencia en todo el país, pues
al no aplicarse la justicia para gobernantes y autoridades corruptas, se
da una señal a los criminales de que pueden hacer lo que quieran sin
que los alcance la justicia.
Y en vísperas de los comicios de 2018, cuando se elegirá al nuevo
Presidente de la República y se renovará el Congreso, 12 gubernaturas,
388 diputaciones locales y 965 ayuntamientos, la corrupción que no se
acaba y la impunidad que persiste en la clase política son bombas de
tiempo que pueden estallar en movimientos sociales organizados o
espontáneos.
Los conflictos sociales en el país no han disminuido y se extienden a
otros ámbitos. El año pasado, Víctor Toledo, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enumeró 420 conflictos
socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua en
comunidades campesinas e indígenas del país.
Por otro lado, basado en datos oficiales, el reportero de la revista
Proceso, Arturo Rodríguez, reportó 256 conflictos sociales sin resolver,
que van desde guerrillas hasta protestas mineras, guardias comunitarias
a paramilitares, y movilizaciones estudiantiles a desaparición de
activistas.
Esto es lo que hay detrás de lo que el presidente Peña Nieto llamó
“mal humor social”, y que en un contexto de crisis estructural puede
derivar en estallidos sociales.